Durante su intervención en una jornada sobre energías renovables organizada por Kreab & Gavin Anderson, Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Livingstone Partners, las organizaciones lamentaron que la mayor presión fiscal sobre sus tecnologías supondrá una pérdida de competitividad internacional.

Reconocieron la necesidad de abordar el déficit de tarifa -generado porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes y que superaba los 24.000 millones de euros al cierre de 2011-, aunque negaron que las renovables sean las responsable de ese desfase.

El Gobierno pretende acabar con el déficit en 2013 a través de las medidas recogidas en el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que se encuentra en trámite parlamentario y que recoge varios impuestos para la generación de electricidad.

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, aseguró que los empresarios de renovables se sienten «tremendamente discriminados» por la normativa, ya que el sector ya sufrió otros ajustes, como los recortes en las ayudas, y sostuvo que estas tecnologías «no son las responsables» del déficit de tarifa.

«Poner un impuesto no es la solución y va a dejar muchas víctimas por el camino», afirmó, antes de poner el ejemplo de tecnologías como la biomasa, con primas muy ajustadas para el desarrollo de sus proyectos e incapaces de afrontar ahora las nuevas tasas a la producción eléctrica.

El sector de las renovables, señaló, «no está de acuerdo» en la definición conceptual del déficit de tarifa y manifestó que en el sistema eléctrico se tienen en cuenta los «costes reconocidos», que «no son siempre los reales». «En este tema no estamos solos», afirmó, antes de recordar que la Comisión Europea y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se pronunciaron en esta línea.

Villarig consideró que la resolución del déficit de tarifa «debería haberse llevado a cabo más lentamente» y que las medidas fiscales previstas deberían «tener temporalidad y ser limitada en el tiempo», antes de denunciar la «improvisación constante» de los gobiernos para regular esta industria.

La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, aseguró que aceptan las medidas impositivas del Gobierno para frenar el déficit de tarifa y también abogó por la temporalidad de las mismas una vez que éste quede eliminado. Además, pidió al Gobierno que esta normativa «cambie la situación existente», es decir, que el proyecto suponga una solución al problema «de verdad».

Sicre apuntó que las medidas del Ejecutivo ponen en peligro el desarrollo de una industria potente en España como es la eólica, ya lastrada por tasas e impuestos de diferente índole, y que lideran empresas españolas en el exterior. Vemos «con preocupación» el futuro, reconoció.

En este sentido, recordó que la eólica española es «un ejemplo de modelo productivo» y, por ello, reclamó que no se pierda ese «desarrollo industrial», que posicionó al sector nacional como pionero en todo el mundo.

El secretario general de la patronal termosolar Protermosolar, Luis Crespo, consideró que la propuesta de retirar las primas a la generación producida con gas sería «un desastre» y llevaría a la tecnología a «situaciones casi confiscatorias» para la termosolar, que hizo sus proyectos y diseñó sus planes de rentabilidad con la premisa de que el gas de apoyo también estaría sujeto a prima.

Crespo advirtió de que la fiscalidad eléctrica puede acabar con el liderazgo de España en termosolar y originar reclamaciones de indemnizaciones para un negocio que atrajo muchas inversiones internacionales. «Sería una barbaridad acabar con el sector», aseguró, antes de lamentar las «cifras deformadas» que ofrecen algunas eléctricas acerca de esta tecnología.

También apuntó que la asociación ofreció alternativas a Industria y aseguró que confía en que la propuesta «se modere» durante la tramitación parlamentaria», al tiempo que subrayó que «las renovables no son el principal problema del déficit».

Asimismo, defendió esta energía ante los que la acusan de ser la principal causa del déficit de tarifa por las primas que recibe e indicó que sin las renovables el precio de la energía en el «pool» eléctrico sería más elevado.

Por su parte, el presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Jorge Barredo, pidió al Gobierno que regule el autoconsumo y el balance neto para la producción fotovoltaica doméstica porque es «la única esperanza que le queda a la industria» del sector en España.

Barredo, apuntó que si se quiere corregir el déficit de tarifa se deberían eliminar todos los costes que asume el sistema y que no son parte del coste eléctrico y añadió que, en las actuales condiciones, las plantas fotovoltaicas pueden «devolver la deuda a duras penas», puesto que sufrieron un recorte de primas al 30%.

Además, dudó de que, como sostiene el Gobierno, el Tribunal Supremo haya sentado jurisprudencia acerca de la posibilidad de rebajar primas a las renovables, ya que esta institución todavía no se pronunció acerca de normas clave como el real decreto ley 14/2010.

El director de Energías Renovables de Iberdrola, Xabier Viteri, valoró que la ley de medidas fiscales pretenda «atajar» el déficit de tarifa y ha señalado que este se debe a una «insuficiencia en los peajes de acceso» y no al precio del mercado mayorista.

La presidenta de Acciona Energía, Carmen Becerril, consideró «contradictorio» que el Gobierno fomente la exportación de renovables mediante el ICEX o el IDAE mientras «simultáneamente» envía «un mensaje autodestructivo» y criticó a los gobiernos por no adaptar la tarifa eléctrica a los costes del sistema.

Por su parte, el presidente de Abengoa Solar, Santiago Seage, defendió que «el potencial de las renovables sigue siendo enorme» y subrayó la necesidad del apoyo a estas tecnologías, al menos hasta que el sistema interiorice costes como las emisiones de CO2.