Las potencias del eje

Como probablemente la mayor parte de la sociedad española, de la política e incluso de los sectores económicos, estamos viviendo una gran partida de mus. Una partida de mus cuya característica esencial son las señales. Una especie de sustitución de la comunicación por la función fática del lenguaje, en el estricto sentido de mantener la presencia abierta, en el canal relativo a la energía hasta que lleguen las elecciones, se conozca su resultado y empiece un nuevo ciclo. Quizá sólo el desarrollo episódico con sus sombras de la operación de sindicación de Pemex y Sacyr Vallermoso y la agónica tramitación del decreto de la energía eólica tienen hoy un relato medianamente construido en el sector. Eso y la espuma puntual de los días.

Pero ciñámonos a las señales, a esos señuelos comunicacionales y políticos que giran en torno al sector energético y que se organizan en torno a las propuestas incorporadas en los programas electorales, que todo el mundo sabe que son vagos y ambiguos, expresiones de intenciones, interpretables como los manuscritos del Mar Muerto, llenos de cláusulas de salvaguarda. La segunda línea incluye aspectos más imaginarios y fantasiosos, organizados a la presumible latencia de la actuación política posterior, más o menos explícita, o más o menos sugerida desde los responsables del partido de la oposición, en la medida que ya se le da como virtual vencedor de las elecciones menos emocionantes de nuestra historia democrática.

El hecho es que los programas electorales en materia de energía, fuera de cuestiones muy relevantes, como la pervivencia de la energía nuclear o el papel de las renovables, incorporan de forma más abierta o más ambigua la cuestión fiscal en el ámbito energético. Algo que será capital en el futuro, en la medida que la necesidad de ingresos fiscales (o no gastos, o mejora del balance fiscal) van a ser un objetivo del Ejecutivo que surja tras el 20 de noviembre). Es algo que no sólo es capital sino que es, debe ser y será el eje de la política económica post electoral.

Los programas tratan la cuestión fiscal de una forma especialmente alambicada y demagógica. Por un lado, el Partido Socialista propone la incorporación de una tasa a la generación mediante energía nuclear (para luego, después de gravarla, proponer cerrarla) y a la hidráulica. Es una vieja aspiración de los colectivos retroprogresivos de la energía, convencidos de que hay que buscar acabar con el mercado y su consecuencia conjunta en términos de eficiencia, mediante la fijación de tasas para equilibrar los supuestos márgenes de cada tecnología y estropearlo todo, en plan Marco Legal Estable. Detrás de esta medida, seguramente, podrán encontrar nombres como los de Jorge Fabra, Cristina Narbona o Javier de Quinto, habituales de los programas energéticos del PSOE. Dichas posiciones son rancias y, como decíamos, fuertemente demagógicas. Porque la verdad, ¿quién se va a negar en la dinámica política a una proposición así, gravar tecnologías y lo «empresarial», algo nefando desde el punto de vista ideológico? En todo caso, la propuesta con ser muy criticable, poco novedosa y heredera del franquismo sociológico de la justicia falangista, no tiene, a priori, mucha trayectoria a la vista del fracaso anunciado de la candidatura de Rubalcaba.

Lo más preocupante, realmente, está en el Partido Popular. Sabedores de que la situación fiscal necesita oxígeno (lo que quiere decir ingresos o no gastos), se plantea de forma extraordinariamente elíptica otra «solución fiscal» para el sector energético, enmascarada para los ciudadanos y la sociedad, en la medida en que hay un compromiso formal en el papel de «no subir los impuestos». Para ello, desde su equipo económico se alberga la posibilidad más o menos explícita de sugerir el «default» del déficit tarifario, como ejercicio sacrificial requerido desde el nuevo ejecutivo al sector eléctrico.

El supuesto límite a este ejercicio, la garantía de la seguridad jurídica es una cuestión menor para los responsables económicos populares de energía postulantes, dado que hoy no es necesario pasar a la menudencia de explicar cómo se van a hacer las cosas. Que la deuda esté reconocida, esté provisionada y afecte a los balances de las empresas y a sus accionistas es algo irrelevante para quienes consideran que la economía, los mercados, las empresas y la sociedad están al servicio de la política. Si hacen la equivalencia, es casi lo mismo que en el párrafo anterior podíamos leer en referencia al programa del PSOE. Por tanto, se trataría de otra forma de abordar fiscalmente en el sector energético la memorable «contabilidad creativa».

Frente a esta posición está, por un lado, la racionalidad económica y, por otro, la necesidad de confianza real en la economía española, más allá de los eslóganes y la entrega de los depósitos ciegos. Esperemos que entre el sentido común, se asiente en las huestes populares y prime la gestión global, frente a los atajos. Pero hay que estar atentos a las potencias del eje.