Las renovables rechazan el nuevo impuesto a la producción eléctrica por «excesivo, innecesario e inútil»

Las asociaciones criticaron además el contenido del proyecto de medidas fiscales para la sostenibilidad energética tras su paso por el Senado y a la espera de su aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados.

La norma supondrá «para todas las empresas eléctricas un nuevo y grave impacto estimado en más de 3.000 millones de euros anuales, y dañará notablemente el dinamismo y capacidad de creación de empleo e inversión de un sector clave en la economía española y en su capacidad de internacionalización», aseguraron las empresas.

En cuanto al aumento del impuesto a la producción eléctrica, que el Senado elevó del 6% al 7%, consideraron la medida «excesiva», al agravar la carga, fiscal y regulatoria, que el proyecto impone a los generadores.

Junto a esto, resulta «innecesaria», ya que la recaudación real derivada de aplicar el 6% es superior a los cálculos realizados por el Gobierno a la hora de hacer una previsión de ingresos y suficiente para cumplir los objetivos cuantitativos fijados.

Además, la calificaron de «inútil», puesto que «el esfuerzo que afrontarán las empresas y los consumidores no está acompañado por el respaldo del Gobierno a una solución global y equilibrada en la que el Estado cumpla su compromiso de asumir la amortización y déficit de años anteriores y los extracostes insulares y extrapeninsulares».

Las asociaciones pidieron al Gobierno que evite además «sacrificios excesivos de las empresas y consumidores» y garantice la resolución del problema del déficit tarifario de modo «equitativo y duradero».

Para ello, reclamaron que no eleve del 6% al 7% el nuevo impuesto, que cumpla con el real decreto ley 6/2009 en lo relativo a la financiación por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los costes extrapeninsulares e insulares y que traslade a las cuentas públicas la amortización y pago de intereses de déficit anteriores.

Además, consideraron que el déficit de tarifa «se ha generado por la acumulación de distintas medidas regulatorias a lo largo de toda una década, por lo que alcanzó un volumen que exige que se resuelva de modo gradual y cooperativo, tal y como se está planteando para otros graves desequilibrios estructurales del país».

El comunicado conjunto aparece firmado por la asociación de renovables APPA, por la fotovoltaica UNEF y por la termosolar Protermosolar, así como por la canaria de renovables ACER, la gallega Acluxega, la aragonesa AEA, la de biogás Aebig, la asturiana AEPA, la de valorización de residuos Aeversu, la de autonconsumo gallega Agaen y la fotovoltaica de cubierta Aifoc.

También suscribieron el comunicado la castellanoleonesa Apecyl, la catalana Apuee, la murciana Aremur, las de biomasa Aserma y Avebiom, la valenciana Avaesen, el clúster renovable donostiarra Donostia Sustapena y la eólica catalana Eolicat, así como la solar Solartys y la hidroeléctrica guipuzcoana Urwatt.