La retirada de Zapatero y el sector energético

Es de destacar que, con ser un momento catárquico en la vida política española, este anuncio estaba casi descontado, a falta de su confirmación o si se materializaba antes de las elecciones autonómicas o no. En este sentido, hay que señalar que el propio Zapatero había iniciado desde hace casi un año un camino de no retorno hacia posiciones mucho más ortodoxas desde el punto de vista económico, y también en el sector energético, cuyos grados de libertad se amplían con esta decisión.

Así, en esos términos, y desde ese momento, se empezó a abordar la resolución del problema del déficit tarifario y su titulización o emprender un rumbo más o menos decidido en la actualización de los precios de la electricidad, con independencia de que se creasen mecanismos compensatorios supletorios como el «bono social».

Hasta ese momento, hace más de un año, además tenía predicamento y acceso en Moncloa el colectivo de retroprogresivos del sector energético español: contrario al mercado, favorable a la intervención de precios, a mecanismos de determinación de precios discrecionales por costes reconocidos, dispuesto al abandono de las directrices que establecen las Directivas Europeas, negacionista del déficit tarifario y propenso a promover un modelo energético no empresarial. Dicha intervención, durante mucho tiempo, fue enormemente entorpecedora y nociva para la resolución de este grave problema, así como causante de su engrosamiento.

El hecho es que con la renovación del Ministerio de Economía, Elena Salgado adquirió consciencia de este grave problema y la interlocución de este colectivo se vio enormemente mermada. Consecuentemente, el anuncio del presidente, confirma una realidad que ya se estaba produciendo: la pérdida de influencia de este colectivo con un peso ideológico.

Un triple efecto se combina: por un lado, Zapatero ha ido cediendo y dejando las políticas económicas y energéticas a los departamentos correspondientes (una vez que se había producido también la salida de María Teresa Fernández de la Vega, renunciando a su omnipresencia). Por otro lado, los Ministerios de Industria y Economía más o menos en línea, con posiciones cercanas; y, finalmente, la incorporación de un nuevo Secretario de Estado de corte profesional y más sólido en lo financiero. Todos estos hechos han cortocircuitado los canales normales de acción, intervención y condicionamiento ideológico de la política energética que el colectivo retroprogresivo ejercía sobre el ejecutivo.

Y no hay mejor confirmación de la pérdida de poder de este colectivo, que advertir el hecho de que la confrontación se ha traslado al escenario de lo mediático a través de publicaciones, artículos y agitación de asociaciones de consumidores y colectivos tradicionalmente cercanos. Es el momento de caer en los brazos de la demagogia, argumentos sencillos y de trazo grueso, recuperando lenguajes y términos airados y trasnochados, que vienen apareciendo en los últimos días con bastante fruición. En suma, se han echado al monte.

Quedan dos aspectos más en los que es posible que se haga notar este anuncio del presidente. Por un lado, la política nuclear que, en nuestro país, se trata de un falso problema en todo caso, pues, salvo el asunto de Garoña, no hay proyectos de ampliar el parque nuclear español y los test de estrés a las centrales nucleares pueden arrojar un criterio técnico que disuelva el problema político.

Y por otro lado, encontramos el efecto colateral que se deriva de la presunta pugna por la sustitución de Zapatero y el cartel electoral, entre el Vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y la Ministra de Defensa, Carmen Chacón, representante del PSC y bien asesorada desde el punto de vista de comunicación política. En ese contexto, atentos a Ignasi Nieto, joven promesa del PSC, con indudable sentido político, ambición y apoyos en Catalunya. Un viejo conocido del sector energético español (en el que tampoco dejó buen recuerdo, todo hay que decirlo), que podría aspirar a sustituir a Montilla o a cubrir el hueco que Chacón se resiste a aceptar en Catalunya.