Pedro Rivero apuntó que, muchas veces, los gobiernos tienen «la culpa» de que algo sea o no aceptado por la sociedad, en referencia al rechazo social en torno a las centrales nucleares, que, subrayó, son necesarias para permitir el desarrollo de las energías renovables.

Durante su intervención en el foro internacional sobre ingeniería y energías renovables Fingerplus, Rivero recordó que, hace dos años, visto que el Ejecutivo «no acababa de poner encima de la mesa objetivos a los que todos se debían sumar», Unesa elaboró un informe sobre el mix energético más adecuado para España para 2030.

Unesa maneja distintos escenarios para el ‘mix’, en uno de los cuales se asignan 6.500 megavatios (MW) más en 2035 a la nuclear, frente a los cerca de 7.000 MW actuales. Esta nueva potencia obligaría a construir más de seis nuevas centrales.

No obstante, la propia patronal entiende que este escenario «nuclearizado» resulta difícil de aplicar y considera que la posibilidad más fiable y económica pasa, según el estudio, por la instalación de 2.600 megavatios nuevos de centrales nucleares (el equivalente a dos o tres plantas) y de 3.900 megavatios de centrales de carbón con captura y almacenamiento de CO2, junto a los megavatios de renovables «comprometidos» para cumplir con los objetivos de la Unión Europea.

Apuntó que, debido a la caída de la demanda de electricidad por la crisis, habrá que «amoldar y ralentizar» estas previsiones de instalación de capacidad entre tres y cinco años, hasta 2035.

En este sentido, recordó que hay que ajustarse a la actual evolución de la demanda que, sobre todo, afecta al uso de las centrales de ciclo combinado, cuya rentabilidad pasa por que funcionen entre 5.000 y 6.000 horas al año, en tanto que, si se mantiene la actual planificación y no crece el consumo, habrá algunas centrales que operarán sólo entre 400 y 2.500 horas. «La caída de la demanda es en realidad del 9%, porque hemos pasado de crecer a ritmos del 5% a una bajada del 4%», añadió.

Además de poner encima de la mesa «algo con ausencia de alergias a determinados tipos de tecnologías», en clara alusión a la energía nuclear, el Gobierno no debería perder el tren de la I+D, así como comprometer la eficiencia y el ahorro energético «en planes concretos y muchos más duros que los hechos hasta ahora», según la fuente.

En cuanto a la inversión que requieren las infraestructuras energéticas, Rivero señaló que, cuando se trata de negocios rentables, lo importante «no es el dinero, porque hay dinero de sobra».

Añadió que esa rentabilidad se alcanza con precios adecuados de mercado, una regulación estable, objetivos estratégicos bien definidos y «unas apuestas que merezcan la pena».

Sin estos factores, se repetirá el fenómeno del déficit de tarifa, que este año alcanzará 20.000 millones de euros, cantidad con la que las «energías clásicas» financian partidas como las primas a las renovables, el sobrecoste del suministro a las islas o los impuestos.

Rivero recordó que, si no se introducen modificaciones, esos 20.000 millones lo financiarán «en exclusiva» las cinco eléctricas de Unesa en los próximos catorce años, a lo que añadió que Unesa ha propuesto que parte corra a cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido, subrayó que no es justo que los usuarios que consumen hoy paguen los consumos efectuados por consumidores que han desaparecido, como pequeñas y medianas empresas.

Junto a esto, pidió «certidumbre regulatoria» para abordar los retos de la próxima década y se decantó por recortar el número de usuarios que puedan acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad mediante la reducción del tope por debajo del cual se puede disfrutar de este precio regulado, fijado en la actualidad en 10 kilovatios (kW).