Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON y EDP, las eléctricas representadas por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) expresaron su «total desacuerdo» con las medidas planteadas por el Gobierno, que les obligan a una «drástica reducción de empleo y a replantearse sus inversiones en España».

La patronal calculó que sobre las empresas de Unesa recaen 1.000 millones de euros del «esfuerzo adicional» de unos 2.700 millones de euros que las medidas anunciadas suponen para el sector eléctrico en su conjunto, es decir, casi el 65% del total.

La patronal de las grandes eléctricas señaló que el mayor esfuerzo vuelve a recaer en el sector eléctrico tradicional, que asume un recorte total de 4.500 millones de euros en 2013. Las medidas, subrayaron, «vuelven a perjudicar de manera injusta y desproporcionada a las empresas de Unesa».

La patronal también criticó la «insuficiente» aportación de los Presupuestos Generales del Estado a la resolución del déficit de tarifa, frente al «sacrificio que se exige a las eléctricas», puesto que «ni siquiera se hace cargo de las partidas que estaría obligada a afrontar por ley», por lo que rechazaron las medidas y el reparto de esfuerzos asignado.

El conjunto de medidas para gestionar el déficit de tarifa aprobado hasta ahora por los diferentes gobiernos, añadió Unesa, supone un recorte de ingresos para el sector eléctrico en el entorno de los 5.700 millones de euros en el presente ejercicio. De esta suma, 3.600 millones de euros corresponden a sus actividades tradicionales: generación en régimen ordinario, generación en sistemas insulares y extrapeninsulares, transporte y distribución.

La patronal criticó que ningún gobierno estuvo dispuesto a admitir que la parte más importante de los sobrecostes del sector, que están asumiendo las compañías de Unesa, «procede de decisiones de políticas energéticas y sociales totalmente ajenas al coste del suministro eléctrico».

«El coste de estas decisiones políticas supone prácticamente la totalidad del déficit de tarifa», añadió.

Las medidas, concluyeron, agravan aún más la situación económico-financiera de estas eléctricas, al seguir mermando las retribuciones de todas sus actividades y al obligarlas a seguir financiando déficits relevantes durante 2013.

En este sentido, entre las medidas adoptadas, se ve afectada de manera «severa» la actividad de distribución. Por tanto, «el modelo que se plantea es inasumible».

La patronal entendió que, por un lado se mantiene la obligación de garantizar el suministro mediante nuevas inversiones pero, por otro lado, las mismas se retribuyen con una tasa del 6,5% antes de impuestos, un porcentaje que es «insuficiente» para cubrir los costes de capital invertido y que pone en riesgo la capacidad de financiación de los negocios de distribución.

Junto a esto señalaron que la reducción de los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado «hace posiblemente inviable su continuidad».

UNEF cree que la reforma puede llevar a la «quiebra» de «buena parte» del sector

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que agrupa a empresas del sector de la energía solar fotovoltaica en España, afirmó que las medidas aprobadas en materia energética pueden llevar «directamente a la quiebra» de «buena parte» del sector, puesto que acumula recortes anteriores que llegan hasta el 40% de los ingresos que se esperaban recibir al acometer las inversiones.

UNEF aseguró que las medidas tienen «carácter retroactivo» y ,»una vez más», vulneran la seguridad jurídica del país. Además, para la asociación, no se trata de una «auténtica» reforma del sector, sino de una «nueva acumulación de recortes».

En cuanto al nuevo sistema retributivo, «someramente» anunciado, que «debería arrojar» un nivel de rentabilidad de los activos del 7,5%, UNEF señaló que desconoce qué costes de inversión consideró Industria para efectuar los cálculos de esa rentabilidad.

Por lo tanto, la asociación señaló que no puede estimar el impacto que el cambio supondrá para la liquidez de las instalaciones solares, muchas de las cuales están en situación de «insolvencia».

No obstante, puntualizó que, atendiendo a la crítica situación de sector, será muy difícil que este nuevo recorte no tenga un «fuerte impacto» sobre las entidades financiadoras de los 4.600 MW fotovoltaicos conectados, cuya «inmensa» mayoría está pendiente de amortizar

Por oro lado, la UNEF rechazó «tajantemente» las formas utilizadas por el Ministerio de Industria durante el proceso de elaboración de las medidas y afirmó que durante el mismo la ausencia de diálogo fue total. «Se ha ninguneado a las asociaciones sectoriales, legítimas interlocutoras ante la Administración, en favor de unas pocas empresas», señaló.

La UNEF calificó como «inaudito» que medidas de tantísimo calado se hayan abordado desde el más «absoluto» de los secretos, sin «consenso alguno», y manteniendo durante meses un nivel de incertidumbre que ha profundizado aún más la severa crisis del sector fotovoltaico español.

