Las renovables se plantan contra el Gobierno y cifran en 3.400 millones anuales los recortes en su retribución

No son todas las asociaciones de energías renovables que hay en España pero, en una rueda de prensa conjunta, dieron voz a todas las tecnologías renovables para elevar su protesta hacia el Gobierno ante lo que consideran una estrategia para acabar con el sector. Son la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Protermosolar y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Cifran en 3.400 millones de euros el recorte que sufrirán cada año en sus ingresos a raíz de que en el año 2011 empezaran a producirse los primeros recortes a la retribución de las instalaciones renovables. Respecto al impacto de la reforma energética puesta en marcha por el Gobierno, estiman que puede suponer un recorte de entre 2.400 o 2.500 millones.

Estas asociaciones consideran que toda la batería legislativa puesta en marcha desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo únicamente ha tenido dos objetivos: uno puramente “recaudatorio”, para incrementar los ingresos del sistema eléctrico, y otro “aniquilar” al sector renovable en favor de una generación eléctrica basada en los combustibles fósiles. Por ello, critican la propuesta de Orden Ministerial de parámetros retributivos, que introduce los estándares de empresas eficientes y bien gestionadas, y el Real Decreto para las energías renovables, que consagra para la retribución de instalaciones renovables el principio de rentabilidad razonable, un concepto inédito en las economías del primer mundo que retribuye la inversión realizada atendiendo cuál ha sido la retribución de la instalación desde su puesta en marcha.

Reclaman rentabilidad razonable para todos

El presidente de APPA, José Miguel Villarig, denunció el trato «discriminatorio e injusto» que da el Gobierno a las energías renovables y reivindicó que el concepto de rentabilidad razonable se extienda a todas las actividades del sector eléctrico; insistió especialmente en la situación privilegiada de Red Eléctrica de España, que en virtud de operador del sistema y del transporte obtiene, a su juicio, «jugosos» beneficios.

También tuvo palabras para las compañías eléctricas; Villarig afirmó que el Gobierno ha cedido con sus medidas ante el «propósito de las eléctricas de volver a un mix energético dominado por los combustibles fósiles» e incidió en que el «verdadero» problema del sistema eléctrico son los ciclos combinados de gas, «consecuencia de una libre iniciativa empresarial que no supo asumir en qué dirección avanzaba España», en referencia al crecimiento en el mix de las renovables.

Respecto a acciones futuras para contrarrestar el impacto de la reforma, Villarig apostó por agotar la vía administrativa, actualmente en plazo hasta el 20 de marzo para presentar alegaciones y a pesar de que hasta ahora sus propuestas «no han sido escuchadas», antes de acudir a la vía judicial. El máximo dirigente de APPA también cuestionó la credibilidad del ministro Soria: «cada vez que habla se corrige a él mismo, estamos en la continúa improvisación y es un caos», apuntó.

España carece de proyecto energético

El director general de UNEF, José Donoso, insistió en «la falta de visión global» que en materia energética ha caído el Gobierno y lamentó que no haya «un proyecto energético nacional que vaya más allá de ser una política recaudatoria contra el déficit de tarifa«. Por ello, Donoso considera que el Gobierno «improvisa sobre la marcha» y no ha hecho más que cargar un déficit «político» sobre las renovables y los consumidores. Argumenta el responsable de la asociación fotovoltaica que el Gobierno no ha asumido los compromisos adquiridos al retirar en la tramitación de la nueva Ley del Sector Eléctrico los 3.600 millones de euros que había comprometido en varias partidas de los Presupuestos Generales del Estado para atajar el déficit de tarifa del año 2013, que asciende de momento a 4.098 millones de euros, a falta de dos liquidaciones.

José Donoso denunció que el Gobierno pretende llevar al sector renovable «a la extinción» al imponer una reforma con retroactividad, «cambiando la realidad por otra inventada, lo que nos deja en una situación de indefensión». En este sentido, Donoso arremetió contra el Gobierno al quebrar la seguridad jurídica, una acción que asegura que tendrá sus consecuencias en el futuro «ya que cuando sea necesario invertir en infraestructuras energéticas, el inversor no confiará e impondrá una prima de riesgo muy superior».

