La tarifa de la luz asumirá 53 millones de euros de la moratoria nuclear en 2012, de la que todavía quedan 317 millones por pagar

El pago de 2012 para indemnizar a los promotores de los proyectos de construcción de tres centrales nucleares suspendidos en 1984 es un 15% inferior a los 63 millones de euros dedicados a este mismo concepto en 2011, según aparece reflejado en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo calculó que la anualidad de 2012 para la central de Lemóniz será de 27,8 millones de euros, tras lo que quedan pendientes 165,3 millones de euros para compensar definitivamente el coste de la instalación.

Por su parte, la central de Valdecaballeros tiene asignada una anualidad de 24,8 millones de euros en 2012, mientras que la de Trillo II, de 806.781 euros. Una vez descontados estos importes anuales, la cifra pendiente de compensación asciende ahora a 147 millones de euros y 4,7 millones de euros para estas centrales de Valdecaballeros y Trillo II, respectivamente.

La central de Lemóniz era propiedad Iberdrola al 100% en el momento de la moratoria, mientras que Valdecaballeros estaba participada en un 48,08% por Iberdrola y en un 51,9% por Sevillana de Electricidad. En Trillo II participaban Unión Fenosa (63,6%) y Endesa (36,3%).

Las compañías recibieron la indemnización total, de 4.383 millones de euros, en un solo pago y a través de un fondo de titulización constituido en 1996 por 4.278 millones de euros y conocido como Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear.

El importe global de la moratoria se distribuye a razón de 2.273 millones de euros para Lemóniz, 2.043 millones de euros para Valdecaballeros y 66 millones de euros para Trillo II.

La compensación total debe quedar «plenamente satisfecha»a través de la tarifa eléctrica por los consumidores durante 25 años a partir del 20 de enero de 1995, esto es, hasta 2020, mediante un porcentaje inferior al 3,54%. En abril de 2006 entró en vigor un real decreto que fijó en el 0,33% el porcentaje de la tarifa eléctrica con destino específico para la moratoria.

La Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Losen), actualizada en la norma de 1997 sobre el sector eléctrico, decretó la paralización definitiva de las centrales en proyecto así como la extinción de las autorizaciones concedidas.

Ante esta situación, la propia ley contemplaba que los titulares percibirán una «compensación por las inversiones realizadas en los mismos y el coste de su financiación mediante la afectación a ese fin de un porcentaje de la facturación por venta de energía eléctrica a los usuarios».

Precisamente, es Industria, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, quien calcula cada año la anualidad necesaria para satisfacer las compensaciones, después de recibir un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) con el importe de cada una de las partidas que deben quedar restituidas.