«Las energías renovables tienen limitaciones, pero es preciso reconocer también que tanto el apoyo que reciben como su desarrollo son muy recientes»

P.- ¿Qué puntos destacaría de su programa electoral en materia de energía?

R.- En términos genéricos, lo que planteamos para nuestro modelo energético es un modelo de sostenibilidad. Nos basamos en la necesidad de considerar el contexto internacional, centrado ahora en el cambio climático y que se ha convertido en un condicionante fundamental.

El segundo eje es la seguridad de suministro, y el tercero, la competitividad. Pero si hay algo que destacar es nuestra preocupación por el modelo de sostenibilidad. Son los tres objetivos de cualquier política energética. Todas nuestras orientaciones tienen su origen en el consejo europeo de marzo de 2007.

P.- Dependencia energética y mix energético. ¿Cómo prevén abordar el alto grado de dependencia exterior de nuestro país en fuentes de energía primaria? ¿Qué papel tendrá, según su programa, la energía nuclear en el mix energético futuro de generación de nuestro país? ¿Cómo piensan sustituirla, en caso de reducir su participación o promover el cierre de las instalaciones actuales?

R.- La dependencia energética es uno de los temas más importantes. Es necesario diversificar energías, tecnologías, orígenes geográficos de todos los aprovisionamientos… Es esencial la construcción de infraestructuras, tanto de regasificación como de interconexiones.

En el caso de las interconexiones eléctricas, la gestión del problema de la interconexión con Francia ya está en marcha. Por otro lado, desde el punto de vista del gas, creemos que la política está bien encaminada, porque hay una gran diversificación de orígenes, y el número de regasificadoras en marcha contribuye a dar seguridad.

También hay que dar prioridad a la utilización de las energías renovables en el mix energético, tratando de favorecer en todos los casos los recursos autóctonos.

Y respecto a la energía nuclear, mantenemos la postura del Gobierno: la sustitución gradual de esta fuente de generación por energías renovables. Son más seguras, y por qué no decirlo, también pueden ser menos costosas. Tenemos tendencia a creer o afirmar que la energía nuclear es casi gratuita, y en realidad no es así. Si se incorpora el coste de los residuos, es una energía cara. La sustitución que planteamos es siempre bajo el supuesto de que se haga de forma paulatina, manteniendo la garantía de suministro y buscando el consenso.

P.- ¿Cómo se puede suplir la falta de gestionabilidad de las energías renovables?

R.- En principio no se puede renunciar a ni se debe condenar ninguna tecnología. Por ello insistimos en que el cierre de las centrales se efectúe mediante un plan gradual. Es posible que la energía renovable no pueda sustituir a la nuclear totalmente en un plazo de 10 años, pero se trata de ir cumpliendo objetivos y hay que tener en cuenta que la tecnología avanza. No podemos poner una fecha para la sustitución total. Reconocemos que las energías renovables tienen limitaciones, pero es preciso reconocer también que el apoyo que reciben es muy reciente, y su desarrollo lleva muy pocos años.

Por otra parte, el ahorro y la eficiencia energética tiene un papel muy importante. Desde el año 2006 hemos disminuido la intensidad energética. Un grado importante de ahorro y eficiencia energética puede hacer que disminuya de forma considerable este índice.

En cualquier caso, creemos que no se puede mantener una posición estricta ni fundamentalista en ningún caso. Nuestro objetivo es que la energía nuclear vaya desapareciendo en el mix y vaya aumentando la energía renovable, al tiempo que disminuimos nuestra intensidad energética.

P.- Desde distintas instancias se estudia cómo fragmentar la cuota de mercado de las empresas eléctricas actuales que operan en nuestro país, aplicando más subastas y limitaciones a la actuación de las empresas. ¿Cómo valora el grado de liberalización del sector energético español?

R.- Creemos que una total liberalización es muy compleja, y no se puede decir que el mercado eléctrico esté totalmente liberalizado. Sin embargo, se están tomando medidas como las subastas de energía primaria, que valoramos positivamente, aunque creemos que hay mucho camino por avanzar.

El objetivo de alcanzar una máxima competitividad, en línea con los requisitos de la UE, no es un aspecto en el que podamos avanzar en solitario, sino que tenemos que ir de la mano de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta la situación del mercado único europeo.

P.- ¿Cómo valora el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y el grado de competitividad del mismo? ¿Qué medidas proponen en este sentido?

R.- Nuestras propuestas están en línea con las directivas comunitarias a ese respecto. Creemos que no hay mucha diferencia con las posiciones de los demás partidos, ya que la transposición de las directivas se hizo con mayoría PP-PSOE y salvo cuestiones que algunos pequeños partidos podrían dejar en el aire, fue algo que se aceptó por unanimidad. No nos vamos a salir de lo que establece la ley del sector eléctrico.

P.- Hablando de independencia de los reguladores, ¿considera que es necesario abordar con celeridad esta cuestión en el ámbito energético?

R.- Creemos que es algo necesario para todos los reguladores, no sólo en el caso del sector energético. La independencia de los reguladores debe ser con respecto al sector que regulan. A menudo se entiende que la independencia es sinónimo de desconexión total con el Gobierno o el Parlamento. Nosotros creemos que los nombramientos tienen que efectuarse por esta vía, propuestos por el Gobierno y aprobados por el Parlamento. Tiene que haber unas fórmulas para que su independencia orgánica sea mayor; todos los órganos deben contar con un número de miembros que permitan que sean independientes. El proceso de designación tiene que tener su origen en el Gobierno, pero pasar por el Congreso de los Diputados. También hay fórmulas sobre la duración de los cargos; creemos que habría que buscar la fórmula que permita la mayor independencia del Gobierno en el sentido de que no haya coincidencia con las legislaturas, así como que pueda haber una cierta limitación de mandatos.

