La OCU critica que se obligue a los propietarios a pagar por obtener el certificado energético de sus casas

La OCU calificó de «nuevas cargas» para los particulares, de «excusa para sacar dinero» y de «férreo control» a los arrendamientos de verano las nuevas normas dictadas bajo la etiqueta de «protección al consumidor».

Según la normativa aprobada por el Gobierno y que será exigible a partir del próximo 1 de junio a los propietarios que vendan o pongan en alquiler un inmueble, los propietarios de inmuebles de construcción posterior a 2007 deberán desembolsar unos 250 euros por un piso medio.

Ese dinero irá a parar a los profesionales encargados de expedir el certificado y a la tasa por registro del documento, según la OCU, que señaló que «la justificación» que se utiliza es que la exigencia viene de Bruselas y que tiene el fin de mejorar la eficiencia energética de los edificios.

En los últimos doce meses se vendieron 166.000 viviendas de segunda mano en España que equivaldrían a un coste para los propietarios de más de 41 millones de euros por el nuevo certificado, según estimó la OCU.

Además, esta asociación criticó que se vaya a obligar a los propietarios que alquilan pisos en vacaciones a someterse al control de su comunidad autónoma y ayuntamiento bajo la amenaza de sanciones y con la excusa, según la OCU, de que estos arrendadores hacen una competencia desleal al sector hotelero o de que rebajan la calidad de la oferta turística.