Escribe Pedro Luis Marín Uribe en El Economista una tribuna titulada «La paradoja de financiar las renovables con el presupuesto«. El exsecretario de Estado de Energía (por cierto, el que experimentó el ascenso gracias a la pericia de Miguel Sebastián de secretario general a secretario de Estado) trata de argumentar que las primas a las tecnologías renovables no se financien desde los Presupuestos Generales del Estado, sino desde la tarifa.

En todo caso, Marín, en la construcción de sus tesis, parte de una idea mítica, de un prejuicio que empieza a estar abrasado por la realidad económica y energética española por su propio aprovechamiento fatigoso hasta la extenuación. Y, esta idea, este prejuicio, es que el apoyo económico a las renovables, a toda costa y a cualquier precio, es un hecho moral. Este argumento repetido supone abundar en ese trasfondo beatífico de que las renovables son buenas porque sí, sin matizaciones.

El esquema argumental de lo que dice Pedro Marín en su artículo, simplificado y en términos comprensibles, es el siguiente: las tecnologías «tradicionales» incorporan en su actividad costes que, a su juicio, no internalizan trasladando estos costes a la sociedad (supuestamente los derivados de su carácter «contaminante»). Según su opinión, las tecnologías renovables nos salvan de ello, compensan esto y, por eso, las subvenciones a las mismas son necesarias, «para igualar a la baja» las renovables con las tecnologías fósiles. Además, según Marín, el tratamiento diferenciado, cuantificado, transparente y separado en el presupuesto, supone trasladar un mensaje a la sociedad de que son «un coste». Algo que se agudiza en un momento en que el Presupuesto está sometido a una vigilancia estrecha por sus componentes.

Ahora hagamos el subtexto con las omisiones y sobreentendidos de Marín en su simplificación. Entre las tecnologías tradicionales hay algunas que producen emisiones contaminantes y otras no (por ejemplo, las tecnologías hidráulica o nuclear). De entre las que producen emisiones, unas producen más y otras menos. Y además, todas ellas están sometidas a determinados criterios y normativas medioambientales, a controles, a exigencias en materia de inversiones para la reducción de emisiones, así como al mercado de emisiones que obliga a internalizar estos costes.

En lo que se refiere a las subvenciones a estas tecnologías, a su juicio, como decíamos, estas son buenas «per sé». Supuestamente, éstas deberían haber sido dirigidas hacia el cumplimento de unos objetivos medioambientales aprobados como país, de forma que se consiguieran los mismos con el mix de tecnologías y el coste de los apoyos económicos más eficiente para su consecución, y con una gestión diligente, eficaz y eficiente. El nivel de apoyo debería estar ajustado a garantizar rentabilidades razonables a tecnologías maduras, distinguiendo aquellas que no deberían haber pasado de la investigación o de los proyectos piloto, sin generar masivamente. La idea nunca debió ser, en todo caso, por el imperativo categórico buenista, suscribir un cheque en blanco.

Por tanto, partiendo de una justificación maximalista, procedente de la Arcadia económica y energética, el resultado es que las subvenciones a estas tecnologías, con desmadre o sin desmadre, con observancia o inobservancia de sus rentabilidades, están siempre justificadas. Que su alimentación, crecimiento y dimensiones sean misteriosos, incontrolables y oscuros, o que sean definidos por sus supuestos responsables, de forma providencialista, es positivo para toda la cadena de la plusvalía. Y, además, encima operan con el «comodín» de no contar con el necesario equilibrio entre coste del suministro y tarifa, que es la salvaguarda con la que han estado actuando las sucesivas administraciones en los últimos años hasta llegar a los 24.000 millones de déficit acumulado, a más de 8.000 millones de primas anuales, con un crecimiento interanual del 25%, todavía en estos mismos momentos, en el que el grado de encaje de estas tecnologías ya es altísimo.

Pero es más, hay que preguntar a Marín como exresponsable de la energía, de forma precisa, algunas cuestiones derivadas de su período de contribución a la formación del formidable déficit tarifario y de cómo se cebó la bomba de las tecnologías más caras en su apoyo a ciertas renovables. ¿Cómo valora el exsecretario de Estado de Energía el hecho de que no se trasladen a los consumidores los precios reales de la energía, con señales de precio realistas? ¿Cuál es su opinión, tras haber ejercido esta práctica durante su etapa, en lo que se refiere a si la misma incentiva o no el consumo energético y la ineficiencia? ¿Es sostenible un ritmo del crecimiento anual en el coste del suministro (o en el presupuesto o en la tarifa) del 25 % en primas? ¿El incumplimiento masivo y generalizado de los planes de energías renovables en las tecnologías más caras está incluido en la licencia para matar? ¿Quién paga todo esto? ¿Va en serio la insinuación de transferencia de rentas de forma ilimitada entre tecnologías por motivos supuestos de «coste de contaminación no internalizados»?

Por mucho que Pedro Marín aspirase en el pasado a ser el responsable de energías renovables de la Agencia Internacional de las Energía Renovable (IRENA) en Dubai y que ahora razonablemente preste servicios a la consultora de «The Brattle Group» en esta materia, no puede caer en el adanismo y en la simplificación, porque su responsabilidad pasada le significa. Por mucho que actúe con la fiebre de un converso, Marín ha sido responsable energético de España y copartícipe en la responsabilidad financiera y tarifaria que nos atañe. Por tanto, tiene responsabilidades pasadas sobre los problemas energéticos de nuestro país, no sólo relativas al ejercicio de las demandas o intereses de un sector.

Un exresponsable de energía, en estos momentos y con este currículo a sus espaldas, debe tener consciencia de la gravedad de la situación. Por tanto, no puede escamotear por intereses concretos sectoriales el problema grave del déficit tarifario con su impacto financiero en el sector y en la economía de nuestro país. Sería, por tanto, exigible que proporcionara un entendimiento del sector y del suministro eléctrico como un todo y no como meramente un «rent seeking» que busca una legitimación moral como coartada para reclamar un laxo modelo de retribución a unas tecnologías.

Por eso, quizá el mayor problema y paradoja del artículo sea esta: que Marín, aunque firma el artículo como exsecretario de Estado de Energía, no ejerza de ello ni quiera reconoce lo que ello significa, lo que implica y sus consecuencias.