Los consumidores, contrarios a que la tarifa eléctrica se les suba más que el IPC

En vísperas de la subida de tarifas que se esperaba que el Gobierno aprobase este viernes en Consejo de Ministros, y que entrará en vigor a partir del próximo lunes, Energía Diario se ha puesto en contacto con los representantes de los intereses de los consumidores para conocer su opinión al respecto.

En general, las asociaciones valoran de forma negativa el aumento de precios, aunque ese punto negativo se centra más en el hecho de que la subida de las tarifas sea superior a la evolución del IPC. Los representantes del consumidor también han mostrado su punto de vista sobre otros factores.

Aumento superior al IPC

La presidenta de FUCI (Federación de Usuarios y Consumidores Independientes), Agustina Laguna, así lo explica, considerando que su valoración negativa «se debe más a la cuantía del incremento, que es del doble del IPC, lo que desequilibra de forma importante el bolsillo del consumidor.» En opinión de Laguna, otro de los problemas más graves es que «queda abierta la posibilidad de revisión trimestral, y así el consumidor difícilmente podrá organizarse, ya que las perspectivas de precios son muy inciertas». En FUCI han calculado el aumento de la tarifa eléctrica para las familias, y han estimado que la diferencia en una factura de 30 euros al mes se traducirá en 1,38 euros más, mientras que si se respetara el IPC, el incremento sería algo superior al medio euro.

También es este el caso de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU. Esta asociación no se considera tan molesta «por la subida de la tarifa en sí, sino porque el aumento va a superar con creces el aumento del IPC: la subida acumulada hasta ahora es de un 5%, cuando el IPC ha subido un 2,5%.» Fuentes de CECU han hecho alusión al bolsillo del consumidor, señalando que las economías familiares siguen en una situación «no demasiado boyante». «La tasa de ahorro sigue bajando y los tipos de interés siguen subiendo, por lo que subir los precios en un sector tan básico, a cuyo consumo no se puede renunciar, es un problema». En opinión de CECU, la electricidad «no es el lugar para efectuar subidas superiores al IPC».

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió que la subida de la tarifa eléctrica se haría «en línea con la evolución del IPC».

La Asociación General de Consumidores, ASGECO, sí mantiene una postura más favorable sobre la subida de las tarifas, como un reflejo del coste real de la energía. Un portavoz de ASGECO ha explicado a Energía Diario que «si queremos un consumo responsable, la mejor forma es pagar el coste real de la energía». Sin embargo, en ASGECO consideran que el aumento de tarifas debe efectuarse «de forma gradual, y no repentinamente. Además destacan la necesidad de llevar a cabo otras políticas de acompañamiento, como mejoras de la red eléctrica y medidas que mejoren la seguridad de suministro y eviten el riesgo de apagones para los consumidores.

Necesidad de inversión en redes

Uno de los puntos de mayor preocupación es la necesidad de que la subida de la tarifa eléctrica garantice que no se van a producir cortes en el suministro. «Seguimos teniendo un servicio con interrupciones y deficiencias», señala Agustina Laguna. «No parece que estas subidas subsanen las deficiencias en el suministro a los clientes. Sólo esperamos que este aumento se refleje en una mejora de las condiciones actuales».

Sobre este punto, CECU sentencia que, «como mal menor, aceptamos que se suban los precios. Pero no es aceptable que en esas circunstancias continúe habiendo amenazas de apagones». Un argumento que ha sido repetido por la práctica totalidad de las asociaciones.

Opacidad en la información

Las asociaciones de consumidores también dan el suspenso sobre la información que reciben los consumidores en lo referente a la composición de la tarifa eléctrica, o al porqué del déficit de tarifa. La Confederación de Consumidores y Usuarios cree que al consumidor «no se le ha explicado bien lo que es el déficit tarifario. No nos parece lógico, o compatible, la buena evolución de las compañías en el mercado y sus beneficios con el déficit existente». «Si ese déficit supone perjuicios reales para las compañías, queremos conocerlos. No negamos que pueda existir el déficit tarifario, pero queremos una explicación».

FUCI también se ha pronunciado sobre la información, o sobre la falta de información, de que dispone el consumidor. «Existe una gran opacidad en la información que nos llega. No nos justifican suficientemente la subida de las tarifas», señala la presidenta de la Federación. «Los ciudadanos se merecen conocer los principales elementos que conforman la necesidad de una subida y la mejora de la calidad del servicio».

Un punto, precisamente, en el que incidía la aprobación con condiciones del borrador de real decreto de tarifas eléctricas por parte de la CNE. En una nota de prensa, la Comisión explicaba que «ha constatado la falta de datos fundamentales que permitan justificar el incremento de tarifas propuesto y el precio de los contratos bilateralizados. El desarrollo de una metodología tarifaria global debe basarse en la determinación de los costes».

Complemento por interrumpibilidad

Energía Diario ha querido conocer además la opinión de los representantes del pequeño consumo en lo referente al complemento por interrumpibilidad que reciben los grandes consumidores de electricidad. Un aspecto que reduce la tarifa de las compañías que más energía consumen a cambio de que estén dispuestas a ceder su consumo en momentos de punta de demanda eléctrica, para evitar apagones. Es lo que se conoce como «servicios de gestión de la demanda», que en 2006 costaron al pequeño consumidor 420 millones de euros, según se establece en la propia CNE.

Este dato es desconocido, o bien se tiene una concepción totalmente distorsionada, por parte de las asociaciones de consumidores. Solamente FUCI tiene cierto conocimiento sobre este asunto. La Federación de Usuarios y Consumidores independientes considera que este «subsidio cruzado», tal como lo expone el consejero Luis Albentosa en su voto particular, se justifica, al entenderlo como una «compensación» para los grandes consumidores por aceptar que se les corte el suministro en puntas de demanda. Pero también en este caso han dado importancia a la garantía de suministro y a un servicio eficaz: «ese mecanismo de compensación es razonable siempre y cuando no sean los consumidores domésticos los que financien las responsabilidades de las empresas, y siempre y cuando ese mecanismo sea efectivo para evitar cortes de suministro, que se siguen produciendo».

Así como el aumento del déficit de tarifa en más de 1.000 millones de euros, supuestamente provocado por la actuación de Iberdrola, según el informe encargado por el Ministerio de Industria a Red Eléctrica, es un «vox populi», que ha llegado a oídos de todos, el complemento por interrumpibilidad resulta un gran desconocido, a pesar de que también incide sobre el déficit de tarifa y sobre el bolsillo de los consumidores. En 2006, esa «compensación» fue de 420 millones de euros, a pesar de que la duración de las interrupciones en el suministro a las grandes compañías fue de «cero horas, cero minutos, cero segundos», como denuncia Albentosa.

Para conocer la propuesta de orden por la que regulan los servicios de gestión de la demanda, pinche AQUÍ.