La actuación de Bruselas responde a la denuncia presentada el pasado 26 de septiembre por la patronal europea del sector fotovoltaico, EU ProSun, que representa a más de 20 empresas españolas, alemanas o italianas que aglutinan más del 25% de la producción de esos productos en la Unión Europea, y en la que alegaba que «los paneles solares y sus componentes clave importados de China se benefician de subsidios públicos ilegales».

Según informaron desde Bruselas, ésta es la denuncia antisubsidios «más significativa» que recibieron hasta ahora en términos del valor de las importaciones concernidas.

Por este motivo, el Ejecutivo comunitario quiso dejar claro que «tiene la obligación» de iniciar una investigación antisubsidios si recibe una «denuncia válida» de empresas de la Unión que proporcione «evidencias de que un producto exportado de uno o más países está recibiendo subsidios y causando daños» a la industria europea.

Según la Comisión Europea, la asociación aportó «elementos suficientes» que demuestran la existencia de posibles subsidios concedidos por el Gobierno de China, perjuicios causados a la industria de la Unión y un posible vínculo entre las importaciones subsidiadas y los daños.

A continuación, Bruselas enviará cuestionarios a las partes interesadas (las autoridades chinas, los exportadores, los productores europeos, los importadores y las asociaciones) para recabar más información, que luego será verificada.

Sobre la base de esos datos, la Comisión decidirá si efectivamente hubo o no subsidios y si fueron los responsables de los perjuicios causados a la industria europea.

Al término de 9 meses (la fecha límite es el 5 de agosto de 2013), la Comisión Europea dará a conocer los resultados provisionales de la investigación y, entonces, podrá imponer derechos compensatorios (que pueden durar cuatro meses), continuar la investigación sin imponer esas tasas o cerrar las pesquisas.

Cabe recordar que Bruselas ya inició el pasado 6 de septiembre un primer procedimiento contra China, que continúa su curso, alegando que vende los paneles solares a precios inferiores al coste de producción (práctica conocida como «dumping«), causando un importante perjuicio a la industria europea.

El Gobierno chino replicó a esta ofensiva presentado esta semana una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las subvenciones que concede la Unión Europea y algunos Estados miembros, en particular Italia y Grecia, a la energía solar.

Las investigaciones de la Unión Europea durarán un total de 15 meses, pero Bruselas puede imponer ya aranceles a las importaciones chinas en un plazo de 9 meses, de acuerdo a las reglas de defensa comercial, siempre que recopile pruebas suficientes sobre la existencia de «dumping» o de subvenciones «prima facie» (ilegales).

En 2011, China exportó paneles solares y sus componentes claves por valor de alrededor de 21.000 millones de euros a la Unión Europea.