Las cuentas de la extinta CNE son aprobadas, con salvedades, por la Intervención General del Estado

En su informe acerca de las cuentas anuales, la Intervención apreció una «insuficiencia de información» y consideró que la memoria anual de la CNE debería detallar «con claridad, en todos los aspectos relevantes, los importes, los desgloses y los criterios seguidos en el registro contable teniendo en cuenta los importantes hitos que se producen en el ejercicio 2013, así como los hechos posteriores al 31 de diciembre en la medida que eran conocidos a la fecha de formulación de cuentas».

Sobre las bases de presentación de las cuentas, los auditores consideraron que la memoria anual debería haber recogido las retribuciones del nuevo consejo, que se abonaron con cargo a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

También mostraron objeciones acerca de lo criterios para contabilizar las provisiones por indemnización. Los miembros del consejo de la CNE tenían derecho a percibir desde el mes siguiente a su salida una compensación mensual por el 80% de su retribución para compensar su incompatibilidad con actividades del sector durante dos años.

Las cuentas de la CNE sí recogen una provisión por indemnización, si bien la Intervención del Estado consideró que la memoria debería aclarar los criterios que se han seguido en las cuentas con relación a esta partida.

Por un lado, las cuentas recogen la obligación de pago de 365.000 euros al presidente de la CNE y a un consejero, que no renunciaron a la compensación tras su cese.

Al mismo tiempo, se recoge un ingreso de 610.000 euros porque tres consejeros cesantes sí renunciaron a la compensación para realizar otra actividad remunerada. Esta menor provisión afecta también a los dos consejeros de la CNE que pasaron a formar parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

«En cambio, no se dotado provisión alguna por el derecho que tienen a ser compensados en caso de cese los consejeros de la CNMC, ni siquiera estos dos consejeros que provienen de la CNE. Dado que tampoco se ha dotado esta provisión con cargo a las cuentas de 2013 de la extinta CNE, este criterio no parecería razonable», dijo el auditor.

Los auditores consideraron que la «significativa cifra de deuda» de la CNE, registrada «correctamente», ascendió a cierre de 2013 a 33,5 millones de euros. En su análisis, entendieron que el regulador debería haber informado sobre la titularidad futura de esta deuda.

Entre las salvedades también se recoge la forma de contabilizar unas facturas emitidas por la sociedad estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) acerca de un contrato para implantar el sistema de costes de la actividad regulada en cuatro años, cuyo valor ascendió a 1,6 millones de euros.

Isdefe emitió facturas por los dos últimos trimestres de 2012 y por todo el ejercicio 2013 conforme al calendario previsto, pese a que las actividades previstas se retrasaron y quedaron pendientes de realización. La CNE no certificó ni abonó estas facturas, pero las registró «indebidamente como gastos, imputándolas a los presupuestos de dichos ejercicios», explicó el auditor.

En todo caso, en julio de este año se modificó la encomienda de gestión y se amplió su plazo de ejecución hasta diciembre de 2016. También se reorganizó el cronograma de tareas y los hitos de facturación. Los auditores pidieron por tanto que se minoren estos importes de ejercicios anteriores.