La única independencia que tiene que haber respecto al Gobierno, o a la Administración General del Estado, es que tenga suficientes medios, capacidad de inspección, funciones que no hagan que el organismo tenga que estar a expensas del Gobierno. Creemos que existe un alto grado de independencia funcional en los reguladores, y que tienen medios económicos y personal suficiente para garantizar su independencia desde este punto de vista.

Además creemos que la transparencia total es indispensable, así como el control parlamentario para mantener esa transparencia.

P.- ¿Han planteado medidas concretas para aumentar la independencia del regulador energético, de la Comisión Nacional de Energía?

R.- Hemos planteado una serie de medidas genéricas, pero no específicamente para la Comisión Nacional de Energía. Entre esas medidas, evitar la coincidencia con la legislatura o mantener que los mandatos sean de seis años pero que se renueven por un tercio en cada ocasión.

Quizás sería necesario unificar u homologar una serie de criterios para todos los reguladores. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene 5 miembros, la Comisión Nacional de Energía, 9, y así sucesivamente. Unas medidas para unificar la composición de los reguladores podrían tener sentido. Aunque los ejes fundamentales son la transparencia y el control parlamentario.

P.- ¿Cuál es la propuesta de su formación en materia de energías renovables? ¿Qué se plantea en materia de reducción de emisiones de carbono? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean?

R.- Nuestra propuesta consiste en aplicar una estrategia de cambio climático y energía limpia. En lugar de actuar sólo mediante planes, nosotros proponemos aprobar una ley de eficiencia energética y energía renovable para que haya una cierta seguridad, y se garantice una rentabilidad a las energías renovables.

También promoveremos la investigación de captura y almacenamiento de CO2. Hay una propuesta para que España pueda ser sede de las grandes plantas que están previstas en la Unión Europea.

Por otra parte, proponemos una medida que incentive en la contratación pública a aquellas empresas que reduzcan las emisiones de CO2, así como la incorporación de criterios de mejora en términos medioambientales; promover la utilización de biocarburantes, o la plantación de 45 millones de árboles.

Nuestro partido contempla además medidas para reducir las emisiones en el transporte, que suponen una tercera parte de todas las emisiones de los gases de efecto invernadero. En este sentido, proponemos la aprobación de una ley de movilidad sostenible, con exigencias para distintos tipos de transporte.

En el sector de la construcción, nuestro programa contempla las denominadas “ciudades sostenibles”, con medidas como el apoyo a la rehabilitación de edificios para adaptarlos al código técnico de la edificación. En el programa hablamos de dos medidas, la subvención directa de 1.000 millones para la rehabilitación de viviendas, y la creación de una línea de crédito especial a través del ICO, de 8.000 millones de euros (2.000 al año). También existen planes de renovación urbana que potenciarán los ayuntamientos.

P.- ¿Cómo actuarán en materia de la detracción de los costes de los derechos de emisión de la tarifa eléctrica?

R.- La ampliación de la detracción de los costes de derechos de emisión se planteó mediante un Real Decreto aprobado en el último pleno. Lo que se había pedido es que se tramitara como proyecto de Ley, pero eso no tenía sentido. El compromiso que adquirimos fue presentar una Ley para que se pueda debatir y llegar a un acuerdo. El efecto sería similar a si tramitásemos el Real Decreto como proyecto de Ley, pero como eso no es viable, se presentará una ley que lo regule para poder alcanzar un consenso no sólo con los sectores implicados en el tema, sino también con los grupos parlamentarios. Pero en ese momento había que salir del impasse y la única opción era el Real Decreto. Pero existe el compromiso de llevarlo a Ley para tratar de consensuarlo.

P.- Intervención pública en el sector empresarial español. El grado de liberalización del sector energético español es mucho más alto que en otros países. Del mismo modo, el sector público de otros países participa empresas como Enel o EDF y con un proteccionismo regulatorio mayor, lo que debilita la posición de nuestras empresas. En este contexto, ¿cómo ven una posible toma de control de Iberdrola por parte de EdF y, en su caso, ACS?

R.- Es una operación que todavía está en el aire. En el Partido Socialista de Euskadi hemos hemitido ya un comunicado en el que manifestamos nuestro rechazo a que se rompa Iberdrola y sea repartida. Creemos que, después de haber liberalizado y privatizado el sector energético, no tiene ningún sentido que sea una empresa pública francesa la que gobierne nuestro sector energético. Además, aquí no existe el derecho de reciprocidad, y haremos todo lo posible para que eso no pueda ser así.

En las decisiones de las empresas privadas, el Gobierno no tiene nada que decir ni que hacer. Mientras las decisiones sean de empresas privadas y se toman de manera libre, así tendrá que ser. Pero nosotros no estamos a favor de la atomización de Iberdrola ni de que sea EDF la que controle el sector energético español.

P.- ¿Se debería reclamar en la próxima legislatura a la Unión Europea, con mayor firmeza, una mayor simetría en los procesos de privatización y liberalización del sector energético?

R.- En este sentido, puedo manifestar mi opinión personal al respecto, pero no necesariamente refleja la postura del partido. Creo que sí, que es algo por lo que hay que luchar en la Unión Europea. No me cabe ninguna duda.