La noticia de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, retransmitida en esta ocasión en directo por el diario económico «Cinco Días», ha devuelto el Real Decreto en el que se sustanciaba el acuerdo con el sector eólico y el sector termosolar, requiere contextualización en un escenario político profundamente revuelto y con muchos acontecimientos coincidentes en el tiempo y en el espacio. Por ello, es necesario enmarcar lo ocurrido y sacar sus consecuencias tanto para el sector energético como para la política vinculada a la energía.

¿Dónde estaba hasta el momento la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos? Oigan, señores, la pregunta es, ¿pero eso qué es? ¿Quiénes son? Seguramente, desde que Zapatero es Presidente, dicha Comisión, además de no tener protagonismo, nunca ha estado recogida en un titular de prensa. ¿Cómo aparece de súbito a cuenta de que se retroceda la propuesta del Real Decreto que reformaba la situación retributiva de determinadas tecnologías de régimen especial (y su concreción en la termosolar y eólica)?

Todo ello sin que, en las informaciones conocidas, se aborde el otro problema que se transparentó a raíz de la tramitación del Real Decreto, el modelo retributivo y de primas en el sector fotovoltaico: fracaso de plazo excepcional de amnistía para las instalaciones fotovoltaicas del decreto de trazabilidad de agosto, patata caliente circulando respecto al fraude fotovoltaico (en investigación por la CNE sin conclusiones definitivas y por eso tanta redundancia como licencia redaccional), denuncia de cifras que marean en referencia a las primas (volúmenes de primas fraudulentas en el entorno de los 1.700 millones de euros), rebeldía de las Comunidades Autónomas en la concesión de las repotenciaciones de las instalaciones y el frente abierto del límite de horas retribuidas con primas (por cierto, muy superiores a las previstas en las estimaciones de rentabilidad que sirvieron de base para los modelos retributivos).

Segunda lectura/consecuencia: revolcón al Ministro de Industria, Miguel Sebastián. Y, desde el Gobierno van tres, a saber: este primero, la negociación interceptada con eólicas y termosolares que ofrece a resultados muy escasos (de facto, estos sectores y el Ministerio de Industria cuestionados, marcados y tutelados desde el Ministerio de Economía). Segundo, e inmediatamente anterior, el caso de la designación de Zarra como Almacén Temporal Centralizado, con la desautorización desabrida de la entonces Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y, tercero, en el trasfondo, las difíciles relaciones entre Economía e Industria a cuenta de la titulización del déficit tarifario y sus cifras crecientes, tema que pone de los nervios al departamento que dirige Elena Salgado en varios frentes.

Consecuencia traída en el último momento, el reforzamiento tras el verano de la Vicepresidencia Económica obliga a que Sebastián (que sigue en el Gobierno pese a los divertidos episodios declarativos del último mes) se ponga las pilas en el terreno de la energía: déficit tarifario creciente y galopante, incumplimiento flagrante del Real Decreto Ley 6/2009, graves problemas y distorsiones derivadas del decreto del carbón (por mucho que inflame la retórica en términos maniqueos con las empresas), el conflicto con Sonatrach por el gas de Argelia pisándole los talones, propuestas cosméticas en materia de primas y volúmenes en el régimen especial (y vuelta a la incertidumbre en el sector renovable), acecho de los sectores retroprogresivos para la involución en el mercado eléctrico, política de tarifas impotente, gélidas relaciones con los sectores energéticos (denunciadas de forma generalizada)… Parece claro que el peso político y gestor de Industria en el ámbito de la energía se resiente y la debilidad de la Secretaría de Estado empieza a ser un fuerte lastre, una vez salvada la crisis de gobierno.

Addenda: el previsible revés del PSC en las próximas elecciones catalanas y su decreciente presencia en el Gobierno, junto con la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, nos aboca a la pregunta de si esta Ley se llevará por delante a su actual Consejo con su pintoresca ejecutoria y presidencia al frente. Y, para estar atentos, hay que valorar de forma colateral la designación de Rosa Aguilar como nueva Ministra del Medio Ambiente, Rural y Marino, con competencias ambientales y cambio climático y con la telegénica e influyente Teresa Ribera dentro.