En la iniciativa se establece que los Presupuestos Generales del Estado de cada año consignarán al fomento de las energías renovables el equivalente a la suma de la estimación de recaudación anual correspondiente al Estado por los tributos energéticos y del 90% de los ingresos estimados para las subastas de derechos de emisión de CO2 a partir de 2013, con un tope de 450 millones de euros, mientras que el 10% restante, con un máximo de 50 millones de euros, se destinará a la política de lucha contra el cambio climático.

Dichas aportaciones se realizarán mediante libramientos mensuales por importe máximo de la cifra de recaudación efectiva correspondiente al Estado por dichos tributos, cánones e ingresos por subastas de derechos de emisión, en el mes inmediatamente anterior.

Los libramientos serán certificados por los órganos del Ministerio de Hacienda, según el texto, que especifica que la aportación correspondiente a diciembre se efectuará cargo de presupuestos del ejercicio siguiente.

Esta enmienda, que cuenta con el apoyo de los portavoces del PP, PSOE, Entesa, Grupo Vasco y Grupo Mixto, modifica la introducida en el Congreso por el PP y que establecía que los nuevos tributos se destinarían a acabar con el déficit de tarifa eléctrica.

Por tanto, la propuesta supone un ligero cambio con respecto al proyecto de fiscalidad eléctrica que, se tramita estos días en el Senado y a la que está prevista la incorporación de una enmienda en la que se indica que los ingresos de las subastas de CO2, con un tope de 500 millones de euros, se destinarán únicamente a la tarifa eléctrica.

En la propuesta a los Presupuestos Generales del Estado, los grupos del Senado también acordaron que las cuentas públicas financiarán el sistema eléctrico en un importe equivalente a la suma de «la estimación de la recaudación anual» de los nuevos impuestos eléctricos más el 90% del ingreso «estimado» de las subastas de CO2, hasta 450 millones de euros.

El Grupo Popular en el Senado había incluido anteriormente en la Ley de PGE de 2013 una enmienda en la que no aludía a estimaciones de ingresos procedentes del impuesto eléctrico, sino que indicaba que las cuentas públicas financiarían la tarifa eléctrica fijando «como límite máximo» la recaudación anual de estos mismos impuestos.

En estas enmiendas, los «populares» garantizaban además que las cuentas públicas no asuman el coste extrapeninsular y seguían sin resolver la cuestión de si los intereses de la deuda tarifaria podrían cargarse sobre los PGE.

El debate sobre la Ley de PGE se produce en paralelo al correspondiente a la Ley de Sostenibilidad Energética. En este caso, el PP presentó enmiendas para elevar del 6% al 7% el impuesto eléctrico, al tiempo que eximió al gas para uso industrial y propuso incrementar las cargas sobre el carbón.