La técnica Mourinho y el filibusterismo en la renovación de la Comisión Nacional de Energía

Hoy conocemos, tras la comparecencia de ayer, la posición del Partido Popular respecto a la candidatura de Tomás Gómez San Román, en el sentido de apreciar incompatibilidades en su propuesta al haber trabajado para varias empresas energéticas, cosa que seguramente a Idoia Zenarruzabeitia no le pasa, al provenir de la Vicepresidencia del Gobierno Vasco, los servicios jurídicos del PNV, su pase por varias empresas del País Vasco y con la anuencia del Euskadi Burru Batzarra.

Esto nos lleva a una situación paradójica. Mayores cuestionamientos, presentados de forma más notoria en sede parlamentaria, a un profesional con poca o nula vis política, Tomás Gómez San Román (por su actividad anterior) y, por otro, oposición más de corte estrictamente político, ligada al doble juego y las corrientes relacionadas con los apoyos parlamentarios (llevamos días conociendo que el PNV, ora retira el apoyo al PSOE, ora lo recupera, ora lo aplaza, ora habla también con PP) hacia el nombramiento de la ex Vicepresidenta del Gobierno Vasco. Por todo ello, el Partido Popular solicitó un informe a los servicios jurídicos del Congreso sobre el alcance y limitaciones de la actividad de Gómez San Román para señalar en qué cuestiones debería inhibirse en un futuro y durante cuánto plazo.

Por tanto, lo que se extrae de la situación es que lo que parece seguro es apostar por completar los Consejos de Administración de los órganos reguladores por políticos en lugar de profesionales y expertos (técnicos, jurídicos, económicos, financieros, de mercados). De este modo, seguramente no se producirá ninguna incompatibilidad.

Lo bueno de los comportamientos de representantes políticos en los órganos reguladores es que no deben someterse a todos esos criterios jurídicos, técnicos, económicos, financieros, etc… (que, por otra parte, reclaman de las instituciones económicas y los mercados). Libres de toda atadura y de precisar conocimiento sectorial, adanistas en grado sumo, basta en ese caso con ideología, con comportamientos de traslado de la lógica política (intervención en los mercados, las empresas, etc…) o la misma transmisión de reclamaciones de intereses puramente territoriales o de sectores afines. Como ven, para los defensores de la ortodoxia económica y de los mercados, este el mejor de los mundos posibles.

Evidentemente, esta crítica no obsta a que se garantice para todos los candidatos la capacidad técnica de los mismos, así como que se identifiquen los posibles conflictos de interés en que pudieran incurrir, y por otra parte, reclamar hacia el futuro, transparencia, honradez y honestidad en su comportamiento. Pero apuntar hacia la exclusión de los profesionales por el hecho de ejercer su actividad es, sencillamente, perverso.

Por su parte, el Partido Popular ya anunció el torpedeo al proceso y parece que hasta el momento se va cumpliendo. En días pasados, defendió en el Congreso de los Diputados una posición mucho más integrista respecto a las mayorías parlamentarias para la renovación de presidente y consejeros de los órganos reguladores. Todo ello con la amenaza del portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, de la remoción completa de los organismos que surgieran de este proceso de renovación iniciado tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible (en el caso de obtener una mayoría suficiente para efectuar su propia operación Gerónimo).

Este proceso de obstaculización de los nombramientos de los nuevos consejeros en práctica parlamentaria sajona se denomina filibusterismo y en «roman paladino», el perro del hortelano, aunque también se conoce futbolísticamente como «táctica Mourinho». El filibusterismo, en sí no es un problema. Es una táctica cuyo objetivo es ser destructivo, el cuanto peor, mejor. Lo que es importante es denominar a las cosas por su nombre. También es cierto que en las prácticas filibusteras tienen que ver los comportamientos y recelos mutuos de las partes y la estrategia parlamentaria y electoral de los bloques políticos en liza. Pero, lo que está claro es que no resuelve los problemas del país, ni del órgano regulador.

¿Es tan difícil que nuestros representantes políticos se sienten e identifiquen un número de siete expertos, profesionales, complementarios en el sector energético que aporten respetabilidad prestigio y confianza? ¿Es tan complicado que se comprenda una hoja de ruta para hacer las cosas bien? No nos engañemos, un proceso como el que se está llevando, tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, nos remitirá al pasado, a unos organismos independientes cuestionados, a los que les sobrevolará la duda y el cuestionamiento permanente.

No todo iban a ser malas noticias. Tengamos un cierto hilo de esperanza. Parece que pueden existir gestos de vuelta a la negociación tras las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. ¿Algo se mueve?