Las tarifas: empieza la función

La nueva Administración energética empieza a percibir la importancia del problema que ha recibido en materia de déficit tarifario y, su origen, la tarifa eléctrica y su administración intervenida. Por tanto, parece que empieza una nueva función y ese pistoletazo de salida parece que lo han marcado las declaraciones cruzadas del pasado viernes de los titulares actuales del área de energía. Así, la semana pasada acabó con la aparición de disensiones alrededor de este tema, entre Pedro Marín, Secretario General de Energía y el Ministro de Industria, que afirmó que se tendría en cuenta la propuesta de la CNE (que se estima en una subida de alrededor del 20 %).

Por su parte, Miguel Sebastián, refrenó esa franqueza y su consecuente tendencia favorable a la subida de tarifas, señalando que una subida del 20 % sería excesiva y abogando por que la subida que se produjera debe ser razonable. También intervino sobre la cuestión, el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que de forma ortodoxa, sin aplicarse a adjetivos más imprecisos (razonable, justo, excesivo, etc.…) afirmó la semana pasada que había que acercar las tarifas eléctricas a los costes reales.

Hay una noticia buena y otra mala de todo esto. La buena es que parece que no se discute la necesidad de una subida de tarifas, no se polemiza sobre la existencia de un déficit tarifario, se reconoce la existencia de un mecanismo perverso y perjudicial para la economía, que además es difícil de sostener en el tiempo en un entorno europeo y liberalizado. Por lo tanto, parece que se ha acabado la etapa del sexo de los ángeles. Algo que hasta hace poco parecía imposible, porque la apelación a los dudosos argumentos de responsabilidad política parecía acallar cualquier sombra sobre la posibilidad de que las tarifas recojan la realidad, en lugar de vivir a crédito. Partimos, por tanto, de algo que parece un substrato que conforma un elemento común: hay que acabar con el déficit tarifario y con una tarifa artificiosamente baja que hoy recibe el nuevo equipo ministerial como una losa de proporciones descomunales. De hecho, si la tarifa se hubiera ido actualizando de manera ordenada en cada momento, la subida de precios energéticos que tendría que administrar Sebastián (o en su caso la CNE) para este próximo trimestre sería mucho menor, apenas la diferencia porcentual de lo que ha variado los precios en el mercado de generación en el trimestre pasado, sobre éste (el resto de conceptos de la tarifa eléctrica, no tendría variación al tratarse de actividades reguladas). Por tanto, colegimos, es una herencia envenenada que no se ha sabido gestionar políticamente y, sus decisiones están presididas por argumentos políticos, sus consecuencias en términos de confianza e inversión podrían ser devastadoras.

En ello puede haber influido, desde el volumen acumulado de déficit tarifario que da vértigo, la situación económica, la dificultad para conseguir su financiación sin producir importantes desajustes, la cercanía del calendario de liberalización, la sombra de la Comisión Europea sobre los comportamientos de la Administración en el mercado eléctrico.

La noticia mala es el efecto memoria que se puede percibir en toda esta situación informativa, respecto de atisbar una posible desautorización a los procesos de actualización de las tarifas, a los que ya hemos asistido en la legislatura anterior. En su descarga, hay que reconocer que el papel del nuevo equipo es difícil con una situación de este porte. En este sentido, Miguel Sebastián y el Secretario General de Energía han empezado a sufrir los rigores de estar en la parte pública del escenario político, sometidos a seguimiento y escrutinio permanente por los medios informativos, con dos declaraciones contradictorias en un mismo día, a menos de un mes de sus nombramientos. Lo que está claro es que no es lo mismo, estar en la zona oscura de la Oficina Económica de la pasada legislatura que la exposición y la determinación de una atribución gestora de una Administración. De todas formas, una disfunción así es razonable en los primeros momentos de rodaje al frente de una responsabilidad como esta y, sus consecuencias, seguramente las podremos ver en el futuro. Esperemos que no sean la inhibición de los partidarios de las soluciones más díficiles políticamente, pero más necesarias.

Por ello, es razonable que Marín como Miguel Sebastián, verbalizaran esa contrariedad, criticasen lo hecho anteriormente, en materia tarifaria, tildándolo de que no se había hecho lo suficiente. Esperemos que, en esa formulación tan ambigua, no se trate de la tendencia a los atajos y a la perversión del mercado eléctrico, como fue la detracción de derechos de emisión o de otros postulados que se profieren desde las minorías creativas influyentes de origen intervencionista, versión más estatalista, con reminiscencias a esquemas joseantonianos o bolcheviques (vuelta a un esquema semejante de CTC’s, reversión al marco legal estable por costes medios, fijación de rentabilidades a cada tecnología y en ese plan). En todo caso, puede ser que alguna de estas críticas, no sienten bien en la corriente catalanista defensora de la actuación de Nieto y agraviada tras la reforma del gabinete Zapatero, al desaparecer su influjo en Industria o Fomento.

Unido a esta primera escaramuza infomativa y a todo este proceso de necesidad de ajuste tarifario, está el cambio de papeles en la formulación de la tarifa. A partir del próximo trimestre la Comisión Nacional de Energía será la responsable de su elaboración, lo que de facto puede acabar en un deslizamiento del responsable de lo que tenga que pasar. Por eso, lo razonable es abordar de una forma coordinada y consensuada un programa serio que trate el ajuste tarifario, sin atajos, ni procesos que desvirtúen el funcionamiento del mercado, con un modelo creíble, transparente, que refleje los esfuerzos y aportaciones de todos agentes, de forma que no afecte a la inversión y a la confianza necesaria en nuestra economía y nuestro sistema energético.

La tarifa eléctrica vuelve a colarse en la agenda informativa y puede trastocar a la Administración, en el temor atávico y colectivo a la toma de decisiones impopulares postergadas o enmascaradas. Esto solo acaba de empezar. La opera no termina hasta que no canta la gorda.