APPA dice que la reforma es «improvisada» y «falta de rigor»

Asimismo, el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA, José Miguel Villarig, aseguró que la reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros es «improvisada» y «falta de rigor», al tiempo que dijo que se sienten «engañados» por el Gobierno porque no se respetaron ninguna de las condiciones que se establecieron cuando lanzaron sus proyectos.

Villarig destacó que la reforma pivota sobre la forma de resolver el déficit de tarifa, pero considera que antes de la redacción del texto no se han analizado sus causas «en profundidad». «Sin un buen diagnóstico, las recetas no van a ser buenas y puede que el daño sea superior al que se pretende evitar», sentenció.

Desde su punto de vista, se está sometiendo al sector a una «gran improvisación» y subrayó que las empresas de energía renovables llevan «muchos años» soportando ajustes y decisiones que las están conduciendo a una «situación crítica de inseguridad jurídica, pérdida de confianza de inversores nacionales e internacionales y pérdida de liderazgo ganado en España».

«Creemos que se ha abusado de las renovables. Nos fiamos en un momento determinado del Gobierno porque venimos regidos por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de modo sistemático esto se incumple. Nos sentimos engañados«, subrayó el presidente de APPA.

Villarig manifestó que las renovables no son las causantes del déficit de tarifa y subrayó que hay «muchos costes» ocultos en el recibo de energía. «Teníamos un sector pujante, pero nos lo cargamos con la sistemática de improvisar. Esto es falta de respeto a las renovables, no se respeta ninguna de las condiciones que teníamos cuando lanzamos nuestros proyectos, ni periodo, de retribución», concluyó.

Fundación Renovables dice que esta reforma que no será la última

Para la Fundación Renovables la reforma energética es «desmemoriada» porque no hace sino «incidir en los errores anteriores», lo que hace prever que «no sea la última y ni siquiera la penúltima», según indicó el presidente de la fundación, Javier García Breva.

El también presidente de N2E consideró además que la reforma no aborda las causas del déficit de tarifa, entre las que figuran la conformación de precios eléctricos, la caída de la demanda y aspectos como el sobrecoste ocasionado por el carbón y el gas. Mientras no se aborden estos aspectos, «el déficit de tarifa seguirá incrementándose», indicó.

García Breva citó como problema adicional la «discrepancia» y la «falta de coordinación» mostrada entre los distintos Ministerios encargados de resolver el problema, lo que «va a hacer difícil abordar una reforma en profundidad».

En definitiva, consideró que la reforma anunciada es «un parche» como los anteriores y daña especialmente a las renovables, a las que no se reconoce su efecto abaratador de los precios de la electricidad en el mercado mayorista.

La inversión renovable cayó un 96% desde que se anunció en enero de 2012 la moratoria a las renovables, «y sin embargo la luz ha subido un 8% y el déficit no ha hecho más que aumentar», lo que debería hacer pensar al Gobierno que «algo falla».

Los eólicos auguran una cascada de problemas financieros

También la Asociación Empresarial Eólica (AEE) auguró que la reforma energética aprobada por el Gobierno supondrá una «cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente para la banca», dado que «altera radicalmente» los flujos de ingresos de los parques eólicos de España.

La patronal consideró que el Ejecutivo trató al sector de forma «tremendamente injusta» con una medida que, además, considera que «vulnera los principios de seguridad jurídica al ser claramente retroactiva, porque cambia las condiciones de las inversiones realizadas por el sector durante más de veinte años».

«Con esta reforma, el Gobierno incrementa aún más la incertidumbre que afecta al sector, con el que no ha dialogado», según denunció la AEE, en el que insistió en que se trata de una reforma innecesaria «porque el sector eólico no es la causa del déficit de tarifa» y ya realizó un esfuerzo notable para «optimizar» sus recursos «después de recibir un recorte de 600 millones de euros sobre un presupuesto de 3.000 millones de euros».

En este sentido, el director técnico de la AEE, Alberto Ceña, anticipó que «algunos parques eólicos tendrán que cerrar» debido a los recortes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a los que considera «excesivos».

Ceña expresó su preocupación con el futuro de la energía eólica y aseguró que «no se están respetando las reglas del juego en el mercado energético».

Las Asociación Española de Cogeneración (Acogen), confió en que la reforma dé certidumbre a las actividades reguladas y aporte competitividad a la economía, aunque consideró que debería intensificarse el análisis y vigilancia sobre la formación de los precios en los mercados y actuar en consecuencia.

El recibo medio de luz subirá casi 2,5 euros al mes, hasta 78,14 euros, según Facua

Según cálculos de Facua-Consumidores en Acción, el recibo medio de la electricidad subirá 2,42 euros al mes para los hogares tras el encarecimiento del 3,2% anunciado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, con lo que alcanzará los 78,14 euros.

