Las pequeñas distribuidoras de electricidad denuncian su nueva regulación

El presidente de CIDE, Gerardo Cuerva, ha señalado que «la luz que llega a los 500.000 hogares a los que las empresas de CIDE dan servicio depende de las inversiones, y éstas sólo están garantizadas si el marco legal es claro y previsible».

El nuevo marco legal obliga a las empresas a que sus planes de inversiones pasen necesariamente por la aprobación previa de las comunidades autónomas, cuando las competencias de retribución (el pago a las empresas) dependen del Ministerio de Industria, ha informado CIDE en una nota.

Esta situación podría provocar que instalaciones aprobadas por una comunidad autónoma no fueran reconocidas posteriormente a la hora de calcular la retribución del distribuidor.

Esta incertidumbre, junto a la dificultad de financiar estos proyectos, podría llevar a un punto muerto muchas inversiones en la red eléctrica.

Gerardo Cuerva ha destacado que en un sector como la energía, estratégico para la salida de la crisis de miles de pymes españolas, la falta de claridad en la regulación debería ser un riesgo inasumible para todos.

Por ello, el presidente de CIDE ha reclamado que la distribución cuente con los mismos criterios de retribución que el transporte de la electricidad.

Las más de 230 compañías agrupadas en CIDE distribuyen anualmente del orden de 2.700 millones de kWh, suficientes para dar luz a una ciudad de 2-3 millones de habitantes, y están presentes en todas las comunidades autónomas, principalmente en zonas rurales.