Los consumidores de gas pagarán 4.731 millones por el cierre del almacén Castor y verán aumentada su factura, según afirma la OCU

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que permite el cierre de las instalaciones de almacenaje de gas del Castor, situado cerca de la costa de Vinarós (Castellón), una norma que establece una compensación de 1.350 millones de euros para la concesionaria de la instalación ESCAL, participada por el grupo ACS .

Este importe será pagado en principio por Enagás transporte, pero OCU advirtió de que «realmente serán los consumidores los que acaben pagando en su factura durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevará el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones de euros».

«Una vez más serán los consumidores los que finalmente tengan que hacer frente a la mala gestión de nuestros gobernantes«, denunció la organización de consumidores, para quien se «socializan» las pérdidas de un proyecto «claramente perjudicial» para el interés público, y que en el caso de haber tenido éxito «habría favorecido fundamentalmente al interés privado».

OCU resaltó que los consumidores españoles ya se encuentran entre los que más pagan por el gas, y seguirán escalando posiciones entre los más caros como consecuencia del encarecimiento en la factura que supondrá esta medida, que se une al déficit de tarifa del sector eléctrico que ya pagan los usuarios. «Pocas opciones quedan para el consumidor», afirmó.

Desde OCU se apostó por que los usuarios puedan ahorrar en su factura del gas y de electricidad y por ello animó a los consumidores a que se incorporen a www.quieropagarmenosluz.org, la segunda compra colectiva de energía que buscará ofrecer a los consumidores la mejor tarifa posible mediante una subasta de energía, entre las que se incluye el gas y la electricidad.

Según el Ministerio de Industria, el coste anual para el sistema gasista a partir de 2017 será 110 millones de euros inferior al coste de operar el complejo.

CiU pide datos sobre cómo repercutirá a los consumidores

Por su parte, la diputada de CiU Lourdes Ciuró registró una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno para saber cómo se va a repercutir a los consumidores de gas el coste de la compensación que se pagará a los promotores del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor, por las inversiones realizadas hasta la fecha.

Para la nacionalista catalana esta decisión, que sigue a la suspensión temporal de la actividad de Castor que se decidió hace un año por los seísmos detectados en la zona, es la constatación de que el proyecto ha sido «un fracaso».

Por eso, preguntará al Ejecutivo «qué opinión le merece» que sean los consumidores y usuarios del sistema gasista los que vayan a tener que asumir «el coste de ese fracaso» durante los próximos 30 años y también pedirá detalles sobre «cómo se articulará el sistema de pago» que conllevará repercutir los 1.350 millones de euros en las facturas, con especial atención a si está previsto tener en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad económica.