Las eléctricas recurren ante la UE la decisión de la Comisión Europea al decreto del carbón

Estos recursos se suman a los presentados el pasado 7 de octubre por las tres compañías ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la norma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de octubre.

De esta forma, las grandes eléctricas completan su estrategia legal de oposición al Real Decreto del Carbón, que implica recurrir ante el Supremo contra la propia norma y ante el Tribunal de la Unión Europea contra la decisión comunitaria que la hizo posible.

Las grandes eléctricas consideran que la decisión de Bruselas de autorizar el Real Decreto del Carbón, adoptada el pasado 29 de septiembre, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión Europea como las que regulan la libre circulación de mercancías y el mercado interior de la electricidad.

Además, creen que la Comisión Europea no ha seguido el procedimiento adecuado para conceder la autorización y no ha recabado las opiniones de todas las partes implicadas.

Las eléctricas solicitan al Tribunal de Luxemburgo la adopción de medidas cautelares, en concreto que la decisión de la Comisión Europea quede en suspenso hasta que se resuelva el recurso.

También piden que el caso se analice mediante un procedimiento acelerado, que obligaría al tribunal a pronunciarse en un plazo de entre seis y nueve meses.

Según fuentes de Iberdrola, la Comisión Europea ha aceptado que el Decreto del Carbón responde a la necesidad de garantizar el suministro energético en España cuando «ni existen ni es previsible que existan a medio plazo» problemas de abastecimiento.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán entiende también que el Ejecutivo comunitario ha autorizado una ayuda de Estado «contraria a los límites materiales y temporales» fijados en el Reglamento que regula las ayudas al sector del carbón.

En cuanto al procedimiento seguido, fuentes de Iberdrola señalan que la Comisión Europea no ha incoado el procedimiento de investigación formal previsto en la legislación comunitaria «a pesar de existir serias dudas sobre la compatibilidad de la ayuda notificada con el mercado interior».

Además, aseguran que la Comisión Europea «ha violado el principio de buena administración» porque no ha recabado «todas las opiniones necesarias para estar plenamente informada» antes de tomar una decisión.

Las grandes eléctricas creen que el Real Decreto del Carbón perjudica a las centrales eléctricas que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas natural), que serían expulsadas del mercado en caso de aplicarse la norma.

La Xunta de Galicia también ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Luxemburgo.

El PSOE pide un colchón mientras se evalúa el impacto del decreto del carbón

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, avanzó que propondrán al Ministerio de Industria la creación de un fondo de compensación durante los próximos seis meses, en los que se evaluará el impacto del decreto del carbón en las térmicas de Meirama y As Pontes.

Vázquez defendió la necesidad de generar «un colchón» al que podrían recurrir las empresas si efectivamente se prueban los efectos nocivos del decreto sobre la producción de las térmicas gallegas y que Industria niega, precisó.

Abundó en que si la nueva normativa supone «un impacto sustantivo» en la actividad de las térmicas gallegas, el Ejecutivo central tendrá que «poner sí o sí medidas compensatorias» sobre la mesa, pero en caso contrario las empresas «tendrán que «aguantar y tirar».

Vázquez garantizó que las centrales de Meirama y As Pontes «no van a cerrar», y aunque dijo comprender la estrategia de «presionar» a Industria adelantó que el PSdeG presionará también «para que las ayudas no vayan a la cuenta de beneficios de las empresas, sino a los sectores productivos que rodean a las mismas».

«No olvidemos que las térmicas de las dos empresas han sacado de ahí más de 20.000 millones de euros y nunca llamaron a nadie para repartirlos. Ahora es el momento de que todos hagamos un esfuerzo», aseveró.

El líder de los socialistas gallegos consideró que las empresas «no pueden usar el decreto para enmascarar su situación», pues recordó que la central de Meirama estaba antes de la aprobación del decreto del carbón «en un 11 por ciento» de su producción, y la de As Pontes, en «aproximadamente un 40 por ciento».