La mayor estafa de España

Enérgicas y contundentes fueron las palabras de Miguel Ángel Martínez-Aroca con un claro destinatario: el Partido Popular. El presidente de Anpier basó sus palabras en pruebas documentales. En un primer momento, sosteniendo un ejemplar del BOE y panfletos publicitarios del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía), denunció que en ninguna línea de toda la campaña puesta en marcha en 2006 por el Gobierno socialista para invertir en energías renovables se hacía mención de que los inversores tenían que soportar un riesgo regulatorio, lo que constituye «la base de la mayor estafa que ha habido en nuestro país».

Posteriormente, haciendo referencia al compromiso con una legislación respetuosa con la seguridad jurídica que realizaba el PP en su programa electoral de 2011, Martínez-Aroca señaló que los productores fotovoltaicos habían comprobado que «no hay seriedad» en el PP después de haber confiado en este partido político; «nos han engañado, nos han humillado, pero no les va a salir gratis», advirtió.

El máximo dirigente de Anpier alegó que detrás de los proyectos renovables «hay familias que depositaron sus ahorros en estas inversiones respondiendo al llamamiento que hacía el Gobierno en el BOE». Ahora, con la reforma energética del Gobierno, se sienten «atrapados y arruinados». Por ello, Miguel Ángel Martínez-Aroca advirtió al Gobierno de que desde su asociación van a comenzar a organizar movilizaciones contra el Ministerio de Industria ya que «es tal la rabia contenida que no vamos a permitir que se nos atropelle así. Vamos a llevar hasta las últimas consecuencias nuestras acciones».

Los números planteados no cuadran

El secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, cifró en un 33% la reducción de ingresos para la tecnología termosolar y aseguró que, con lo recogido en la norma, prácticamente ninguna planta de este tipo llegará a la rentabilidad razonable anunciada por el Gobierno de, aproximadamente, un 7,5%. «Con estos números no hubiera podido construirse ninguna instalación termosolar en España», afirmó Luis Crespo, que también acusó al Gobierno de «matar a la gallina de los huevos de oro» por las posibilidades de riqueza y creación de empleo que podrían ofrecer las energías renovables para España. Por ello, depositó sus esperanzas en que alguno de los arbitrajes internacionales falle en contra de las medidas del Gobierno o que el Tribunal Supremo sea «sensible» a las reivindicaciones termosolares, «porque con estos números sobre la mesa, nada de nada».

Por su parte, el presidente de APPA Biomasa, Manuel García, advirtió de una posible «revolución social» ante la previsible subida de cánones a los ayuntamientos en la recogida de residuos con los parámetros fijados para esta energía a la par que anticipó una «avalancha» de recursos judiciales: primero de los productores que suministran el combustible a las plantas de biomasa y, en consecuencia, de los generadores de energía a través de biomasa con la Administración. Por último, lamentó que el Gobierno no aproveche las posibilidades de la biomasa como motor de generación de empleo rural.

En representación de la energía eólica, el presidente de APPA eólica, Santiago Gómez, calculó que la reforma supondrá un recorte del 50% en la retribución a estas instalaciones. Acudiendo a las cifras, Gómez estimó que en un año de fuerte eolicidad como 2013, los 2.400 millones de euros que han recibido las empresas de este sector se hubieran reducido a 1.200 millones de euros, «un impacto brutal para el sector». En este sentido, Gómez arremetió contra la reforma del Gobierno por tener en cuenta las rentabilidades obtenidas en el pasado ya que no valora haber tenido un desarrollo «modélico» ni el riesgo tecnológico asumido en su día, «que no es el mismo que los de hoy». También mostró su desacuerdo con la metodología planteada ya que apenas se han establecido estándares de instalaciones eólicas: «apenas un modelo por año, sin poner en valor más cuestiones».«A nosotros tampoco no salen las rentabilidades», sentenció el dirigente de APPA, «ni nos cuadran los números».