Las asociaciones renovables dicen sentirse «estafadas» por el Gobierno y anuncian acciones legales por la reducción en sus retribuciones

Así lo señalaron los representantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) y la patronal termosolar (Protermosolar).

«El real decreto supone un nuevo ataque a las energías renovables, puesto que destruye todos los parámetros que permitían a los inversores prever la retribución de las instalaciones», denunciaron estas organizaciones, e insistieron en que la norma, «como viene siendo habitual, no ha sido consensuada ni comunicada al sector».

Las asociaciones acusaron al Gobierno de «argentinizar España» al «quitarles» 500 millones de euros con el recorte aprobado el viernes, mientras «con la otra mano» da 1.000 millones a otros agentes del sector eléctrico como eléctricas o industrias, a las que se les mejoran las partidas de distribución e interrumpibilidad.

Asimismo, lamentaron que se siga «dinamitando sistemáticamente al sector renovable nacional sin acometer una reforma profunda y necesaria de nuestro sistema eléctrico». Según denunciaron, las renovables está sufriendo «una campaña de acoso y derribo» mediante modificaciones legislativas.

Por este motivo auguraron «denuncias en todos los organismos nacionales e internacionales posibles», aunque las asociaciones no aclararon si iniciarán las acciones de forma conjunta ni en qué instancia lo harán, ya que directamente solo pueden recurrir las liquidaciones definitivas de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que se publican aproximadamente dos años después de cerrarse cada ejercicio.

La otra opción, según explicaron, es conseguir el apoyo de una comunidad autónoma, cincuenta diputados o cincuenta senadores para que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra las normativas.

Las asociaciones pidieron también que el real decreto aprobado el viernes por el Gobierno, por el que se cambió el método de actualizar y acogerse a las primas, se tramite como proyecto de ley con el objetivo de que pueda admitir modificaciones durante el proceso parlamentario.

El presidente de APPA, José Miguel Villarig, consideró que el último real decreto es «la guinda» a la «política de acoso y derribo contra las renovables» del Gobierno, al que acusó de «comprar todos los argumentos» a las grandes eléctricas.

Villarig criticó las últimas normativas, en especial la que obliga a las plantas renovables a optar entre una tarifa fija o el mercado, porque altera sus parámetros de retribución, que queda sujeta a criterios políticos y dijo que sienten «vergüenza al contar en el exterior lo que pasa con las renovables».

Los últimos recortes atentan contra la seguridad jurídica y contra los principios de igualdad y rentabilidad razonable, y son «confiscatorios» al aplicarse a plantas que ya están «en pérdidas», dijo el presidente de APPA.

«Nos sentimos estafados» por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, apuntó Villarig, que lamentó que el departamento dirigido por Soria aplique los recortes al sector sin informar ni reunirse con él y aseguró que, a la hora de ajustar costes, «solo se estudian las alternativas que vienen desde Unesa«, la patronal de las grandes eléctricas.

Por su parte, el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, dijo que la aplicación de la ley de medidas fiscales para la generación eléctrica y el cambio en la normativa de primas supone reducir en un 33% los ingresos de las plantas termosolares, y todo ello «en seis semanas», por lo que se preguntó «cómo se puede confiar en un país que usa el BOE para atraer 13.000 millones de inversión y al día siguiente hunde las expectativas de negocio».

Crespo consideró que de esta manera se reduce «retroactivamente la rentabilidad de las inversiones», lo que supone «una expropiación en toda regla» que lleva a los proyectos a «pérdidas» e incluso de quiebra.

«Resulta sarcástico que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pida fuera la seguridad jurídica que niega dentro. Eso es argentinizar España», afirmó, antes de acusar a Industria de hacer estimaciones de costes para la termosolar de 1.600 millones de euros, cuando en realidad son 1.200 millones de euros.

Los termosolares advirtieron de que los inversores internacionales, entre los que figuran grandes corporaciones, iniciarán en breve los trámites para presentar un arbitraje internacional contra España por la nueva fiscalidad eléctrica, al disponer de pruebas «demostrables y objetivables» de que los nuevos impuestos son, en el caso de esta tecnología, «retrospectivos y confiscatorios».

Unos 10.000 millones de euros de la inversión termosolar está apalancada, y este importe, sumado a los cerca de 20.000 millones de euros de deuda de la fotovoltaica, sitúa en cerca de 30.000 millones el apalancamiento total de las tecnologías solares.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, aseguró que los pequeños productores están «en la ruina» tras ver reducida la retribución prevista inicialmente en un 40%. «Nuestro premio ha sido abandonarnos en la cuneta», aseguró.

«La financiación es la última fase del estrangulamiento de la soga», lamentó Martínez-Aroca, quien aseguró que «la banca no está siendo sensible con la situación que están sufriendo cientos de miles de familias».

«Aprevechan la situación para endurecer las condiciones y subir los tipos de interés. No hay sensibilidad ni apoyo de la banca, y estamos trasladando la situación al Gobierno y pidiendo una línea ICO, pero la respuesta es no«, señaló.

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, señaló que, debido a los cambios en la regulación, los fondos internacionales empezaron a considerar las renovables españolas como «no elegibles» y estimó que los productores nacionales «se han convertido en rehenes de su propio Gobierno».

Donoso advirtió de que los ingresos de las plantas no son suficientes para cumplir el servicio de la deuda y de que los últimos recortes reducirán un 30%, o en 9.500 millones de euros, la facturación de esta tecnología entre 2010 y 2020 y que esta merma se produce a pesar de que la fotovoltaica contribuyó con 805 millones de euros en 2012 a contener el déficit de tarifa, y lo hará con otros 1.013 millones de euros en 2013.

Donoso pidió diálogo al Gobierno y lamentó que los fotovoltaicos se sientan hoy «como despachadores de droga, porque nadie quiere tener nada con ellos».

También, el vicepresidente de APPA Biomasa, Manuel García, consideró que, tras las últimas medidas, el Gobierno «ha acabado definitivamente con el sector de la biomasa».

Esta tecnología, la única que se quedó por debajo del objetivo de desarrollo incluido en los planes de renovables, ya vio cómo cierran algunas de sus plantas y los bancos «anulan las condiciones de financiación» ante la «situación bananera» del país, dijo.

Por otra parte, acusaron al ministro José Manuel Soria de «difamar» a un sector que debe ser un pilar básico para la recuperación económica de España. «La confusión interesada entre régimen especial y renovables, la extrapolación de costes a diez años sin mencionar ni uno solo de los beneficios, como la creación de empleo, o el reiterado interés en culpabilizar a las renovables del déficit tarifario, constituyen formas claras de manipular a la opinión pública en contra del sector», destacaron.

Las asociaciones añadieron que todas mantienen contactos con la Unión Europea para defender sus intereses y alertaron de que la quiebra de las plantas puede derivar en un problema financiero que sobrecargaría los balances de los bancos.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ya avanzó que emprendería «todas las acciones legales a su alcance» contra el último real decreto del Gobierno, que consideró que tiene un impacto en la retribución del sector de 300 millones de euros.