La Comisión Permanente de ACOM-ESPAÑA se reunió en la sede de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), ubicada en Oviedo, para analizar la situación del sector y estudiar un calendario de acciones y medidas tendentes a garantizar su futuro y el de las comarcas mineras.

Los ayuntamientos mineros de España estudian dirigirse desde EURACOM a aquellos organismos e instituciones europeas a los que corresponda velar por la correcta aplicación de la decisión de la Unión Europea que obliga al cese ordenado de la actividad minera. «Creemos que no está siendo cumplido por el actual Gobierno de España«, señalaron.

Los alcaldes leoneses de Páramo del Sil (León), Ángel Calvo, de Laviana, Adrián Barbón, de Cervera de Pisuerga, Urbano Alonso, y de Villablino, Ana Luis Durán, apuntaron que trasladarán esta iniciativa a la próxima reunión de ACOM-ESPAÑA prevista para el próximo 22 de febrero con el objetivo de trasladar la información y documentación oportuna de la «situación real» del sector y de las medidas que se pretenden poner en marcha para que los alcaldes la refrenden.

En esta reunión, a la que están convocados todos los alcaldes de los municipios mineros asociados a ACOM España, se estudiarán también otras medidas a adoptar por parte de esta organización.

ACOM pretende trasladar a las máximas instancias de la Unión Europea los «graves problemas sociales y económicos que sufren actualmente las comarcas mineras con el objetivo de lograr tanto un mayor conocimiento como una mayor implicación de las autoridades europeas competentes en el desarrollo de políticas de crecimiento, para que implanten actuaciones estratégicas que permitan la dinamización económica de estos territorios y un futuro próspero».

Los alcaldes criticaron que el Gobierno español esté haciendo caso al Decreto de ajustes pero no a las directrices de la Unión Europea para la pervivencia del carbón hasta unas fechas que no se están cumpliendo por parte del Ejecutivo central.

«Queremos que sea Europa para todo y no para que lo que interese y llevaremos nuestras reclamaciones a la Unión Europea», subrayó Calvo, que instó al Ministerio de Hacienda a que con urgencia proceda al abono del pago de los 111 millones de euros pendientes relativos a la cuantías que las empresas del sector minero deberían de haber recibido en 2012 según lo consignado en los Presupuestos del Estado.