Tras año y medio de negociaciones, la UE aprobó finalmente toda una serie de medidas para impulsar la liberalización de los mercados del gas y la electricidad que, entre otras cosas, obligarán a las compañías dominantes a facilitar a la competencia el acceso a sus redes.

El Parlamento Europeo (PE) dio luz verde con amplias mayorías a las dos directivas y tres reglamentos que forman el llamado «paquete energético» después de llegar a acuerdos con los gobiernos europeos, que arrancaron muy divididos las negociaciones.

Las principales diferencias se centraron, desde el primer momento, en la propuesta de la Comisión Europea (CE) para forzar la separación patrimonial de las actividades de producción, transporte y comercialización, lo que suponía en la práctica la desmembración de los grandes grupos energéticos que operan en Europa.

Finalmente, los países podrán elegir entre tres opciones para facilitar el acceso de las empresas a las grandes redes de los monopolios tradicionales: forzar a las empresas a deshacerse de su negocio de transmisión, hacer que cedan su gestión a un operador independiente u obligar a las compañías a permitir que la unidad de redes funciones de forma independiente dentro de la compañía.

El tercer modelo, propuesto por Alemania y Francia, despertaba dudas en algunos países que consideraba que no ofrecía las garantías suficientes.

En cualquier caso, las nuevas medidas llevan en la práctica a una separación de las actividades de transmisión del resto de las de las empresas que, para la UE, deben mejorar la competencia y reducir los precios para los consumidores.

Al mismo tiempo, la legislación incluye salvaguardas para evitar que las redes caigan en manos de compañías extranjeras si éstas no se someten también a la separación patrimonial o si su entrada en el mercado puede poner en peligro la seguridad energética del país.

En cuanto a las medidas directas para mejorar la situación de los consumidores, los textos aprobados por la Eurocámara establecen que los usuarios podrán cambiar de suministrador de gas o electricidad en tres semanas y sin ningún gasto y que recibirán obligatoriamente una mayor información sobre su consumo y facturación, incluidos detalles sobre el origen de la energía que utilizan.

Además, la nueva legislación prevé compensaciones para los usuarios en caso de que las empresas no cumplan con los niveles de calidad, por ejemplo, por errores o retrasos en las facturas.

La UE forzará también a las autoridades nacionales a garantizar el servicio de electricidad a todos los hogares independientemente de su ubicación y a que el acceso tenga precios «razonables» y «transparentes«.

Por otra parte, las nuevas normas impulsarán la solidaridad energética dentro de los Veintisiete e incluyen la creación de una Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos que aprobará líneas de actuación que posteriormente la Comisión Europea tendrá que hacer vinculantes para casos como los procedimientos de emergencia.

También se establecerán redes europeas para la cooperación entre los operadores de las líneas de transmisión de electricidad y gas y se obligará a estas compañías a presentar a las autoridades nacionales sus planes de desarrollo cada dos años.

La UE impulsará además medidas para reforzar la independencia de los reguladores nacionales y para reforzar la colaboración entre ellos a escala europea.