La subida, argumenta la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), refleja «la falta de competencia efectiva, de transparencia en la fijación de los costes y de voluntad política de amparar los derechos de los consumidores frente a los intereses empresariales».

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, reprocha que las subidas «nunca se traducen en una mejora en la calidad del servicio» y reclama al Gobierno que aborde «de forma inmediata» una revisión completa del sistema por el que se fijan los precios de la electricidad.

Y ello debería hacerse así para que «cada fuente de energía -esgrime la OCU- reciba una remuneración acorde con su coste real», información que debería ser «transparente» para el consumidor.

La OCU, además, destaca la necesidad de elaborar un documento que recoja los derechos y obligaciones de los consumidores y de los suministradores de energía.

La CEACCU recuerda que esta nueva subida representa un incremento global «de casi el 10% anual», a lo que hay que añadir el nuevo IVA que a partir de julio soporta la electricidad.

Ello ha creado, destacan, «inquietud entre los consumidores, que dudan sobre la conveniencia, o no, de pasarse al mercado libre y las posibilidades de ahorro que existen».

Esta organización de consumidores cree que el mercado libre «no ofrece un margen de rebaja, hoy por hoy, interesante», de ahí que el mayor ahorro que se puede lograr fuera de la tarifa regulada o de último recurso (TUR) «oscila entre 10 y 20 euros al año», poco más de un euro al mes «en el mejor de los casos».

Si el consumidor no tiene derecho al bono social, para pensionistas mayores de 60 años, familias numerosas o aquellas en las que todos sus miembros están en paro, entre otros requisitos, «y el mercado libre tampoco ofrece precios interesantes», al consumidor sólo le queda una alternativa de ahorro: «mejorar su eficiencia en el gasto de energía».

La OCU ha calculado que para los millones de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) la nueva subida, que fija en un 6,3%, supondrá unos sesenta euros más al año.

Una subida que «recae exclusivamente -recalca la OCU- sobre el consumo y no sobre el término «fijo» de la factura, lo que facilita al Gobierno -denuncia- una coartada para dar datos globales medios de subida inferiores a los reales».