La Xunta propone un «aterrizaje suave» en el final de las primas a la eólica o garantizar la percepción de un precio estimado durante 20 años

El Gobierno central acordó, mediante Real Decreto Ley el pasado Consejo de Ministros, la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

El director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, analizó el texto y determinó que la norma «habilita» a la Comunidad Autónoma en su artículo 3.3 para plantear un régimen económico específico para los parques que presentan una «alta eficiencia», como es el caso de los gallegos –todos los del concurso eólico de 2009 superan las 2.500 horas anuales de viento–.

Así las cosas, en una sesión informativa, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, salió al paso de las críticas que afirman que con la decisión estatal se paraliza el sector al afirmar que «si algún concurso eólico en España tiene condiciones para salir adelante, sin duda, es el gallego».

Al respecto, Guerra reivindicó que «parece razonable» que quien tiene «el recurso» pueda explotarlo, destacó que las propuestas de la Xunta están «en línea» con la idea del Ejecutivo de «primar la eficiencia» y abogó por un sistema de «equilibrio» entre las posibilidades de desarrollo del sector y el «freno» al déficit tarifario, que en los últimos tres años repercutió sobre los usuarios a través de un aumento «del 50%» de la tarifa eléctrica.

«Lo que planteamos es beneficioso para nuestro concurso porque los –parques eólicos– más eficientes son los nuestros», resaltó el conselleiro, antes de advertir de que «el partido está sin acabar» y la pretensión de la Xunta es que su misiva sea respondida «lo antes posible» –aunque el decreto, temporal, tiene el plazo mínimo de un año–. Asimismo, el titular de Economía e Industria informó de que ya solicitó una reunión con el secretario de Estado de Energía.

En concreto, la primera propuesta del Gobierno gallego consiste en que se reconozca el 70% de la prima actual a los parques autorizados en 2012. Aunque la consellería espera que sean todos los del concurso eólico, admite la posibilidad de que haya autorizaciones en 2013, para las que pide un 50% de la prima actual. Se trataría de «un aterrizaje suave» en el fin de las primas, destacó el director xeral de Industria, Enerxía e Minas.

La segunda alternativa demuestra, según Javier Guerra, que Galicia «no tiene miedo a competir» en el sector eólico, ya que demanda –siempre y cuando no «fuera viable» la anterior– que el Gobierno central «garantice la percepción» de una estimación de la evolución del precio de mercado de la energía durante la vida útil del parque, aproximadamente de unos 20 años. En la actualidad, el precio de la energía se sitúa entre 55 y 60 euros por megavatio, y «al alza», subrayó el conselleiro.

Además de recalcar que la Xunta está «completamente volcada» con el eólico, Guerra hizo hincapié en que es «rotundamente falso» que el actual Gobierno «tenga algo que ver» con que los 2.325 megavatios adjudicados por el concurso de 2009 no entrasen en el registro de preasignaciones –lo que les daría derecho a recibir primas–.

Esto es así, explicó, porque el referido registro se creó, también por Real Decreto Ley, en abril de 2009, abriendo un plazo de 30 días naturales para la presentación de proyectos –esto es, hasta el 7 de junio de 2009–.

El anterior concurso del Gobierno bipartito, de 2008, requería entre 18 y 19 meses de tramitación, lo que llevaría hasta agosto de 2010 y haría «imposible» cumplir los plazos fijados para entrar en el registro, subrayó Guerra. Negó, de esta forma, que la anulación del anterior procedimiento por parte de la actual Xunta tuviese «algo que ver» con que los megavatios no estén a día de hoy incluidos en el fichero que permite obtener las primas.

Asimismo, aseguró que «a día de hoy» no tiene «conocimiento» de que ningún adjudicatario del concurso eólico «quiera renunciar» a sus proyectos, pese a admitir que puede haber «algún disgusto» en el sector.

Guerra rechazó que exista ahora más «inseguridad jurídica» y reivindicó que el desarrollo del concurso prosigue «correctamente» ya que se encuentra todavía en la fase de procedimientos administrativos. En el caso de elaborarse un nuevo registro de preasignaciones, este no habría sido hasta el año 2013, ha dicho.

