Las cementeras creen que la reforma energética condena al sector «a la desaparición»

La patronal aseguró que este cambio normativo «dinamita peligrosamente» su competitividad en los mercados internacionales donde el sector cementero «se afana por colocar sus productos en una lucha desigual con otros productores y socios europeos» y señaló que en el resto de países «no ponen tantas trabas a la industria, ni la gravan con sobrecostes desproporcionados».

Según Oficemen, las medidas tomadas por el Gobierno, «sin contar con la experiencia y la opinión de la industria», suponen un «importante incremento del coste eléctrico que alcanza la máxima diferencia histórica entre lo que cuesta la electricidad en España y en algunos países de la Unión Europea.

Los datos de esta organización indican que actualmente la electricidad es un 17% más cara en España y que la nueva reforma ampliará «de forma insostenible» este porcentaje.

La patronal apuntó asimismo que la nueva reforma «asestará un duro golpe a la industria cementera por la anunciada revisión del sistema de interrumpibilidad», por el que las empresas con alto consumo eléctrico, ante un incremento de la demanda de electricidad, sacrifican sus procesos productivos y desvían su potencia eléctrica a los hogares u otros servicios básicos para que no sufran un apagón.

Según Oficemen, ahora el Gobierno quiere reducir este servicio por el que las empresas actualmente reciben una contraprestación, después de haber invertido más de 450 millones de euros y haber realizado otros sacrificios para adaptarse a este sistema.

«Esto será la última puntilla para el sector cementero, pues no podrá amortizar las inversiones realizadas», subraya la patronal cementera.

Por todo ello, el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, manifestó la disposición del sector para colaborar con el Gobierno «para establecer un sistema de interrumpibilidad que respete los acuerdos alcanzados anteriormente y las inversiones realizadas».

De hecho, la gran industria intensiva en consumo eléctrico (AEGE) consideró inasumible la reforma energética aprobada recientemente por el Gobierno ya que supone una pérdida «irreversible» de competitividad a consecuencia del incremento de la factura eléctrica del consumidor industrial.