Llega al Senado el proyecto de Ley del Sector Eléctrico con la oposición en contra durante su tramitación

Después de una polémica semana previa, con la solicitud del grupo socialista al presidente del Congreso para que interviniera en la tramitación de la Ley del Sector Eléctrico con el objeto de conseguir un debate más minucioso, las diferentes intervenciones en torno a este proyecto de Ley estuvieron presididas por el buen tono de los portavoces. Desde un principio anunció el presidente de la Comisión, Pablo Matos, que permitiría «flexibilidad» en el tiempo concedido a los portavoces de los grupos: un turno de 15 minutos. Lo cierto es que la oportunidad fue especialmente aprovechada por los últimos en intervenir: Antonio Erías, portavoz de Energía del PP y su homólogo del PSOE, José Segura, que entre los dos utilizaron más tiempo que el resto de portavoces.

Por parte del grupo mayoritario, Antonio Erías defendió el proyecto de Ley y la reforma energética en su conjunto como «necesaria, conveniente y valiente». El diputado del PP arremetió contra la oposición ya que considera que «elude su responsabilidad» y no asume que las mediadas que tomó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han conducido a «una evidencia»: 26.000 millones de euros de déficit de tarifa acumulado «porque los ingresos no son suficientes para atender a los costes». Por ello, Antonio Erías esgrimió el proyecto como la forma para atajar el «desajuste y la falta de estabilidad» del sector eléctrico y conseguir un precio «competitivo» para empresas y familias.

El portavoz de Energía del PP alabó la labor del Gobierno y señaló que con reformas como la energética buscan «ganar reputación y confianza para España como base de la recuperación económica». Erías dedicó la parte final de su intervención para contestar al resto de portavoces y, además de volver a incidir en la «fragilidad de memoria» del PSOE, reprochó a la Izquierda Plural la utilización como argumentos de «tópicos no testados» así como salió en defensa del mix energético nacional como «modélico, equilibrado y competitivo»; reivindicó ante UPyD que este proyecto «no es una Ley de partido sino la que necesita España». Por último, Erías emplazó a la oposición a negociar enmiendas «transaccionales conjuntas» durante la tramitación en el Senado por lo que mostró «disposición» a mejorar el texto.

Oposición al detalle

Por su parte, el portavoz socialista de Energía ha estructurado su intervención en función de los Títulos que contiene el proyecto de Ley, por lo que José Segura ha realizado una detallada exposición de la posición del grupo socialista ante la reforma energética del Gobierno. Tal y como había manifestado José Segura en su entrevista a Energía Diario, «el Gobierno deja pasar la oportunidad de reducir el aislamiento energético de España» y, como ya expresó el portavoz socialista en la segunda parte, genera «caos» con los cambios retroactivos en las retribuciones por tecnologías. Además, Segura considera un «error» la utilización del nuevo concepto de rentabilidad razonable en detrimento del WACC como referencia para la retribución; «un error que tendrá consecuencias para toda la economía española.

José Segura reivindicó «un modelo específico para las renovables» ya que considera que son tecnologías que «aún no pueden competir por su cuenta» por lo que «no se justifica en modo alguno un régimen general y único». Respecto a la regulación del autoconsumo, Segura considera que se hace «inviable» cualquier proyecto con la introducción de un peaje «injustificado y discriminatorio que impondrá barreras económicas que dificultarán las inversiones». Por ello piensa que «se sacrificará la eficiencia económica en el medio y el largo plazo en aras de la sostenibilidad económica del sistema eléctrico en el corto».

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, expresó su «absoluta disconformidad» con el proyecto de Ley y consideró que el carácter retroactivo de algunas disposiciones constituye un «atropello a la seguridad jurídica» que «impedirá futuras inversiones en España». Por ello, Ortiz considera que la reforma es un «atentado contra el futuro económico y contra el sentido común» así como una «cruzada contra las renovables y la eficiencia» que también perjudica al autoconsumo y trata de perpetuar un modelo «desfasado e insostenible» basado en un mix energético «absolutamente obsoleto, basado en energías sucias e inseguras, en la sobrecapacidad eléctrica, y que busca contentar a quienes siempre han producido la energía, limitando la entrada de nuevos productores e incidiendo en la dependencia energética exterior».

