Las fotovoltaicas se ven condenadas al «ostracismo» y a la «deslocalización»

Tras conocer la posición de la Comisión Nacional de Energía (CNE) respecto al Real Decreto de retribución a la producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica, le toca el turno de réplica al sector afectado.

En un comunicado remitido desde la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), que agrupa a 13 grandes empresas del sector, se cree que la propuesta del Ministerio de Industria para esta energía conduce a la deslocalización de las empresas del sector, tras un recorte medio de las primas del 31 por ciento.

La patronal no ha podido por más, demostrar su malestar por el dictamen favorable de la Comisión Nacional de Energía al Real Decreto propuesto por Industria y lamenta que el organismo haya separado los «problemas industriales de los energéticos».

Entre otros aspectos, las propuestas de industria se podrían resumir en establecer un cupo de 300 MW instalados para 2009, así como su distribución en 200 MW para techo y 100 para suelo, además de fijar en 29 céntimos por kilovatio/hora (KWh) la prima que recibirán las plantas en suelo y en 33 céntimos la de edificios. En la actualidad, ambas reciben 45 céntimos por kilovatio/hora.

El Consejo de la CNE se ha mostrado favorable a esta propuesta, aunque recomendó algunos leves cambios. El primero de ellos fue el reorganizar la distribución de potencia instalada. La CNE propone 50 MW para techo y 250 para suelo. El segundo, y quizás más llamativo, recomienda la “apertura” del período de septiembre a diciembre a las instalaciones en marcha, sin la existencia de cupo de cantidad en este período.

Sin duda, para AEF, el apoyo del organismo energético a Industria «condena a las empresas fotovoltaicas españolas al ostracismo». Por este motivo, han pedido al ministerio que elimine los cupos de producción y establezca un sistema de reducción gradual de primas. «El Gobierno tiene en sus manos deslocalizar el sector fotovoltaico o apostar por su futuro», sentenció la patronal.

Asimismo, AEF reiteró que la actual propuesta destruirá 40.000 empleos y reducirá en unos 16.000 millones de euros las inversiones del sector y destacó que la incertidumbre generada ya se ha trasladado a las empresas. Véase el caso del fabricante de componentes solares fotovoltaicos Siliken, que ha anunciado que cancela sus planes de expansión en España para concentrarse en mercados más estables.