La Oficina de Defensa del Consumidor de Productos Energéticos velará por la protección de los usuarios

Así lo regula un real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, en el que se explica que la nueva oficina también informará al Gobierno sobre las quejas presentadas por los consumidores y, en su caso, propondrá medidas para evitar estas situaciones.

La Oficina también contribuirá a mejorar la calidad del servicio que prestan las empresas y redundará en una mayor competencia en el sector energético.

Su formato y contenidos están inspirados en la británica Energywatch, que desde hace tiempo representa los intereses de los consumidores británicos de gas y de electricidad «con notables resultados«, explica en una nota el Ministerio de Industria.

La entidad comenzará a funcionar antes de julio próximo, fecha en la que está previsto que entren en vigor las tarifas eléctricas de último recurso que sustituirán a las actuales tarifas integrales y supondrán «la profundización en el proceso de liberalización«.

La transición desde un modelo regulado a otro liberalizado, impuesto por la normativa comunitaria y española, hace necesaria la creación de un órgano público de información, atención y arbitraje que actúe con eficacia desde el comienzo del nuevo marco normativo, añade la nota.

La Oficina de Defensa del Consumidor de Productos Energéticos dependerá de la Comisión Nacional de Energía y no supondrá un coste presupuestario adicional.

Junto con la ya creada Oficina de Cambio de Suministrador, cuya función es supervisar y agilizar los posibles cambios de suministrador, ofrecerán una completa estructura de servicios de defensa de los intereses y de los derechos de los consumidores con vistas a la liberalización de los mercados energéticos.