La subida anunciada por Soria se produce después de que en julio la Tarifa de Último Recurso (TUR) registrase una subida del 1,2%, o de 96 céntimos de media. Tras la medida, la TUR habrá subido un 8% desde enero de 2012.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, pronosticó que la nueva subida «no va a solucionar el problema» y criticó además el nuevo «Precio Voluntario al Pequeño Consumidor», que sustituirá a la TUR. El nombre «es una tomadura de pelo» y la nueva tarifa «perjudica al consumidor porque las eléctricas siguen pudiendo fijar al 80% los precios», señaló.

«No se puede permitir que nos vayamos a un mercado absolutamente libre en el peor sentido, en el que haya una libertad total del oligopolio», señaló, antes de mostrarse partidario de una tarifa regulada que mantenga los actuales umbrales de protección y que evite «las subidas tan habituales» fruto de las subastas.

Sánchez dijo que los consumidores «no crearon» el déficit de tarifa y se mostró partidario de una auditoría de costes del sistema eléctrico, iniciativa que fue rechazada recientemente por el Congreso.

Los «errores» de las eléctricas los pagan los consumidores, según OCU

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) los «errores» que cometieron en los últimos años las compañías eléctricas tendrán que pagarlos los consumidores, que sufrirán una nueva subida de la luz tras la entrada en vigor de la reforma energética.

«Las facturas de todos los españoles subirán para costear los aproximadamente 4.000 millones de euros a los que se estima que asciende el déficit. El oligopolio que domina el sector sobrevivirá a esta reforma«, afirmó la OCU.

Según destacó la organización, la reforma «ningunea» a los consumidores, ya que «no se ha consultado a las asociaciones que ofrecen propuestas concretas». «Se ve que para todo lo que no sea pagar y votar, el consumidor no cuenta para este Gobierno», añadió.

También se quejó de que el Gobierno «no ha querido entrar en el debate de cómo se están remunerando tecnologías como la nuclear o la hidráulica», que «presumen de lo poco que cuestan y aun así reciben la misma remuneración que otras energías más costosas» y señaló que serán los consumidores y las eléctricas, «que trasladarán su parte al consumidor, quienes paguen el déficit de 4.000 millones de euros del sector. «No se sabe cuánto pagará el Gobierno, pero seguramente muy poco», sentenció.

Además, esta organización de consumidores recordó que en los últimos seis años la luz subió un 56%.

Por otro lado, criticó que el Ejecutivo no haya aprovechado la reforma para poner en marcha incentivos a la competencia, ya que, según la OCU, «el panorama español está monopolizado por cinco grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On y HC Energía) que manejan todos los procesos».

Asgeco lamenta que se ignore a los consumidores

También la Asociación General de Consumidores (Asgeco Confederación) lamentó que el Gobierno proponga una reforma del sector energético sin tener en cuenta la opinión de las asociaciones de consumidores, máxime cuando los usuarios finales tendrán que asumir previsiblemente buena parte del coste de esta reforma.

Asgeco denunció que se siguen desconociendo los costes reales de la luz, a falta de una auditoría energética por parte de las eléctricas, y lamentó que el Congreso rechazase el pasado 26 de junio una iniciativa parlamentaria en este sentido.

Además, temió que la reforma ni acabe con el problema del «costoso déficit tarifario» ni cambie un modelo energético al que califica de «opaco, inequitativo y apoyado en un mercado ineficiente lleno de costes ocultos».

Asgeco también se mostró preocupada por cómo se materializará la regulación del autoconsumo, a la que considera un «paso imprescindible en la puesta en marcha de un sistema distribuido y eficiente que resalte el nuevo papel de los ciudadanos como productores y consumidores responsables de energía».

«A largo plazo creemos que la única solución, habida cuenta de la dependencia de España de los combustibles fósiles, sería invertir en energías renovables a gran escala, lo que permitiría no sólo rebajar a largo plazo las tarifas, sino también contribuir a la mejora del medio ambiente y a la creación de puestos de trabajo», afirmó.

UPTA pide a Industria que no sea la reforma definitiva

Por último, la organización de autónomos UPTA criticó que el Gobierno sólo haya encontrado una forma de hacer frente al déficit de tarifa y que ésta sea la de encarecer el coste de la energía a autónomos, empresas y consumidores domésticos.

En su opinión, sólo tiene sentido una reforma energética si se crea un marco estable que permita reducir los costes y con ello posibilitar una mayor competitividad de empresas y comerciantes.

«Hoy en muchos sectores productivos la energía ha pasado a ser el primer factor de coste y está creando graves dificultades de eficiencia en la actividad empresarial», denunció el secretario general de la organización, Sebastián Reyna.

Reyna advirtió de que la reforma energética aprobada por el Gobierno recortará el poder adquisitivo de consumidores y familias, ya muy afectados por las subidas de impuestos y por la «drástica» deflación salarial sufrida en estos años».

Por todo ello, UPTA pidió al Ministerio de Industria que no considere esta reforma como definitiva, y que se avance realmente en la transparencia sobre la composición de los precios, en la liberalización de la distribución eléctrica, y en acabar con el actual monopolio.