Las renovables dicen que Industria se contradice al explicar los informes encargados a Roland Berger y BCG

APPA recogió unas declaraciones realizadas por Soria el 20 de septiembre de 2013, tras el Consejo de Ministros, en las que dijo que era «muy probable» que Roland Berger y Boston Consulting Group tuviesen finalizados a comienzos de noviembre sus trabajos, con el objeto de que la nueva regulación estuviese en marcha a partir del 1 de enero de 2014.

La asociación consideró que estas declaraciones entran en contradicción con la nota de Industria del pasado viernes, en la que sostenía la regulación se había elaborado «exclusivamente por los servicios del Ministerio», sin que se haya «encargado a ninguna empresa externa la elaboración» de la norma.

«La nota contradice lo manifestado por el ministro Soria al finalizar la rueda de prensa en La Moncloa» a finales de septiembre, por lo que «está claro» que Industria «tenía intención de contar con los informes de las consultoras antes de fijar la retribución a las renovables».

En ningún momento, aseguró APPA, el ministro hizo referencia a que los estudios de las consultoras se realizasen para «contrastar» un trabajo previo del IDAE, que, por otro lado, tampoco se hizo público.

«Si como afirmaba el ministro Soria, la intención de su departamento era fijar la retribución de las renovables conforme a los resultados de los informes de las consultoras, el Ministerio debería explicar qué le ha llevado a no tener en cuenta los mencionados informes«, señaló.

Estos informes, como ahora se ha conocido gracias a una reclamación de la propia APPA ante el Tribunal Supremo, se presentaron después de publicada la norma en un caso y, en el otro caso, no llegaron a finalizarse, añadió.

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) se dirigió formalmente a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para solicitarles que exijan «explicaciones inmediatas y en sede parlamentaria» al ministro de Industria, por el uso de los informes encargados a las consultoras independientes para el diseño de la nueva retribución para las renovables.

La asociación denunció que Soria pretende ahora «devaluar el valor» de dichos informes, «que tenían un coste para las arcas del Estado de 600.000 euros, frente al carácter de extrema importancia que se le otorgó en su momento por el propio ministro y por la propia orden de contratación de estas consultoras».

Así, el sector fotovoltaico anunció que iniciará acciones en todas las comunidades autónomas, que culminarán con una gran movilización frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para exigir las dimisiones del ministro y del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Para Anpier, «la dictadura energética Soria-Nadal ha quebrantado la economía de 62.000 familias españolas que, de buena fe e invitados por el propio Estado, destinaron sus ahorros, con el aval de sus hogares, al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica».

El presidente de Anpier, Miguel Angel Martínez-Aroca, subrayó que el caso de los informes supone «la última falsedad» conocida de la «gran mascarada de la reforma Soria-Nadal, un supuesto procedimiento para establecer las retribuciones de las familias fotovoltaicas sobre la base de estudios especializados y objetivos de consultoras independientes, que se ha convertido en un nuevo atentado contra la solvencia y la seriedad del sector energético y del Estado español, que no pasa desapercibida para los inversores nacionales e internacionales«.

El Ministerio de Industria reconoció que no utilizó los informes de las consultoras independientes para diseñar la nueva metodología de retribución a las energías renovables, aprobada como parte de la reforma energética.

En concreto, el departamento dirigido por José Manuel Soria aportó al alto tribunal un informe de Roland Berger con fecha posterior a la publicación de la norma, así como una nota en la que se da por rescindido el contrato con la otra consultora, Boston Consulting.