Las Cortes Valencianas piden que se cierre Castor si se demuestra su relación con los seísmos ocurridos

La propuesta aprobada contempla pedir a la Generalitat que reclame al Gobierno los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero y los encargados a expertos independientes «a medida que estén finalizados». También solicita que, «una vez se confirme la relación causa-efecto entre la inyección de gas y los seísmos», se adopten las medidas necesarias para la paralización «definitiva» de la actividad de gas y el cierre del almacén situado frente a las costas de Vinaroz. Además, se reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy la adopción de las acciones que correspondan para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de la tramitación y explotación de las autorizaciones concedidas.

El PSPV y EUPV presentaron dos enmiendas a esta iniciativa, rechazadas por el PP, en la que pedían la paralización «inmediata» de acuerdo con los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geográfico y Minero Español que ya «relacionan directamente la actividad sísmica y la actividad de la planta», señaló el grupo socialista. Asimismo, EUPV también planteó iniciar medidas legales para exigir responsabilidad patrimonial a la empresa Escal UGS «por la posible ocultación de datos sobre el riesgo sísmico», así como a las autoridades y técnicos que avalaron o aprobaron el proyecto. Del mismo modo, EUPV instaba al Gobierno a parar todos los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas.

Los grupos de la oposición rechazaron la propuesta del Partido Popular porque la cámara ya se pronunció de forma unánime a favor del cierre del almacén de gas subterráneo en octubre del año pasado y por entender que el Gobierno dispone ya de informes suficientemente concluyentes sobre la relación de esta planta con los seísmos.

En opinión del diputado autonómico del PP que defendió esta propuesta, Mariano Castejón, «para quienes vivimos en la zona está clara la relación», si bien abogó por «no precipitarse» para «contar con la base técnica más sólida posible». Por ello, Mariano Castejón señaló que el PP y su grupo parlamentario popular actúan «con rigor, seriedad, prudencia y sensatez» y procuran «no movernos ni actuar por impulsos irrefrenables» por lo que considera que es «lógico» que se espere a exigir el cierre a que el Gobierno «tenga todos los informes avalando que la plataforma es insegura». En cualquier caso, destacó que «ahora la actividad no ofrece peligro, está paralizada y no presenta problemas». Para Castejón, «está totalmente claro y patente que el Castor está emparejado con el PSOE», ya que, según indicó, «el padre político del Castor fue el Gobierno socialista«.

Por parte del PSPV, la parlamentaria Ana María Besalduch replicó que «el niño nació en el 96 y sus padres son Florentino Perez y José María Aznar». La socialista explicó que la tramitación del proyecto empezó en 1996 cuando se publicó el decreto, firmado por el entonces ministro de Industria y Energía Josep Piqué, por el que se otorgaba el permiso de investigación de hidrocarburos. Asimismo, añadió que la licencia de actividad es de 2012 y está firmada por el alcalde de Vinaroz, el popular Juan Bautista Juan, «con el ministro José Manuel Soria empieza la actividad en la plataforma marina». Besalduch reclamó que se depuren «todas las responsabilidades, desde la concepción del niño y hasta la mayoría de edad».

El parlamentario de Compromís Josep María Pañella subrayó que «la única solución prudente es desmantelar inmediatamente porque esto daría tranquilidad a las personas». Del mismo modo, el diputado de EUPV Víctor Tormo lamentó que «la bomba del Castor la han puesto y la han activado PP y PSOE» y señaló que no solo basta con el cierre, sino que es necesario el desmantelamiento. Al respecto, criticó que los habitantes de Castellón «ven peligrar su vida, su salud y su pueblo todo para generarle beneficios empresariales a Florentino Pérez». Además, este diputado registró ante la Fiscalía de Castellón el estudio del Instituto Geológico y Minero que relaciona los seísmos registrados en el entorno del almacén Castor con la actividad del mismo.

Tormo considera que esta nueva información ha de añadirse a la ya presentada del Instituto Geográfico Nacional hace dos semanas y sumarse a las diligencias de investigación penal abiertas desde el pasado octubre. Tormo señaló que el estudio «demuestra, como ya hizo el Instituto Geográfico Nacional, que los terremotos ocurridos en el Baix Maestrat están claramente relacionados con la actividad del almacén Castor», por lo que «es evidente que ha de haber asunción de responsabilidades políticas en primer lugar y, si es necesario, responsabilidades penales«. Al respecto, indicó que «los culpables tienen nombres y apellidos y la Fiscalía ha de tener toda la información posible».

El diputado de EUPV aseguró que «tanto el PSOE como el PP son responsables de la situación generada, aunque hayan querido hacer propaganda partidista lanzándose la pelota unos a los otros», y destacó que «ni un euro de los 1.500 millones de los que se está hablando de indemnización ha de salir de las arcas públicas«. Finalmente, Tormo lamentó que, en el Congreso de los Diputados, el PP «se negara recientemente a cerrar definitivamente el Castor, tal y como pidieron los grupos de la oposición». «Ni el Gobierno ni el PP se están colocando del lado de los ciudadanos, sino defendiendo los intereses privados de Escal«, aseguró el diputado autonómico, que reclamó el «cierre definitivo y desmantelamiento del almacén Castor».