Las empresas mineras podrán cobrar las ayudas al carbón para este año por anticipado

El Gobierno decidió modificar la orden que establece las ayudas al carbón y añadir esta opción ante los problemas de liquidez del sector minero y la dificultad de encontrar financiación privada para poder afrontar costes y mantener la actividad y el empleo, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Industria explicó que la interrupción de las compras de carbón de las compañías eléctricas desde junio de 2009 ha privado de los ingresos a los productores y de la liquidez suficiente para afrontar los gastos y los servicios mínimos de mantenimiento.

Para Industria, esta situación, prolongada durante los primeros meses de 2011, empeorará por la necesidad de pagar deudas y financiar circulante en los primeros meses en los que entre en vigor el mecanismo de restricciones por garantía de suministro, que obliga a las eléctricas a comprar y quemar ciertas cantidades de carbón nacional.

Ante esto, y la dificultad para encontrar financiación privada, el Gobierno decidió establecer la posibilidad de un pago parcial anticipado «exclusivamente para 2011» para paliar en parte la situación deficitaria y que las empresas privadas puedan soportar, al menos, los costes imprescindibles para desarrollar la actividad y mantener el empleo. Este pago anticipado podrá cubrir el 80 % del importe de la subvención prevista hasta septiembre.

La normativa que fija las ayudas al carbón autóctono ha estado meses bloqueadas por los recursos presentados por las compañías eléctricas y la Xunta de Galicia en los tribunales españoles y europeos.

Tras el levantamiento en febrero de la suspensión de estas ayudas en el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, Industria puso en marcha los mecanismos para que se empezará a aplicar el Real Decreto que prima el consumo de carbón nacional en las centrales eléctricas y que aprobó en octubre de 2010. Para ello, ya se ha fijado el volumen máximo de producción de las centrales afectadas por la norma y la retribución de la energía producida.

CyL impugnará el reglamento de ayudas al carbón junto a Carbunión y otras CC.AA.

El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, manifestó que la Administración autonómica impugnará en la Unión Europea, ante el Tribunal de Luxemburgo, el reglamento de ayudas al carbón, para lo que consensuará un recurso con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón y con la patronal Carbunión.

El objetivo fundamental de la impugnación se centra en que las empresas mineras no tengan que devolver las ayudas recibidas en 2018, ya que el actual reglamento establece que en dicho horizonte las compañías que puedan ser competitivas, podrán continuar con su actividad siempre y cuando devuelvan todas las subvenciones recibidas, algo que a su juicio «contraviene» a la política europea de las ayudas para mejorar la competitividad en otros sectores.

«Nos parece que la minería es imprescindible en este país, la seguridad de la reserva es uno de los principios que no debemos abandonar», recalcó y consideró que en 2018 habrá empresas que sean «perfectamente competitivas», un contexto en el que «no tiene ningún sentido» que tengan que devolver las ayudas recibidas. Por este motivo, lo que se pretende garantizar es la continuidad de las empresas que en ese momento puedan ser rentables y no necesitar ayudas públicas.

Para el consejero de Economía y Empleo, hay «base jurídica suficiente» para poder construir un recurso al reglamento de ayudas al carbón ante los tribunales europeos, motivo por el cual se trabaja en ese sentido.

Además, según indicó Graciano Torre, consejero de Industria del Gobierno asturiano, esta medida es la «espada de Damocles» que pesa sobre las compañías dado que limita las posibilidades de las empresas del sector de alcanzar un horizonte de rentabilidad en el periodo restante hasta 2018.

Torre advirtió de que en el sector del carbón el término «competitivo» es «muy relativo» dada la evolución de los precios de las fuentes de energía.

Así, incidió en que actualmente el precio de referencia internacional se sitúa en 100 euros por tonelada frente a los 116 euros del nacional y la previsión a corto plazo es que el precio del primero siga alza por la subida de precios de petróleo derivada de la inestabilidad en los países productores.

«Es plausible que en las próximas semanas el precio del carbón autóctono sea inferior al del internacional», advirtió el consejero, que consideró además que el plazo impuesto por la Unión Europea para el cierre «lastra» las inversiones acometidas en las empresas mineras para buscar una mayor rentabilidad.

En este sentido, apuntó que las empresas mineras españolas requieren de «enormes inversiones» para garantizar tanto el acceso a nuevas explotaciones como la mejora de su rentabilidad cuyos «retornos» no se producen antes de un periodo de veinte o treinta años con lo que «ningún» empresario podría afrontarlas con un horizonte temporal de cierre de siete años.

A su juicio, dada la incidencia del sector minero en los territorios donde tiene actividad «no es razonable» que desde la Unión Europea se pongan «trabas» a la continuidad de empresas que en 2018 no necesiten ayudas de Estado dado que se trata de una actividad en la que no hay mercado intracomunitario y no afecta por tanto a la competencia.

Torre, que advirtió de que la actual situación geoestratégica en el Norte de África y el Golfo Pérsico no debería ponerse en riesgo la garantía de suministro de la única fuente de energía autóctona de España, rechazó además que se puedan aplicar criterios medioambientales a la decisión de cerrar las minas.