La tentación del vacío

Detrás de cada eufemismo hay un tabú indeseable y, por tanto, impronunciable.

Ayer conocíamos que el Acuerdo Social y Económico (ASE) en su presentación pública, ha pretendido emular los míticos Acuerdos de la Moncloa. El documento está siendo criticado por su inconcreción en los apartados complementarios al del cambio en el sistema de jubilación. Así, el Documento del Acuerdo está centrado fundamentalmente en la reforma de las pensiones y contiene un apartado dedicado a la energía, cuya parte positiva es la inclusión en la agenda pública de la cuestión energética, fijando la atención de las fuerzas políticas, de los agentes sociales y, por ende, de la sociedad en esta cuestión. Realmente, viene reclamándose desde hace tiempo y se han producido distintos intentos de un pacto energético para resolver la situación actual y los problemas energéticos del país. Por tanto, promover un acuerdo en este terreno es una necesidad política y económica.

Ciertamente, cabe preguntarse si los mecanismos que propone este documento para que se produzca un acuerdo son los adecuados para no interferir desde postulados políticos o ideológicos en una cuestión que requiere decisiones de un fuerte componente técnico y económico.
Pasando al contenido del documento en materia de energía, hay que evidenciar notables carencias para situar el escenario y terreno en el que se debe producir el acuerdo, identificando los problemas reales y las líneas que orienten la solución de los problemas, la definición de la política energética y la gestión de las medidas que surjan del mismo. Así, el texto, en el ámbito energético, es un ejercicio vacío y, probablemente, peor que cosmético, suavizado, edulcorado o bienintencionado. El documento no aborda, y por tanto, elude y oculta los problemas energéticos del país y, para ello, opta por acudir a lugares comunes, a la retórica, a ejercicios discursivos propios de marketing político (desde la seguridad de suministro, las economías emergentes y todos los elementos que conforman esa larga introducción). En definitiva, el documento contiene buen número de eufemismos y elipses, para no identificar los problemas y afrontarlos con decisión.

Por eso es paradójico que en el documento no haya una sola alusión al problema energético más importante de nuestro país: el grave y galopante problema del déficit tarifario. Un problema que va a condicionar toda la política energética y que no está tratado ni siquiera por la vía del subterfugio, dadas las implicaciones económicas y financieras del mismo. Y eso que hoy ya no es un problema sólo y exclusivamente del sector eléctrico o energético. Es un problema para el conjunto de la economía y para la sociedad. El problema del déficit es una pesada y voluminosa carga, que obligará a que los consumidores durante muchos años tengan que pagar el consumo futuro y presente de cada momento, junto con el consumo pasado aplazado o endeudado. Existen ejemplos de reconocimiento político e institucional de la gravedad de este problema: en su momento, la Subcomisión de Energía del Congreso recogió, con elegancia, entre sus conclusiones el déficit tarifario como un grave problema regulatorio.

El segundo problema que no aparece en el documento y está derivado y relacionado con el anterior es la evolución de tarifa eléctrica y sus componentes. No se puede desviar la atención de una situación dual a la que estamos llegando derivada de la política de precios y generación de déficit: si bien los precios en el mercado de generación son de los más bajos de Europa, los componentes regulados (primas, retribuciones de actividades y deuda antigua) de la tarifa han ido engrosando de forma que la tarifa que se está empezando a cobrar a los consumidores, está subiendo y escalando posiciones en este ranking europeo. Pero es que el horizonte es incierto: la evolución de los precios del petróleo está en ascenso, cierto contagio a los precios de las energías primarias por la inestabilidad geoestratégica y una previsible cierta reactivación de la demanda (hay que recordar que los precios de la energía están en niveles mínimos en series históricas). Así, el problema es más grave, si se converge la tendencia a la subida de precios, la acumulación de deuda antigua, con las señales escasa capacidad y voluntad política para abordarlo que evidencia una laxitud como la que contiene este documento en este terreno. Un solo dato: con la subida de precios del mes de enero, que tampoco ha servido para reducir el déficit tarifario, se ha formado una revuelta política que ha llevado al Ministro de Industria a abjurar de futuras subidas de precios.

Por añadir elementos que señalan la importancia de la cuestión, mañana estará la Canciller alemana Angela Merkel en Madrid y es sabido el interés de Alemania y de sus entidades financieras por la evolución de la deuda pública, incluyendo la asimilada figura y necesaria colocación del déficit tarifario y cuyo montante se cifra en 20.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta, además, que se nos han solicitado garantías de que se van a hacer los esfuerzos necesarios para su reconducción futura. Cualquiera que conoce el tema del déficit tarifario y comprende su naturaleza económica no sale de su asombro: la creación de una hipoteca futura económica para un consumo presente. Por eso la pregunta, si ella o alguno de los ministros que le acompañan lee la parte energética de este documento, es: ¿qué podrá pensar?

Por otra parte, lo más concreto del documento, la alusión a una nueva política de desarrollo de energías renovables, tras su impulso descontrolado, se salda con una apelación ambigua al desarrollo de estas tecnologías (¿quizá está expresado de una manera eufemística para que se «internacionalicen»?). En todo caso, es necesario que dentro de esas líneas, figure que se inscriba la política de renovables en el marco de la política energética, dentro del sistema eléctrico, abordando en profundidad la necesidad de una moratoria fotovoltaica y termosolar.

Se podían hacer otras críticas parciales y puntuales a este documento, pero son de menor calibre. El problema del «mix energético» en este contexto, con la caída de la demanda (con ligeras diferencias entre las distintas estimaciones conocidas), con la potencia instalada actual y pendiente de poner en funcionamiento, en los próximos cinco años, es un falso problema, casi un ejercicio de salón. Más bien, es un dato de partida, una constante en la ecuación (y en este sentido, el cierre de Garoña sigue siendo una aberración económica).

Además se puede constatar la existencia de otros errores conceptuales, como considerar energías finales a las energías renovables, la inclusión en el pacto de cuestiones en las que sólo podemos cumplir la mitad de las mismas con nuestra voluntad y acción de gobierno (la interconexión con Francia), la remisión al grupo de nombre ampuloso de las decisiones políticas pendientes sobre residuos nucleares (léase el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado), el enésimo anuncio de una Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética, la apelación providencialista a las posibilidades de ahorro de las redes inteligentes o el anuncio de tarifas supervalle, después de haber vuelto atrás con la tarifa nocturna.

En resumen, el documento en el ámbito energético no proporciona un marco realista de la situación, políticas y reformas a abordar. Su exposición es atemporal, no contiene un diagnóstico, no recoge los problemas graves y fundamentales, ni los retos que nuestra sociedad requiere, ni las líneas que exigen los esfuerzos para superarlos. Resulta un ejercicio inexpresivo e intransitivo, procedente más del marketing político. Algo que empieza a ser moneda común en nuestro país, formulaciones etéreas, retóricas o políticamente correctas e insípidas que no se corresponden con la profundidad y exigencias de los problemas. Y, lo que es peor, refleja a una sociedad con resistencias psicológicas a abordar la realidad, con unas clases dirigentes y agentes políticos y sociales que no quieren enfrentarse a los problemas, mirando a los ojos a la situación actual del sector.