La reforma energética, que estará lista para julio, incluirá un ajuste «automático» de peajes y revisiones de retribución cada cinco años

Soria aseguró que actualmente se están «perfilando» algunos detalles concretos de la reforma energética, pero que ésta se encuentra «prácticamente acabada», aunque no concretó el día en el que el Gobierno la aprobará.

Lo que si dijo el ministro de Industria es que con ella se busca «un modelo equilibrado, sostenible, seguro y competitivo» para que los costes energéticos no sean una «restricción para la competitividad de la industria», dijo el ministro.

El ministro de Industria avanzó que la reforma se dividirá en un anteproyecto de ley que modificará varios aspectos de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, además de un real decreto-ley, varios reales decretos y una serie de órdenes ministeriales.

Justificó que no se hará en un texto refundido en una ley porque, «aunque sería intención y deseo, el sector está constituido por tal maraña de normas» aprobadas por los distintos Gobiernos que «cada cuestión tiene un aspecto regulatorio».

Todo este cuerpo normativo será aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de junio o, en su defecto, en alguno de los que se celebrará durante la primera quincena de julio, de tal manera que su tramitación parlamentaria tendrá lugar previsiblemente tras el verano.

Según anunció el ministro en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, «cualquier decisión que implique un aumento de costes del sistema eléctrico deberá ser acompañada de medidas de efecto equivalente en los ingresos».

Además, habrá una «regla de ajuste automático de peajes ante desviaciones de precios en los mercados de electricidad» y se establecerá «el principio de la revisión cada cinco años en función de la evolución del ciclo de la economía», anunció.

Estas medidas tiene como objetivo «introducir un principio de estabilidad financiera, como ya se ha hecho en las cuentas públicas», señaló el ministro, antes de detallar otras de las medidas que acompañarán a la reforma energética.

Entre ellas, aludió al «máximo aprovechamiento de los programas comunitarios que incluyan fondos para la eficiencia» y anunció programas de «renovación y modernización de instalaciones de renovables y estructuras asociadas».

También habrá «incentivos de eficiencia» en las actividades reguladas y se aprobará el real decreto del autoconsumo con balance neto, pero de forma que quien utilice las redes eléctricas deba pagar peajes eléctrico

El ministro intentará que la reforma energética garantice costes eléctricos «competitivos» para la industria nacional, y reconoció además que le «preocupa» el efecto sobre el sector financiero de posibles nuevos recortes a los productores de renovables, si bien la prioridad es atajar el déficit de tarifa.

«Me preocupa, pero sobre todo me preocupa que el déficit eléctrico siga aumentando», señaló. «El incremento en el sobrecoste amenaza la estabilidad del sistema eléctrico y, si sigue creciendo, amenaza también la del sistema financiero», añadió.

Lo que se busca es garantizar el «principio de estabilidad financiera» en el sistema eléctrico de manera similar a como se ha hecho con «las cuentas públicas», aseguró el ministro de Industria.

Soria aseguró que el desajuste en el sistema eléctrico ya «se ha encauzado» en 3.500 millones de euros como consecuencia de las medidas adoptadas desde 2012, pero advirtió de que todavía es necesario resolver un déficit de tarifa «estructural» de 4.000 millones de euros. A su juicio, «muy probablemente» si no se hubieran adoptado esas decisiones, en 2013 el déficit de tarifa rondaría los 10.000 millones de euros.

Los nuevos ajustes en los que trabaja el Gobierno no sólo perseguirán «un equilibrio entre las distintas tecnologías» y un reforzamiento de la «seguridad de suministro», sino también un modelo en el que «los costes energéticos no sean una restricción para la competitividad de la industria».

Según subrayó Soria, para esta reforma, como para anteriores medidas impulsadas por su departamento, se tuvo en cuenta «el interés general, que unas veces coincide con el interés privado y otras no». «Pero las opiniones del sector las hemos escuchado y estudiado, y algunas están incorporadas y otras no», dijo ante las acusaciones de que sólo se tienen en cuenta las necesidades de las grandes empresas eléctricas y no del resto de actores.

Durante su comparecencia, el ministro reiteró que la reforma recudirá los costes regulados del sistema eléctrico, que incluyen transporte, distribución, primas al régimen especial y financiación del déficit de tarifa.

Estos costes regulados, indicó, son un 40% superiores a la media europea y superan en más del doble los de países como Francia. El transporte y la distribución aumentaron un 44% en los últimos años, mientras que el gasto en primas sobre el PIB es «el más elevado de todos los países industrializados», hasta el punto de que «España es el país con más apoyo financiero» a las renovables y la cogeneración.

Respecto a los peajes, Soria recordó que éstos son un parte del precio que se paga en la factura de la luz cada mes por el conjunto de las actividades reguladas, pero que no tienen que ver con la generación.

«Los peajes tendremos que esperar a conocer cuál es el resultado final de la reforma para ver cómo evolucionarán de cara a la revisión tarifaria de julio, pero de momento no puedo adelantar nada más», indicó.

Los peajes tienen un peso cercano al 50% en la tarifa de la luz, mientras que la otra mitad depende de las subastas eléctricas. Los mercados eléctricos arrojan precios un 6% superiores para el tercer trimestre del año, con lo que, si el Gobierno mantiene los peajes, la luz podría subir un 3% en julio, según indicaron fuentes del mercado.

El ministro también consideró que en España existe un problema de «exceso de potencia instalada» en el sistema eléctrico, de 106.000 MW para hacer frente a una demanda punta de 40.000 MW, fruto de las distintas actuaciones de anteriores Gobiernos que se adoptaron «con la mejor intención» para ampliar la capacidad y reducir el aislamiento energético y que «han resultado en un desequilibrio del sector».

Además, aludió al «problema» de las interconexiones internacionales, que deberían haber alcanzado un porcentaje del 10% en 2012, cuando en la actualidad apenas ronda el 4%, y se mostró partidario de adoptar medidas para reducir la dependencia energética, lo que pasa en el ámbito de los hidrocarburos por la exploración de recursos.

En cuanto al sector del carbón, sostuvo que el Gobierno «no ha sido pasivo en esta materia», a pesar de tener que cumplir la decisión de la Unión Europea, «pero con un matiz» que es intentar la continuidad de las minas competitivas a partir de 20109 sin necesidad de devolver las ayudas.

Asimismo, reiteró que el Gobierno, siempre que se respeten las medidas ambientales y de seguridad, es «partidario de que se autoricen prospecciones» de petróleo y gas.

Industria ultima una reforma para el sector eléctrico para intentar atajar la generación del déficit de tarifa, un desfase acumulado al ser los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes y que ya supera los 28.000 millones de euros.