Las redes eléctricas inteligentes necesitan una regulación europea para garantizar las inversiones

Así coincidieron en destacarlo en Valladolid el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, y el director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Pedro Fábregas, antes de inaugurar un seminario sobre «Las redes eléctricas inteligentes: cómo cambiarán nuestras vidas«.

Las redes inteligentes posibilitan que por la red eléctrica pueda transmitirse información y datos, y no sólo energía, explicó Villanueva.

De esta nueva tecnología se beneficiarán las energías renovables y el vehículo eléctrico, con un consumo más razonable y mejores condiciones económicas para el usuario de este tipo de coches recargables con baterías, continuó el consejero.

Villanueva abogó por que se regulen cuanto antes estas redes inteligentes, asunto que también apoyó el directivo de Gas Natural Fenosa, al insistir en que Europa diseñe un marco regulador.

El consejero brindó la colaboración de la Junta de Castilla y León para la implantación y el desarrollo de tales redes ante el más de un centenar de expertos que participan en las sesiones de trabajo del seminario.

Las redes inteligentes son el «futuro» para el consumidor, que podrá utilizarlas no sólo para los coches eléctricos sino también en su propio domicilio, una vez que las inversiones que hay que hacer estén respaldadas por el marco regulador de Europa, insistió Fábregas.

Los dos manifestaron que hay experiencias experimentales en todas partes del funcionamiento de las redes eléctricas inteligentes, pero falta aún mucho terreno por recorrer.

El consejero de Castilla y León criticó que en materia energética en España se dejaron muchas cosas por hacer y añadió que el actual Gobierno se ve obligado a «poner en orden» el país pidiendo confianza a los ciudadanos.

En el marco del seminario, Villanueva y Fábregas firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actuaciones que sensibilicen y fomenten la eficiencias energética y el uso racional de la energía en Castilla y León. El acuerdo, de dos años de duración, incluye la realización de diferentes actividades para mejorar la conducta empresarial, institucional y ciudadana para la reducción ambiental del consumo energético.