La realidad de unos órganos dependientes, en precario y provisionales

La actualidad del proyecto de ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética con su importante efecto sobre el sector eléctrico, el mercado de generación, la competitividad de las empresas españolas y los costes del suministro de la electricidad, las primas a las renovables y su ubicación en la tarifa o en los Presupuestos Generales del Estado, ha llevado a un segundo lugar el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de Competencia y Mercados cuyo resultado es la pulverización del sistema de reguladores independientes españoles, tal y como se conocía anteriormente.

Si repasamos la situación de partida, el Gobierno decidió en su momento efectuar un «cafarnaúm» en los órganos reguladores independientes sectoriales y de competencia, sintetizándolos en uno solo bajo la excusa del ahorro de costes (cifrado exclusivamente en la reducción de altos cargos). El fuerte deterioro de estos órganos, por su propia mala cabeza y la de sus integrantes en el pasado reciente, la proliferación de nuevos órganos de estas características en la última etapa de Rodríguez Zapatero y el sectarismo empleado en su renovación le habían puesto la cruz a estos órganos tal y como se entendían hasta ese momento.

El proyecto se basa en uno de esos encargos que se realizan a terceros, tiene como señalamiento principal un informe de PWC comisionado por Telefónica, con el nombre de Alberto Nadal en el trasfondo. En definitiva, la precaptura del nuevo regulador futuro que, retóricamente, se emplea a «sensu» contrario en la exposición de motivos de este proyecto de ley.

Por su parte, la Comisión Europea ha comunicado al Gobierno español su disconformidad con el proyecto (memorándums por delante y desconfianza en la clase política española, además de suspicacia con las formas que se gasta el propio director de la Oficina Económica del Presidente). Así la Comisión Europea afirma a tal efecto que «el actual proyecto de ley que crea la CNMC no garantiza que esta Comisión realizará su actividad reguladora de forma eficaz e independiente».

Especialmente delicado es el hecho de que determinadas decisiones que hasta ahora tomaban los órganos independientes, como es la autorización de determinadas operaciones (las controvertidas función 14 y función 16 en el sector energético) volvieran a los ministerios (en este caso al Ministerio de Industria) invocando un «nacionalismo» españolista en lo económico extraordinariamente sospechoso. En definitiva, el proyecto aprovecha para acentuar los elementos más intervencionistas que existen en los gobiernos conservadores de carácter no liberal, posibilitando el ánimo volitivo de someter la economía y los mercados a la política. Tan grave como la supuesta captura del regulador por las empresas o los agentes económicos, es la captura del regulador independiente por la política o el Gobierno.

Por ello, el actual Gobierno del Partido Popular, en lugar de revisar y resolver los problemas existentes en los órganos españoles, configurando un conjunto de órganos sectoriales reducido pero razonable, que sean independientes, profesionales, de calidad y de prestigio, que logre recuperar a nivel internacional un necesario avance en la percepción de la calidad institucional de nuestro gobierno económico, ha optado por una situación de intervención política severa. Grave inquietud, fuerte preocupación entre los expertos internacionales y en el mundo económico por el bajonazo y la involución que supone esta Ley. Lean todo lo que publica, y de forma documentada y comparada a nivel internacional, el blog «Nada es Gratis» de FEDEA.

Con las cajas preparadas

Pero es más: siendo el proyecto de ley tan solo un proyecto de ley, ya se están dando pasos «sotto voce» para articular de facto los cambios internos en los organismos y en su estructura, que establece la futura norma legal. Desde el desmantelamiento de parte de los servicios de la CMT en Barcelona, hasta en el órgano regulador que principalmente concierne al sector energético, que es la Comisión Nacional de Energía (CNE), que vive el seccionamiento del área de liquidaciones (y de lo que era la antigua Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica, más conocida como «Ofico») cuyo destino legal es desembocar en el Jordán de los servicios de la Secretaría de Estado de Energía, sita en el Ministerio de Industria.