Por ello, Laia Ortiz defendió varias enmiendas destinadas a reclamar una auditoría del déficit de tarifa y de los costes «reales» del sector eléctrico así como las que buscan conseguir un cambio de modelo: «que pase por una reducción de la demanda, una mejora de la eficiencia, mayor implantación de las renovables y un sistema democratizado y descentralizado». La diputada de la Izquierda Plural también abogó por determinar cuáles son los costes de producción y «sacar de la factura los que no lo sean» entre los que citó «la ayuda que supone al sector minero dar prioridad al carbón nacional para su quema o el tratamiento de los residuos nucleares».

«Ley de partido»

Para Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, nos encontramos ante una «nueva ley de partido» que tendrá «poco recorrido» ya que considera que «no soluciona los problemas e introduce gran inestabilidad en el sector». Para Carlos Martínez Gorriarán, se profundiza en «errores anteriores» dentro de un sector que considera «sumido en un desbarajuste de dimensiones colosales y que ha provocado varios problemas económicos importantes como el déficit de tarifa, la pérdida de competitividad y la subida de la factura de la luz». El portavoz adjunto de UPyD lamentó que el texto propuesto «no avance ni en una verdadera liberalización del mercado, ni en la mejora de la competencia» y se mostró crítico con el ministro Soria ya que cree que el reparto propugnado de la lucha contra el déficit entre Estado, consumidores y agentes del sector «no será tal y los perjudicados finales serán los consumidores».

Para Josep Sánchez Llibre, de CiU, el proyecto «obedece más a motivos de política económica que de política eléctrica», ya que su principal objetivo es acabar con el déficit pero «sin fijar una hoja de ruta de la política energética española» lo que estima «conveniente y urgente antes de decidir cómo reducir el déficit tarifario y fijar cuál será el mix energético global», manifestó Sánchez Llibre. No obstante, ha reconocido la voluntad de diálogo del PP y espera que se pueda avanzar en esta línea en el Senado, especialmente en apoyo de la cogeneración por sus beneficios en la competitividad empresarial. Para el diputado catalán, «el nuevo régimen retributivo debería ser únicamente para nuevas instalaciones y considera que la retribución de cualquier actividad regulada debería tener en cuenta el WACC».

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también cree que el sector eléctrico debe contribuir a «mejorar la competitividad de la industria» reiterando además que se debe respetar «de forma escrupulosa» el marco competencial, aspectos «en los que no se cumple tanto como quisiéramos» y expresó su voluntad de corregir el texto propuesta en el tiempo que falta para culminar su tramitación . Finalmente, Pedro Azpiazu reclamó «reducciones» de los impuestos energéticos para algunos subsectores industriales y, respecto al régimen retributivo a las renovables, reivindicó la utilización del WACC como referencia al tiempo que arremetió contra la retroactividad ya que considera que «reclamar rentabilidades del pasado no sería positivo y generaría una inseguridad jurídica que sería mala para el sistema».

Por el Grupo Mixto, Teresa Jordà (ERC) acusó al Gobierno de buscar proteger al oligopolio eléctrico «en detrimento claro» del autoconsumo y las renovables «a las que se las da la puntilla», «cargando» el déficit tarifario a los consumidores por lo que mostró un rechazo «frontal». Para Pedro Quevedo (CC-NC) ésta es una «enorme oportunidad perdida» porque se afronta el déficit tarifario de forma «inadecuada» y se «persiste en el castigo» a las renovables y el autoconsumo, a la vez que se produce una «invasión competencial». Carlos Salvador (UPN) considera que esta reforma debería ser «un tema de Estado» y defendió enmiendas en favor del autoconsumo, del sector fotovoltaico y de las renovables en general mientras lamentaba la falta de acuerdo entre los principales partidos.