Las eléctricas advierten que la nueva ley tendrá «consecuencias muy graves» y la cogeneración afirma sentirse «discriminada»

Según indicaron fuentes del sector, las consecuencias de esta norma no sólo afectarán a las compañías, que verán «directamente» reflejado el impacto de los nuevos impuestos en las cuentas de resultados, sino que también afectará a los clientes.

Esta nueva norma, que entrará en vigor el 1 de enero, «hunde a las empresas eléctricas, cuyo beneficio en la actividad convencional en España se ve reducido literalmente a 0 y que, teniendo en cuenta la coyuntura económica y energética, se van a ver obligadas a adoptar medidas drásticas para sobrevivir«, subrayaron desde el sector.

La nueva norma, que establece varios impuestos, como uno del 7% a la producción de energía, a los residuos nucleares o al uso industrial del gas natural, también «perjudicará notablemente a los consumidores que, pese a todo, seguirán viendo cómo se encarece aún más su factura de la luz».

Por último, desde el sector recordaron que esta norma «destruye el tejido industrial del país justo en el peor momento» al entender que el sector eléctrico dejaría de tener su «tradicional capacidad de inversión» y «arrastrará en su caída a miles de empresas nacionales proveedoras de productos y servicios».

Los cogeneradores se sienten «discriminados» y vaticinan demandas

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) aseguró que la nueva fiscalidad eléctrica aprobada por el Congreso «expulsará del mapa industrial» a la cogeneración al obligarla a pagar cerca de 440 millones de euros en impuestos, y vaticinó demandas «en todos los ámbitos» en contra de la norma.

Los cogenerdores dijeron sentirse «discriminados» por una ley que les impone una doble fiscalidad, ya que no solo deberán pagar gravámenes por el gas natural utilizado, sino también el 7% correspondiente a la producción de electricidad.

En concreto, la norma establece que el impuesto del gas natural para uso industrial será de 0,15 euros por gigajulio, con la excepción de la cogeneración, que pagará 0,65 euros.

«Las industrias que han invertido en cogeneración como la solución más eficiente a sus necesidades energéticas y como herramienta de competitividad se verán ahora castigadas por la nueva normativa, cuya aplicación efectiva aún tiene serias lagunas jurídicas«, aseguró.

Acogen advirtió de que «gran parte del tejido industrial español» puede verse forzado a cerrar sus «modernas y eficientes» plantas de cogeneración y poner en marcha las antiguas calderas para producir vapor, que pagan menos impuestos, al tiempo que comprarán en paralelo la electricidad de una central convencional menos eficiente y situada a cientos de kilómetros de distancia.

Esta situación, «inexplicable y retrógrada en un mundo que camina hacia la eficiencia y la sostenibilidad», es además «frontalmente contraria» a las políticas de la Unión Europea, que reconocen a la cogeneración como mejor tecnología disponible y la promueven a través de la directiva europea de eficiencia energética, señaló.

Al sufrir un gravamen cuatro veces mayor, el gas industrial para cogeneración quedará discriminado «gravemente» con respecto a industrias que fabrican el mismo producto, indicó Acogen, para la que esta circunstancia es «paradójica» cuando la cogeneración es, precisamente, la tecnologías más eficiente.

Por este motivo, la asociación advirtió al Gobierno de la litigiosidad que provocará la norma. «La distorsión de la competencia, la discriminación tecnológica y la transgresión de los principios elementales de igualdad en tratamiento fiscal y de eficiencia energética de la Unión Europea conllevarían demandas en todos los ámbitos», aseguró.

Además, denunció la paralización en las renovaciones de los planes, lo que provocó, desde enero, un recorte del 50% de las primas y lamentó que el Gobierno se haya «ensañado» con la congeneración.

«La cogeneración dista un 30% de sus objetivos oficiales para 2012, no crece desde hace diez años y no genera déficit al sistema», y pese a ello se aprueba una ley con efectos «devastadores» para el sector, lo que «se hará notar en la actividad papelera, cerámica, química, azulejera y alimentaria», añadió.

Asimismo, la patronal papelera (Aspapel) criticó la nueva ley de medidas fiscales al considerarla discriminatoria hacia la cogeneración.

Según dijeron, la industria papelera apostó por la cogeneración como una vía para mejorar su eficiencia y ahora «se verán castigadas».