La planta termosolar de 50 MW proyectada en Alcázar de San Juan no será construída finalmente

Según informó uno de los agricultores afectados, la empresa Termosolar Alcázar justificó esta decisión en que «los continuos cambios legislativos por parte de la Administración Central en materia de energía eléctrica ha generado desconfianza entre las entidades bancarias que iban a financiar el proyecto», cuya ejecución superaba los 500 millones de euros.

Este fue el argumento esgrimido por Termosolar Alcázar, una empresa participada al 50% por la firma española Preneal, dedicada al desarrollo de proyectos de energías renovables, y SolarReserve, compañía norteamericana dedicada al desarrollo de proyectos de energía solar de gran escala.

La decisión les fue comunicada personalmente por uno de los ingenieros de Preneal el pasado 11 de noviembre, en el transcurso de una reunión que se celebró en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y en la que se les dijo que «era materialmente imposible continuar con el proyecto», aunque no descartaba, si la situación cambiaba «volver a retomarlo».

Con este proyecto se pretendía generar suficiente energía limpia y fiable para abastecer a 70.000 hogares de la región mediante la tecnología de SolarReserve de concentración solar, un sistema integrado de almacenamiento con sales fundidas que aporta flexibilidad para suministrar electricidad según se requiera.

Para ejecutar el proyecto, la empresa firmó unos contratos de opción a compra de algo más de 700 hectáreas de terreno (casi todo viñedo) a una treintena de agricultores de Alcázar de San Juan y de otros pueblos de la comarca que se fueron renovando periódicamente.

El último contrato, de seis meses, terminó a finales de octubre, aunque con anterioridad la sociedad y los agricultores ya firmaron otros dos por un periodo de dos años cada uno de ellos.

De esta manera, Termosolar Alcázar podía disponer de los terrenos en el momento en el que se iniciaran las obras, señalaron las fuentes consultadas, que agregaron que los agricultores recibieron el 10% del importe total del primer contrato.

Durante estos cuatro años y medio los agricultores pudieron seguir trabajando en sus explotaciones, pero algunos de ellos tuvieron que renunciar a las subvenciones aprobadas para reestructurar sus viñedos porque «en cualquier momento podían entrar las máquinas para levantar los cultivos».