La seguridad en las nucleares de España es mejorable, según la CE

Bruselas no ve riesgo inmediato en «ninguna» de las centrales nucleares de la UE pero sí margen de mejora en muchas
«En ningún Estado miembro es necesario tomar medidas inmediatas para detener de inmediato alguna de sus centrales, aunque sí se detectaron elementos en los que es posible un margen de mejora», explicaron fuentes comunitarias. Los expertos comunitarios admitieron que los datos remitidos por cada país son «muy diferentes» en cuanto a contenido, detalles y formato, pero aclararon las debilidades de cada uno.

En concreto, España podría «aumentar la fortaleza» de sus centrales nucleares frente a inundaciones, en ciertos casos de terremoto, a la hora de afrontar la pérdida de la alimentación eléctrica externa o del sistema de disipación del calor, así como en la gestión de un accidente severo. Las plantas españolas hicieron públicos los resultados de sus exámenes a principios de noviembre y afirmaron haber superado con éxito las pruebas realizadas.

Mientras, los ecologistas denunciaron que los exámenes realizados no son suficientes y que no se puso a prueba la resistencia de las centrales en caso de que se combinaran varios de los supuestos.

La Comisión insistió en que estos datos se basan en informes de seguimiento (realizados por los propios operadores de las centrales) no definitivos, que ahora deberán ser revisados por expertos internacionales (quienes podrán realizar visitas a las centrales nucleares o pedir datos adicionales si fuera necesario) antes de que la Comisión Europea publique su conclusión final en abril del próximo año, tras lo que Bruselas emitirá su evaluación final al cabo de otros dos meses.

Tras la catástrofe de la central japonesa de Fukushima del pasado mes de marzo, los líderes de los Veintisiete pidieron a la Comisión Europea que evaluara central por central los estándares de seguridad para concluir si los 140 reactores que hay en la Unión Europea, 8 de ellos en España, podían seguir operando sin riesgos.

Los exámenes incluyeron como supuestos desde catástrofes naturales como un terremoto hasta las consecuencias de un fallo humano o el impacto de un avión, pero dejaron fuera riesgos como un ataque terrorista, aunque desde Bruselas recalcaron que se decidió crear un grupo de trabajo paralelo para revisar los planes de emergencia respecto a casos de seguridad nacional.

El comisario de Energía, Günther Oettinger, recordó que cada Estado miembro es quien debe decidir si producir energía nuclear o no, pero «hay que garantizar que los ciudadanos no corren peligro y aplicar las normas de seguridad más estrictas».

Bruselas también se comprometió a revisar el marco legal que regula las operaciones de las nucleares, pero por el momento no llegó a ninguna conclusión sobre si debe ser o no modificado, ya que esperará a tener los resultados finales de las pruebas antes de dar un paso en este sentido.

Los catorce Estados miembros en los que hay centrales nucleares participaron de manera voluntaria en esta prueba de seguridad y se unieron países terceros como Ucrania y Suiza. Rusia también se mostró dispuesta a realizar pruebas de estrés en sus plantas y mantiene contactos con la Unión Europea en ese sentido, según explicaron fuentes comunitarias.

Greenpeace alerta de que el informe preliminar ignora los planes de emergencia

La organización ecologista Greenpeace avisó de que el informe preliminar de la Unión Europea sobre la resistencia de las nucleares se ignoran «totalmente» los planes de evacuación para los pueblos y ciudades cercanos a las plantas atómicas.

Asimismo, subrayó que en la mayor parte de los casos no se contempló el caso de un fallo múltiple en el reactor, que es lo que sucedió en Fukushima, o accidentes ocasionados por aviones de gran tamaño. Precisamente, apuntó que este documento será tenido en cuenta en la próxima reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea, el próximo 9 de diciembre de 2011.

«El temor que el desastre nuclear en Japón causó en Europa motivó el estudio de las debilidades de sus propias nucleares, aunque ahora parece que en estas pruebas hay grandes lagunas. Los planes de emergencia son una de ellas«, afirmó el asesor de política nuclear de Greenpeace en la Unión Europea, Jan Haverkamp.

Igualmente, destacó que las autoridades japonesas estaban «mal preparadas» para evacuar a alrededor de Fukushima y con ello, cree que Europa debe llevar a cabo un examen en profundidad de sus propios planes.

Según detalló, la Unión Europea cuenta con 19 plantas nucleares que tienen pueblos y ciudades de 100.000 o más habitantes a menos de 30 kilómetros. Greenpeace recordó en este sentido que, hasta el momento, la mayor parte de los reguladores, como por ejemplo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en España, no informó al público sobre los informes finales de los operadores, es decir, las compañías propietarias de las centrales. No obstante, recalcó que, el Grupo Europeo de Reguladores sobre Seguridad Nuclear (ENSRG), entidad que diseñó los test de estrés, les solicitó que esa información fuera pública.

La CE dará 500 millones de euros a tres países para desmantelar nucleares

Por otra parte, la Comisión Europea propuso entregar una ayuda total de 500 millones de euros a tres países de la Unión Europea, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia, para que desmantelen tres centrales nucleares, con el objetivo de eliminar las mayores fuentes de riesgo radioactivo en Europa.

«Es en interés de nuestros ciudadanos que estos reactores sean desmantelados de manera segura y definitiva que nunca más sean reiniciados», declaró Oettinger.

Según el comisario, esta ayuda supone «una clara expresión de la solidaridad de la Unión Europea, que puso la seguridad nuclear en su lista de prioridades».

Para recibir la cantidad prometida por la Comisión Europea, los tres países deberán antes crear un marco legal que permita acumular los fondos restantes para completar del todo el cierre de las centrales, aplicando la legislación comunitaria en materia de seguridad nuclear y residuos nucleares.

Con esta medida, el Ejecutivo comunitario quiere asegurarse que los gobiernos de los tres países podrán llevar a cabo sin problemas el proceso gradual de desmantelamiento y podrán hacer frente a las obligaciones financieras que se deriven.

Asimismo, deberán aportar planes detallados del proceso de cierre, que serán la base para controlar el buen avance del proceso y la correcta aplicación de los recursos aportados por la Comisión Europea.

Las centrales en cuestión son las de Kozloduy (Bulgaria) y que recibirá 185 millones de euros; la de Ignalina (Lituania), que contará con 210 millones de euros, y la de Bohunice (Eslovaquia), a la que se destinarán 105 millones de euros.