Las ONG ecologistas critican la «deriva antimedioambiental» de la nueva Comisión Europea de Juncker

Después de que la Comisión Europea hiciera oficial su plan de trabajo para los próximos cinco años, en el que elimina 80 normativas pendientes, las entidades ecologistas censuraron su postura sobre la economía circular y la calidad del aire. «Esta decisión de renunciar a avances en un empleo eficiente de los recursos naturales y proteger también la calidad del aire que respiramos se contradice con su intención declarada de crear puestos de trabajo, mejorar la economía europea y mantener altos niveles de protección social, ambiental y de la salud», señalaron.

Además, apuntaron que la economía circular, que supone cerrar el ciclo de los materiales con la reintroducción de los recursos contenidos en los residuos en la producción y en el mercado, resulta «fundamental para incrementar la eficiencia en el uso de recursos naturales«. La anterior Comisión Europea esgrimía el dato de un ahorro potencial de 630.000 millones de euros anuales gracias a un mejor uso de los recursos y preveía la creación de 180.000 nuevos puestos de trabajo adicionales. «El abandono de este paquete de medidas no tiene, por lo tanto, ninguna lógica económica», indicaron.

Las ONG subrayaron que el Ejecutivo comunitario proponía entonces una revisión de las directivas de residuos, con porcentajes ambiciosos de reciclaje para 2020 y la prohibición del vertido en 2025, la obligación de la recogida selectiva del origen de los biorresiduos y la reducción del 30% de los residuos alimentarios. En este sentido, las organizaciones calificaron de «totalmente antidemocrático» que la actual Comisión Europea decida «de forma unilateral» acabar con los debates en materia de economía circular cuando 11 Estados miembro habían expresado su apoyo al paquete, entre ellos España.

Por otro lado, las ONG ecologistas vieron «muy grave» la «ambigüedad» de las nuevas medidas para mejorar la calidad del aire de los europeos, «sin descartar que, en realidad, estemos ante una posible suspensión de su aplicación que no se quiere reconocer», cuando dos recientes informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) señalan que la contaminación del aire provoca la muerte prematura de 450.000 ciudadanos cada año y que el coste económico de la contaminación industrial supondría hasta 190.000 millones de euros anuales.

La Unión Europea trabajaba en una nueva directiva de techos de emisiones nacionales con el fin de poner coto a los seis principales contaminantes, para ir reduciendo sus emisiones máximas hasta 2030. «Ante este panorama, las organizaciones ecologistas instan al Gobierno español a tomar las riendas, y aplicar medidas ambiciosas para la protección ambiental y la salud y el bienestar de las personas, en las que se incluya una adecuada gestión de los recursos naturales y residuos, y el respeto al derecho de las poblaciones de respirar aire limpio», concluyeron.