Las comercializadoras eléctricas tendrán hasta el 1 de octubre para adaptarse al nuevo formato de recibo

Este nuevo recibo coincidirá prácticamente en el tiempo con el nuevo sistema de revisión de precios eléctricos, cuya aplicación deben iniciar las empresas antes del 1 de agosto. A la espera de la resolución ministerial sobre contadores digitales, la facturación se realizará al cabo del bimestre, a partir de la electricidad consumida ajustada a unos perfiles de consumo.

Sobe el nuevo recibo, Nadal señaló que la próxima semana el Ministerio de Industria abrirá una web con información práctica sobre el sistema eléctrico y que en junio se lanzará una campaña de difusión en medios de comunicación para dar a conocer los nuevos sistemas de precios.

Los consumidores, dijo, podrán conocer las distintas alternativas de contratación y qué modalidad les ofrece los mejores descuentos. Además, podrán recibir información acerca de aspectos hasta ahora desconocidos, como la posibilidad de comprar el contador de luz.

Nadal reconoció además que a título personal dejó el mercado y contrató la luz con el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). También pudo comprobar de primera mano que el nuevo recibo es comprensible. «He hecho la prueba de dárselo a mi madre y ha salido muy bien», dijo.

Determinar la seguridad del almacén Castor llevará «años»

Por otro lado, el secretario de Estado de Energía consideró que la recopilación de la información necesaria para garantizar la seguridad del almacén subterráneo de gas Castor «llevará años».

Nadal señaló que «la pregunta del millón no es saber qué ha pasado, sino saber qué va a pasar en caso de que vuelva a funcionar» el almacén, cuya actividad se suspendió en septiembre del pasado año tras registrarse múltiples seísmos en la zona. Y, por el momento, «nadie» ha sido capaz de ofrecer una respuesta.

Los informes conocidos hasta ahora relacionan la inyección de gas en el almacén, ubicado frente a las costas de Castellón, con los seísmos, pero no determinan qué pasará si este vuelve a funcionar, una cuestión que se remite a expertos independientes.

Ante esta situación, el Gobierno quiere ser «muy prudente» para encontrar un punto equilibrado entre «no destruir la inversión de mil y pico millones» registrada hasta ahora y evitar que los consumidores tengan que asumir costes adicionales, todo ello en condiciones de seguridad.

Conforme a la cláusula del acuerdo de concesión de Castor en 2008, la empresa Escal UGS, participada por ACS y la canadiense CLP, tiene la opción de renunciar por escrito a la infraestructura. «Es ahí cuando el Gobierno tendrá que decidir cómo se paga», indicó Nadal.

No obstante, Nadal evitó referirse al importe de una posible indemnización en caso de que se cierre definitivamente la instalación y señaló que, en todo caso, se determinaría en la reversión de la concesión.

Junto a esto, reconoció que «hoy en día» el sistema gasista «no tiene necesidad» de este almacenamiento, que se construyó con unas previsiones de demanda muy superiores a las actuales. «Si empezáramos desde cero, diríamos que no a su construcción», si bien «eso no quiere decir que dentro de diez años no se necesite».

La reforma del gas entrará en vigor el 1 de enero

El secretario de Estado también apuntó que la reforma del sector gasista que prepara el Gobierno, para la que mantuvo «larguísimas conversaciones con el sector», contempla la retribución que le correspondería a una eventual puesta en marcha de Castor.

Esta reforma vinculará la evolución de la demanda gasista a la retribución de todas las actividades reguladas, como ya sucede con la distribución, y fijará que las reglas se revisen cada seis años.

Con estas medidas, unidas a un «escenario razonable» de evolución de demanda hasta 2020, el Gobierno quiere evitar que el déficit tarifario de «700 u 800 millones de euros» del sistema gasista crezca hasta convertirse en un problema como en el eléctrico.

El Gobierno prevé «tener las ideas claras» sobre esta reforma antes del 30 de junio para poner en marcha los cambios reglamentarios correspondientes en julio y que la normativa esté en vigor el 1 de enero del próximo año.

Además, el Ejecutivo trabaja para crear un mercado organizado del gas en España y, a ser posible con Portugal, a principios del próximo año con el objetivo de contar con un precio de referencia que fomente la competencia.