«Lo hicimos todo con respeto, solidaridad, verdad y coherencia, pero no queda más remedio que acudir a la Justicia«, ha lamentado el presidente, quien ha insistido en que la aprobación de la norma estatal supondrá la pérdida de unos 3.500 empleos en la comunidad y el «posible cierre» de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.

Según ha concretado, tras el Consello de la Xunta, se demanda la «suspensión cautelar» del decreto en base a «los perjuicios de imposible o difícil reparación» que supondría para el sector, la existencia de «perturbación grave» para los intereses generales y a la «nulidad» de la norma.

No es la primera vez que el presidente de la Xunta valora este asunto. En declaraciones a los medios de comunicación la semana pasada ya consideró «irresponsable» la actuación del Gobierno central por «poner en riesgo» los más de 3.000 empleos de las térmicas gallegas tras la aprobación del Decreto del Carbón.

Mientras tanto, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró a los mineros gallegos que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, le transmitió la «garantía absoluta» de que las centrales térmicas «no se van a cerrar porque son imprescindibles para el desarrollo estratégico del plan energético de España».