Las asociaciones fotovoltaicas, satisfechas con el deseo de incluir enmiendas al recorte de las primas de CiU y PNV

No obstante, estas asociaciones reiteran su decepción por la aprobación sin cambios por parte del Congreso del real decreto ley 14/2010 con medidas urgentes para el sector eléctrico en el que, entre otros aspectivos, se recorta el número de horas con derecho a prima para este sector.

Las asociaciones dicen que esperaban del Congreso «una mayor conciencia responsable de algunos grupos parlamentarios» y consideran que «sólo el buen sentido de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas podrá impedir que se atente de forma impropia contra las bases de cualquier política razonable, como, por ejemplo, defiende la Unión Europea».

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) piden ahora a los partidos «un ejercicio de responsabilidad» que impida «la tendencia impuesta» por el Ministerio de Industria de «truncar la apuesta por la energía solar fotovoltaica».

Junto a esto, hacen un llamamiento «a los poderes públicos y a las administraciones» para que «respeten los derechos socioeconómicos de los inversores, promotores, productores y trabajadores de la industria fotovoltaica, que, con sus avances tecnológicos y una capacidad financiera y empresarial reconocida a nivel mundial, constituyen una de las herramientas básicas para el futuro energético sostenible español«.

«Sólo en un clima de sentido común y de auténtica justicia se podría evitar, en las próximas semanas, el descrédito de España como país cumplidor de sus compromisos financieros y jurídicos nacionales e internacionales», aseguran.

Extremadura estudia recurrir ante el TC el decreto de fotovoltaicas

Por su parte, la Junta de Extremadura estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 14/2010 aprobado por el Gobierno que regula la concesión de primas a la instalación de plantas de energía fotovoltaica, porque considera que «discrimina de una manera injustificada» a la región extremeña.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó encargar a sus servicios jurídicos la elaboración, «con la mayor urgencia posible», de un informe sobre la posibilidad de «interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinadas disposiciones» de este decreto ley, según ha anunciado en Mérida el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente del Gobierno regional, José Luis Navarro.

En concreto, Navarro destaca que la Junta de Extremadura «no comparte» la disposición transitoria segunda, que establece para los años 2011, 2012 y 2013 una limitación de horas anuales de funcionamiento «única para toda España», cuando esta limitación, «para toda la vida de la planta es diferente en función de la zona climática».

El consejero explicó que el Gobierno extremeño ha tenido una reacción «instantánea» en este asunto, ya que el mismo día que se aprobó este decreto en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno regional encargó un informe para estudiarlo en el Consejo de Gobierno.

Tras analizar este informe, el Consejo de Gobierno concluyó que «hay fundamentos» para interponer este recurso de inconstitucionalidad, aunque advirtió de que su presentación finalmente dependerá de las conclusiones que arroje el estudio que realicen los servicios jurídicos, aunque «existe una mecanismo por el cual se podría corregir este aspecto», a través de las enmiendas que algunos grupos parlamentarios presentaron en el Senado a la Ley de Economía Sostenible.

Una ley que «no tiene nada que ver con el déficit tarifario», pero sin embargo, algunas de las enmiendas presentadas proponen incluir disposiciones adicionales a la Ley de Economía Sostenible, que corregirían el Real Decreto sobre fotovoltaicas, como la que «modifica la tabla de limitación de horas para el año 2011, 2012 y 2013».

Sin embargo esta enmienda, tal y como está expresada, a pesar de modificar la tabla de limitación de horas «sigue sin diferenciar zonas climáticas», por lo tanto no resuelve la discrepancia de Extremadura con el decreto.

En cualquier caso «estaremos muy pendientes del trámite, primero en el Senado y cuando vuelva al Congreso, de esa Ley de Economía Sostenible», por si se corrigiera satisfactoriamente el asunto de la limitación de horas para esos tres años, y en ese caso no sería necesaria la interposición del recurso de inconstitucionalidad.