La patronal de energías renovables andaluza recurre ante el Tribunal Supremo la reforma energética

Según señaló Aprean, la asociación emprende esta acción judicial contra las medidas adoptadas por el Gobierno central al entender que ambas disposiciones de carácter general y con evidente conexión directa entre sí son «contrarias a Derecho y gravemente lesivas para los legítimos derechos e intereses colectivos de las empresas de renovables andaluzas que Aprean defiende como asociación sectorial».

La patronal de las renovables en Andalucía fundamenta el recurso interpuesto en la retroactividad de las medidas puestas en marcha por la Administración que, además de estar fuera de Derecho, han creado, a su juicio, «inseguridad jurídica, han dañado las inversiones existentes y han encarecido la financiación de los proyectos mediante la imposición de duros recortes retroactivos sobre las tarifas que el propio Gobierno aprobó».

Igualmente, Aprean consideró que el concepto de rentabilidad razonable, recogido en la Orden de parámetros retributivos respecto a las instalaciones con derecho a régimen económico primado, «dista mucho de ser real pues realmente se ha producido una pérdida de lo que razonablemente es rentable; valor que ya venía marcado por el marco retributivo hasta entonces existente en España y que ahora lo fija el Gobierno español muy por debajo de las cifras que determina la Unión Europea».

Por otra parte, la asociación basó también el recurso ante el Supremo en las «injerencias competidas por el Gobierno central en las legítimas competencias de las comunidades autónomas y en concreto en las propias de la Junta de Andalucía».

Así, lamentó que se tenga que recurrir a los tribunales de justicia para defender a todo un sector económico de «unas medidas contrarias a Derecho y que, tan sólo en Andalucía, han provocado la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo y de más de 400 millones de euros de inversión».

El pasado 6 de junio el Ejecutivo aprobó un real decreto en el que fijó el nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos, el denominado régimen especial, que supone un recorte de unos 1.700 millones de euros para este año respecto al dinero que cobraban hasta entonces.