Convencido de que el Gobierno central «va a atender con interés» las peticiones de Galicia, Guerra señaló que el caso concreto de Estela Eólica –que prevé la construcción de una planta de tratamiento de residuos con incineradora– es «exactamente igual» al del resto de empresas.

«Estamos haciendo una propuesta porque la norma nos habilita, no porque nos estemos descolgando. No es una enmienda a la totalidad, sino ejercer la habilitación que la norma nos da», zanjó el director xeral.

El BNG cree que el Gobierno «echa abajo el proyecto estrella» de Feijóo

Por su parte, el BNG aseguró que la decisión del Gobierno de suspender la incorporación de nuevas instalaciones de régimen renovable con derecho a prima «echa abajo el proyecto estrella» de la Xunta y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para crear empleos en el sector industrial.

Tanto el portavoz nacional de la formación nacionalista, Guillerme Vázquez, como el diputado Fernando Branco Parga aludieron de este modo al plan de la Xunta para adjudicar más de dos mil megavatios, un proyecto que, según el Gobierno gallego.

Ambos coincidieron en denunciar la derogación por parte de la Xunta del «concurso legal» desarrollado por el Gobierno gallego la pasada legislatura, con el BNG al frente de la Consellería de Industria, ya que si no se hubiese derogado, dijeron, el sector eólico no se vería en la situación que tendrá que afrontar ahora con la suspensión de primas.

Branco Parga acusó a la Xunta, además, de «mentir abiertamente», ya que en junio de 2009 ya gobernaba en Galicia Alberto Núñez Feijóo, por lo que «el bipartito no pudo frenar nada» en esa fecha.

Además, insistió en que el departamento que dirige Javier Guerra falta a la verdad al plantear una posible excepción para aerogeneradores de alto rendimiento, ya que el Gobierno excluye expresamente la energía eólica en ese supuesto, dijo.

De este modo, el «proyecto estrella» de Núñez Feijóo va a ser un «fiasco», en opinión del BNG, ya que no va a poder desarrollar el plan para movilizar 6.000 millones de euros y crear 14.000 empleos.

Guillerme Vázquez calificó de «desastre» la política industrial de la Xunta que lleva a la «caída en picado» de empleos en este sector y con la que «pierde Galicia».

Vázquez anunció iniciativas del BNG tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso para «dar la batalla» sobre esta cuestión y demandó a Núñez Feijóo que «dé explicaciones y que golpee en la mesa de una vez para defender los intereses del país».

En su intervención, Branco Parga criticó además que otras comunidades, entre ellas Extremadura «gobernada por el PP», protestaron contra las intenciones del Gobierno, mientras que Núñez Feijóo «se ha puesto una vez más de perfil» ante los problemas que afectan a los gallegos.

Monago trasladará a Soria los perjuicios de la suspensión de primas para Extremadura

En este sentido, el jefe del Ejecutivo extremeño, José Antonio Monago, anunció que mantendrá un encuentro el jueves con José Manuel Soria, a quien trasladará su malestar por la decisión del Gobierno de suprimir de forma temporal las primas a las energías renovables.

Monago dijo que el propósito principal del encuentro es «seguir hablando de nuestras aspiraciones en materia de renovables», un sector estratégico de gran importancia en Extremadura, significó.

El Gobierno de Extremadura consideró que esta decisión perjudica «gravemente» los intereses de la comunidad autónoma, dado el gran volumen de proyectos eólicos, termosolares, solares fotovoltaicos y de biomasa que estaban sobre la mesa y que esta decisión podría poner en peligro.

El Ejecutivo regional mantiene su defensa de un sector que considera estratégico, como es el de las energías renovables, y pedirá explicaciones acerca de la modificación del actual marco regulatorio aunque se anuncia que ésta es temporal, dada la trascendencia que esta decisión puede tener sobre proyectos ya anunciados y que tendrían un gran impacto en materia de inversión y de generación de empleo en Extremadura.