La SEPI nombra a Francisco Gil presidente de Enresa y a Adolfo Cazorla, consejero delegado

La SEPI acordó además la futura designación de un director económico-financiero y de control para esta empresa, así como el nombramiento de Matilde Galván Vallina como administradora única de Cofivacasa.

Gil Ortega es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y fue director del Instituto Politécnico de Ciudad Real. Actualmente, desempeñaba la función de vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Por su parte, Cazorla Montero es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático del área de Proyectos de Ingeniería, siendo también vicerrector de Asuntos Económicos y, con anterioridad, secretario general de esta Universidad. Cazorla es además consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Finalmente, la nueva administradora única de Cofivacasa es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Inició su actividad laboral en el sector privado, y entre otras empresas, trabajó en Heineken España como jefa de Tributos y de Administración. En el año 2002 se incorporó a la Fundación SEPI, donde hasta su actual nombramiento era subdirectora general.

Greenpeace lamenta la falta de criterio técnico y económico en la elección «política» del nuevo presidente de Enresa

La organización ecologista Greenpeace ha lamentado la falta de criterio técnico, científico y económico en la elección «política» del nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa).

El responsable del área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Carlos Bravo, ha señalado que, a su juicio, ha ganado el candidato de María Dolores de Cospedal, a la que acusan de «querer controlar» el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado.

«Parece que era el candidato de Cospedal para hacer el proyecto del ATC en Castilla-La Mancha. No hay ningún argumento más (en la elección del nuevo presidente de Enresa)», ha afirmado.

Así, Bravo ha lamentado que en la designación, que se ha prolongado durante meses, finalmente hayan pesado las motivaciones políticas puesto que el perfil de Francisco Gil Ortega «no tiene mucho que ver» con el ámbito nuclear.

Igualmente, considera que la ubicación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) «no tiene sentido» porque era la cuarta opción entre los ocho municipios finalistas. Por eso, ha recordado que esta es la opción de un proyecto sin justificación «ambiental, económica y social».

A este respecto, ha recordado que para Greenpeace, la opción menos mala serían los almacenes temporales individualizados (ATI) porque entrañan menos riesgo ambiental y son más económicos, pero dentro de la elección del Gobierno de construir un ATC «esta era la peor opción» y parece que al Ejecutivo «no le importan los conocimientos técnicos ni los parámetros científicos» sino que el nombramiento es «absolutamente irracional».

En todo caso, ha anunciado que pedirán al nuevo presidente de Enresa una reunión y que tratarán de mantener con él una relación «cordial y de diálogo», igual que se ha mantenido hasta ahora con José Alejandro Pina, el anterior presidente.