Las eléctricas levantan el dedo

Recientemente, la patronal eléctrica, UNESA, ha expresado públicamente su disconformidad con la posición del Ministerio de Industria de elevar como propuesta, la congelación de las tarifas eléctricas en su revisión del mes de octubre. Casi a la vez, conocíamos que UNESA había remitido al Secretario General de Energía, Ignasi Nieto su posición contraria a la definición de Red Eléctrica de España como transportista monopolista único, novedad introducida en la fase final de la tramitación parlamentaria de la reforma del sector eléctrico, con motivo de la transposición de las Directivas comunitarias (aunque éste se trata de un precepto no incluido en las mismas, sino decidido unilateralmente por Industria).

La pinza

La primera lectura que podemos obtener de estos dos hechos es el paso adelante de la patronal eléctrica hacia una posición sectorial más activa y militante, frente a un comportamiento de la Administración Pública cada vez más intervencionista, en la pinza que forman Ministerio de Industria y Red Eléctrica, que tiene una más que reconocida capacidad de influencia en los ámbitos regulatorios. En definitiva, pone el dedo en la llaga de la sangría regulatoria del sector eléctrico abierta a través de REE. La segunda lectura es que la movilización de la patronal, en un sector con una conformación empresarial cada vez más heterogénea, evidencia la unanimidad en una cuestión de una magnitud y un alcance como éste y, finalmente, la erosión, en este caso, de la capacidad de ‘lavar los trapos sucios en privado’ que se hubiera deseado desde otras instancias.

En el centro de todas estas cuestiones, el papel y comportamiento de Red Eléctrica de España, con Luis Atienza a la cabeza (aunque ahora en una fase oscura y altamente discreta a la luz del incidente de Barcelona), en virtud de su capacidad de influencia. Atrincherada frente al sector y pertrechada por el Ministerio, la ‘independencia’ del operador de sistema y operador de transporte, cada vez se cuestiona más: desde la elaboración del informe contra Iberdrola para cuantificar su responsabilidad sobre el déficit tarifario del 2006 a raíz de la regulación de las operaciones bilateralizadas, las actuaciones sumarísimas para el abandono de los tramos de 220 kV en construcción por las distribuidoras una vez que se promulga la reforma de la ley del sector eléctrico, los problemas en las grandes ciudades y, hasta la propia forma de condicionar el acceso a la red y el crecimiento de la misma (y si no que se lo digan a los operadores de parques eólicos) acentúan el envenenamiento de esta situación.

En la parte trasera, el fuerte componente político que mantiene Red Eléctrica en su configuración, con perfiles fuertemente vinculados a las estructuras de partido (véase Luis Atienza, el propio Alberto Carbajo o Javier de Quinto, los tres miembros del PSOE destacados con una fuerte militancia). El acceso que se les reconoce para que desde Energía gestionen sus peticiones y sean incorporadas regulatoriamente en los proyectos normativos (el caso más reciente es la reforma del sector eléctrico, para adquirir la condición de transportista y monopolista único) y su condición de proveedores preferentes de asistencia técnica de la Administración (lo que une mucho). Finalmente, las propias conexiones de Luis Atienza con Moncloa (le atribuyen una excelente relación con Zapatero), promueven que en el sector se le trate como Ministro escondido de Energía, con todas las ventajas y sin los inconvenientes políticos que debe soportar Joan Clos por ser el titular público de la cartera.

Lo que es evidente es que las reclamaciones de UNESA han puesto el tema sobre la mesa, tanto en sus vertientes explícitas como en las implícitas que tiene esta cuestión. Atentos a los acontecimientos.