Les Corts Valencianes piden por unanimidad el cierre de Castor

Este pacto unánime, firmado por los portavoces del PP, PSPV, Compromís y Esquerra Unida, será remitido próximamente tanto al Congreso de los Diputados como al Senado.

El acuerdo aprobado advierte de que si se pone de nuevo en funcionamiento la planta, cerrada desde hace casi un mes, no hay «ninguna certeza ni seguridad de que no se volviesen a reproducir terremotos ni se pudiese garantizar la seguridad ciudadana».

Asimismo, el pleno del Parlamento valenciano instó al Ejecutivo autonómico a que, en el caso de comprobarse «posibles negligencias» en la tramitación del proyecto, «se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades».

Estas deberán elevarse, según el texto consensuado, «tanto a la empresa concesionaria, Escal UGS (participada en un 66% por ACS), como a las autoridades que participaron en la resolución que autorizó el mismo».

Precisamente, Escal UGS no quiso pronunciarse sobre la aprobación del acuerdo de Les Corts Valencianes para pedir al Gobierno el «cierre definitivo y permanente» del almacén subterráneo y su desmantelamiento por la inseguridad que genera.

«Escal no se pronuncia sobre este tema», aseguraron fuentes de la concesionaria de la planta.

Además, hay que recordar que la Fiscalía de Castellón mantiene abierta una investigación para esclarecer la posible responsabilidad penal de la empresa de la planta en esos seísmos, que incluyó desde la personación de la Guardia Civil en las instalaciones hasta el requerimiento de una copia del documento del proyecto en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Soria confía en que Castor «no le cueste nada» al Estado

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, expresó su confianza en que el almacén de gas Castor «no le cueste nada» al Estado.

El Ministro, en una entrevista en Intereconomía, reiteró que el ejecutivo sigue a la espera de los informes técnicos del Instituto Geológico y Minero para tomar una decisión sobre la continuidad de la explotación. «Sólo cuando los técnicos nos digan si realmente está en condiciones de poder seguir o no (la actividad) entraremos en otro tipo de consideraciones», expuso Soria quien reiteró que «ahora la más importante es la seguridad de todas las personas».

«Todavía no sabemos bien lo que va a ocurrir con el almacenamiento», comentó el titular de la cartera de Industria y Energía quien recordó que la decisión de paralizar la actividad se adoptó por parte del Ejecutivo a raíz de los movimientos registrados a partir del 16 de septiembre que llegaron a alcanzar una magnitud de 3,6.

La actividad de Castor, ubicado a unos veinte kilómetros frente a las costas castellonenses de Vinaròs, se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre por el Ministerio de Industria hasta que se corrobore que la inyección de gas en el almacenamiento está relaciona con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.

El proyecto Castor trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaròs, para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

Desde Escal UGS se defendió en el último mes que toda la construcción y la operación del almacén se hizo de acuerdo con las normativas más exigentes, y se reconoció la posible relación entre la actividad de la planta y los terremotos más leves, aquellos por debajo de los tres grados en la escala de Richter.

Colectivos vecinales de las zonas afectadas por los seísmos, tanto del norte de Castellón como del sur de Tarragona, se manifestaron en las últimas semanas en contra de la actividad de la planta y exigieron que no se vuelva a reabrir.