La OCDE solicita a España que el regulador aplique modelos de costes transparentes en el sistema eléctrico

Así lo señaló la institución en su informe bienal sobre la economía española, en el que consideró que el regulador debería aplicar modelos de costes «transparentes» en la fijación de los precios regulados en el sistema eléctrico, tales como los que deben abonarse por utilizar la red.

En este sentido, señaló que deben «controlarse y evaluarse con regularidad» la normativa y los mecanismos de compensación a fin de ajustarlos a las condiciones del mercado y a la situación económica.

La organización internacional achacó a las «previsiones incorrectas» de la demanda y a la «elevada» inversión en energías renovables, que «recibían el apoyo más elevado en toda Europa», el aumento de los costes desde mediados de la pasada década en el déficit de tarifa eléctrico, que dio lugar a «pasivos significativos».

Por ello, para que la reforma eléctrica resulte «efectiva», la norma «cero gastos nuevos sin un aumento equivalente de los ingresos» debe respetarse «escrupulosamente», señaló la OCDE, que abogó por políticas en el ámbito eléctrico diseñada «cuidadosamente» para aumentar «al máximo» su efectividad y reducir «al mínimos» los costes, incluidos los fiscales.

De esta forma, apostó por la utilización de instrumentos basados en el mercado como herramientas principales para estas políticas, si bien «la regulación y las políticas de otra índole también tienen un papel que desempeñar».

A su juicio, el Gobierno debe seguir fomentando la entrada de nuevas empresas dotadas de tecnologías «más respetuosas» con el medio ambiente, optimizando la utilización de la tributación, las subvenciones y demás instrumentos para asegurarse de que los precios del mercado reflejen «más fielmente» los costes y beneficios medioambientales de las diferentes actividades.

NORMAS «MÁS ESTRICTAS»

«La aplicación de normas de regulación más estrictas también puede desempeñar un papel destacado», añadió la OCDE, que apostó porque las políticas sean concebidas para atraer inversión privada ofreciendo unos marcos «estables» de políticas nacionales para la inversión en actividades con bajas emisiones de carbono.

En su opinión, las tarifas reguladas de las primas pueden ser una forma «costosa» de reducir las emisiones en comparación con el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

De hecho, señaló que el coste de estas tarifas y otros costes regulados no se repercutió íntegramente a los consumidores «lo cual aminoró el impacto de los incentivos y se tradujo en un aumento significativo de la deuda contraída con los productores a cuenta del déficit de tarifa».

Los últimos cambios respecto a estas tarifas buscan «velar por la sostenibilidad del sistema», si bien «han desencadenado diversos litigios con inversores en proyectos de energías renovables».

Por ello, la OCDE apuntó que establecer incentivos «predecibles» es «fundamental» para atraer inversores a las energías renovables, y advirtió de que España podría tener que introducir más medidas a fin de alcanzar sus objetivos en materia de energías renovables.

Los costes de tales medidas «deberían repercutirse íntegramente a los consumidores» y reducirse al mínimo los costes fiscales, al tiempo que el sistema debe asumir un coste adicional para encajar la mayor penetración de estas energías. En cualquier caso, la OCDE consideró que España va camino de cumplir su meta utilizando los mecanismos flexibles previstos en el protocolo de Kioto.