Las asambleas contra el fracking de Cantabria, Burgos y País Vasco se unen contra el permiso Angosto

Estas alegaciones se producen en el proceso de evaluación de impacto ambiental del sondeo Angosto-A de perforación y estimulación por fractura hidráulica, situado en Loma de Montija, a unos tres kilómetros de Espinosa de los Monteros. En este sentido, en aplicación del «principio de prevención», las asambleas solicitan que se anule el proyecto de perforaciones exploratorias en las áreas de interés Angosto debido a las consecuencias perjudiciales que podría tener su ejecución en las personas y en el medio ambiente.

El objetivo de la entrega conjunta de alegaciones, más allá de la cantidad de firmas recogidas, es «aumentar los lazos de solidaridad y ayuda mutua entre los distintos territorios afectados, y dejar claro que esto nos afecta a todos. No queremos fracking, ni aquí ni en ningún sitio», explican las asambleas de Cantabria, Burgos y País Vasco de forma conjunta.

El sondeo Angosto-A se encuentra dentro del permiso de investigación Angosto-1, operado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA) empresa gestionada por el Gobierno vasco, que promueve varios proyectos de fracking en un territorio muy extenso. Se trata de un permiso de investigación que afecta a las comunidades de Castilla y León, Cantabria y País Vasco. Las asambleas contra el fracking destacan que las afecciones ambientales, económicas y sociales, no se limitan únicamente al sondeo Angosto-A, y alertan del «efecto acumulativo» del elevado número de permisos de exploración, investigación y explotación que se están otorgando en estas comunidades.

El permiso Angosto-1 fue otorgado por seis años en 2006 por el Gobierno socialista, y prorrogado en 2012 por el Gobierno del PP, que recientemente autorizó la concentración de los trabajos e inversiones de los permisos de investigación Enara, Usoa, Mirua, Usapal y Angosto-1, «extendiéndose la afección acumulativa de estos proyectos hasta la Comunidad Autónoma de Navarra». Las asambleas advierten que la Cuenca Vasco-Cantábrica es una cabecera de cuencas hidrográficas que dan de beber a grandes núcleos de población, por lo que denuncian que «promocionar de esta manera el fracking es un atentado contra el sentido común y la salud«.

En el escrito de alegaciones, manifiestan la «caótica tramitación» administrativa que se lleva a cabo no solo en este permiso, en el que a su entender «se evidencia un proceder inaceptable» por parte de la Administración competente en materia ambiental, sino el «déficit democrático y la opacidad» que está siguiendo el impulso del fracking desde la Administración central, mediante «apresuradas modificaciones de ley y recursos de inconstitucionalidad a las numerosas prohibiciones autonómicas, desoyendo la oposición popular y la multitud de informes y estudios internacionales que alertan de sus efectos nocivos».

Desde los colectivos antifracking animan a la población «a no bajar la guardia, a participar en las asambleas y a secundar masivamente las movilizaciones que se llevarán a cabo en caso de que empresas y gobiernos continúen con sus planes de poner en marcha proyectos con técnicas no convencionales como el fracking«. En esta línea, las asociaciones reiteran que el uso de la fractura hidráulica supone asumir riesgos importantes para las personas y el medio ambiente, tales como sobre-explotación de recursos, contaminación de aguas subterráneas y superficiales, emisiones a la atmósfera, riesgos para la biodiversidad, impactos acústicos o tráfico elevado.